La historia del primer detenido de la Acampadasol del 15M

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15 de mayo de 2011. Tras una multitudinaria manifestación, un grupo de unas 30 personas deciden pasar la noche en la Puerta del Sol y lanzar por las redes un comunicado explicando sus motivos: “Queremos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos”.

El 16 de mayo Sol amanece y van acudiendo cada vez más personas a la plaza. Tras la asamblea de la tarde, más de 200 personas se reunieron para constituir las primeras comisiones de lo que en ese momento se empezó a conocer como la AcampadaSol. Una de ellas era la Comisión Legal Sol.

Juan N. también se encontraba en la Plaza esa noche. Llegada la madrugada, la gente se fue acostando en la plaza, entre cartones y sacos. Sobre las 5 de la mañana, varios efectivos de la 1ª Unidad de Intervención Policial se personaron en la plaza para desalojar a los concentrados. Éstos, por su parte, se juntaron en una sentada, y fueron siendo desalojados, no sin ofrecer una resistencia pasiva entre cánticos de “no a la violencia”. Las imágenes del desalojo se hicieron rápidamente virales y provocaron que el día 17 de mayo se “retomara” la plaza, ya no por cientos, sino por miles de personas.

Juan N. fue el último al que desalojaron esa madrugada. Se puede afirmar que ése fue su “delito”. Fue detenido y llevado a comisaría, donde al ser requerido para que designara abogada/o dio el nombre del abogado de la Comisión Legal que estaba de guardia. “¿Tienes su número móvil?” -Le preguntaron. “¿Cómo le vamos a localizar si no nos das su número móvil?” “Si no tienes su móvil y no conoces a otro tendrás que designar a uno de oficio”. Ante esta situación, Juan N. plasmó su firma solicitando un abogado de oficio, sin que quedara constancia escrita de la designación inicial.

En los últimos 5 años las personas detenidas nos han referido en varias ocasiones prácticas como ésta a la hora de designar a un/a abogado/o de confianza.

A Juan N. le pusieron en libertad sin pasarlo a disposición judicial. Al llegar el atestado al Juzgado, en el que se le acusaba de resistirse y dar patadas, la Jueza consideró que, como mucho, existían indicios de una falta (ahora delito leve) de desobediencia. Era un caso sencillo, sólo quedaba señalar fecha para Juicio de Faltas, en el que, como máxima pena, se enfrentaría a una multa.

En los últimos 5 años han sido reiteradas las veces que detenciones con acusaciones por delitos penados con hasta 3 o más años son consideradas como faltas por los Jueces y en su mayoría han acabado con absoluciones. Es lo que se ha denunciado como “detenciones de castigo”. No olvidemos que la ley prohíbe expresamente detener a una persona por cometer una falta.

Pero Juan N. tuvo el atrevimiento de denunciar. Denunció que habían mentido en el atestado y que le habían impedido ejercer su derecho de asistencia letrada. Y esa denuncia le ha supuesto casi 5 años de vivir bajo la amenaza de una pena de prisión.

Al llegar la denuncia al Juzgado se acordó admitirla por existir indicios de delito, pero eso sí, entonces su actuación también pasó de ser considerada indiciariamente como una falta, a un delito.

Juan N. tuvo que pasar entonces por distintas declaraciones, visionados de vídeos, testificales… que acabaron con dos solicitudes encima de la mesa del Juzgado. Una, para que se juzgara a los policías por delitos, entre otros, de falsificación de documento público (el atestado) y otra, para que se mandara únicamente a Juan N. a juicio por un delito de atentado penado con hasta 3 años de prisión.

Llegados a este punto la Justicia adoptó una de sus más injustas manifestaciones: no hacer nada. Ambos escritos durmieron el sueño de los justos en un armario de Plaza Castilla durante nada menos que 4 años.

En estos 5 años, son innumerables las personas que como Juan N. se ven obligadas a vivir durante años esperando a que la Justicia les dé una respuesta. Esta situación es especialmente grave cuando se denuncian malos tratos en comisaría, como los detenidos de Rodea el Congreso del 25S, que siguen esperando alguna respuesta a su denuncia de malos tratos en comisaría, o las personas detenidas en el 1er aniversario 1215M, que denunciaron cómo se abofeteó a una detenida en Moratalaz en presencia del resto.

Hace apenas 3 meses el Juzgado (con una Jueza distinta) decidió resolver. Sobreseyó con respecto a los Policías y mandó a Juan N. a juicio, dándole traslado al Fiscal para que acusara formalmente.

Sin embargo, el Fiscal finalmente decidió no acusarle. Se dio cuenta de que, cuando llegó el atestado, inicialmente se consideró como una falta, y no veía nada que hubiera cambiado esa apreciación final, por lo que solicitó que el procedimiento se transformara en un Juicio de Faltas. El Juzgado, que está sujeto al principio de acusación, se vio obligado a hacerlo.

Tras 5 años, 4 de ellos con la causa totalmente paralizada, la presunta falta de la que le acusaban a Juan está más que prescrita. Tras 5 años, Juan N. ha recibido un Auto en el que se acuerda el archivo de su causa. Tras 5 años, Juan N. puede hacer planes en su vida sin miedo a que una condena de 3 años de prisión los condicione.

Hay quien puede pensar que si Juan N. no hubiera denunciado, nada de esto le habría pasado.

Ésta es la historia del primer detenido de la Acampadasol del 15M, pero simboliza la historia de muchas otras personas que han sido detenidas estos 5 años por ejercer su derecho legítimo a protestar y cuyo final aún no está escrito.

En estos 5 años, desde la Comisión Legal hemos sido testigos privilegiados de cómo el aparato represor del Estado ha caído sobre un movimiento que, con sus legítimas demandas y con medios pacíficos, ha conseguido alterar el tablero político de España y, mucho más importante, la conciencia de muchas personas. También hemos sido testigos de cómo la solidaridad siempre ha estado por encima de su represión.

Por ello, queremos dar las gracias a Juan Nadie y a todas las Nadies que estos años han decidido poner su cuerpo para lograr “una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos”.

Nosotras, en este 5º aniversario, sólo podemos reafirmarnos en nuestro compromiso con ellas.

Porque sólo la lucha hace Justicia

Comisión Legal Sol 

PESE A SUS TRABAS LA JUSTICIA SE ABRE PASO: abierto juicio oral contra un funcionario de policía

Se abre juicio oral contra un funcionario de policía por presuntas agresiones a un manifestante el 14 de diciembre de 2013 en  #FueraMordazas.

El 14 de diciembre de 2013 se celebró una manifestación contra la Ley Mordaza en Madrid  en la que participaron más de dos mil personas. En el transcurso de la misma, un funcionario de policía de la U.I.P. (antidisturbios) agredió a J.M.F.V. golpeándolo repetidamente con su defensa, produciéndole una grave lesión en la mano de la que tuvo que ser operado, dejándole secuelas de por vida.

Habitualmente, cuando este tipo de hecho sucede en manifestaciones donde hay grandes aglomeraciones y mucha confusión, suele ser imposible identificar al agresor debido a la presencia de un gran número de funcionarios, su ilegal costumbre de no ir identificados, y también, por qué no decirlo, por la falta de colaboración de las propias FCSE en la identificación del agente en concreto que se extralimitó en sus funciones. A estas dificultades se le suele añadir la falta de interés en general de la fiscalía y los jueces en investigar este tipo de sucesos.

Sin embargo en este caso, y gracias a la encomiable labor de los periodistas que cubren este tipo de acontecimientos y a su material audiovisual, se ha podido identificar, presuntamente, al autor de estos graves hechos. Después de más de dos años, se abre juicio oral contra el funcionario de policía que parece ser el autor, no sin innumerables dificultades procesales.

La identificación pudo hacerse en parte por el N.O.P., el número de operativo policial que llevan en la espalda los antidisturbios en el curso de sus intervenciones, y que, aunque no es el número profesional del funcionario (personal e intransferible), la Dirección General de la Policía sí dispone de la información relativa a qué agente porta en cada intervención cada N.O.P. Gracias a ello se ha podido evitar el habitual archivo por no poder identificar al agresor que suele ser tan  normal en estos casos.

Creemos que es importante valorar el esfuerzo realizado por la ciudadanía y por distantas organizaciones y colectivos en exigir que los funcionarios de policía porten visible su identificación, esfuerzo realizado a través de denuncias  y quejas , y que provocaron la implantación de los chalecos con el N.O.P. para los funcionarios de la U.I.P.

Por otro lado, llama la atención el contraste de obstaculos que nos encontramos en procedimientos como este con respecto a la causa abierta en otro Juzgado contra varios manifestantes detenidos ese mismo día. Sorprende en especial la actuación del Ministerio Fiscal, quien sin acudir a ninguna diligencia y otorgándole una presunción de veracidad a todo lo manifestado por los antidisturbios solicita penas de hasta 6 años contra las/os manifestantes detenidos ese mismo día. En este caso, a pesar de las imágenes que recogen lo realmente acontecido, solicitó el archivo de las actuaciones con respecto del funcionario de policía al que ahora se le abre juicio oral, dejando clara la doble vara de medir en sus intervenciones.

“Solo la lucha hace justicia”

 

CONDENAN A PATRI A 6 MESES DE MULTA POR UN DELITO DE LESIONES Y OTRO DE RESISTENCIA

El pasado 10 de marzo se celebró el juicio contra Patri T, quien participó en una sentada pacífica en 2011 para tratar de parar un desahucio en el barrio de Manoteras perteneciente al distrito de Hortaleza de Madrid. Se enfrentaba a una petición de 3 años de prisión y 8.900.-€ de indemnización por un delito de lesiones y otro de atentado contra agente de la autoridad.

La acusación se basaba en las manifestaciones de los funcionarios de policía que sostenían que al ser levantada Patricia dio dos patadas a un agente haciéndole caer al suelo motivo por el cual este se fracturó el codo. Patricia siempre ha reconocido que participó en la sentada, pero en todo momento ha negado los hechos que se le imputan y que ningún funcionario se cayera al suelo. De hecho, y a pesar del gran número de medios de comunicación nacionales e internacionales presentes el día del desahucio ninguno tiene constancia ni existen imágenes de que se produjera caída alguna, mucho menos de algún tipo de agresión a los agentes actuantes.

Pues bien, en la sentencia que se acaba de dictar, Patri ha sido condenada por el delito de lesiones a 3 meses y 1 día de multa por un lado, y por un delito de resistencia (que no de atentado contra agente de la autoridad como pedían el Fiscal y la acusación) a 3 meses y 1 día de multa. La indemnización al agente denunciante se ha reducido hasta los 5.721-€.

En el juicio se denegó a la defensa la posibilidad de reproducir un vídeo que obraba en la causa, y en el que se puede ver como el agente siguió actuando con total normalidad tras el desalojo de Patri, lo que contradice lo declarado por él mismo, quien siempre ha afirmado que tras la patada sufrió un fuerte dolor y que no pudo volver a actuar. Incluso tras el visionado del vídeo que sí se realizó en Instrucción, el propio Policía se reconoció en las imágenes.

Asimismo, la sentencia dota de mayor credibilidad a los testigos de la acusación (todos agentes del cuerpo de Policía Municipal de Madrid) que a los de la defensa, a pesar de que uno de los testigos por esta aportados y que se encontraba junto a Patri declaró que en ningún momento vió caer a ninguno de los agentes, y otra testigo, pareja del anterior y que por lo tanto estaba pendiente de lo que ocurría en esa zona, vio en todo momento a los funcionarios de policía de espaldas sin que ninguno se cayera de espaldas al suelo.

Por último, la sentencia recoge algo que se ha venido denunciando a lo largo de estos cuatro años de espera y que, lamentablemente, es habitual en este tipo de casos: una dilaciones indebidas de un año y 11 meses que, más allá de lo estrictamente jurídico, suponen para los acusados un pena añadida.

Con todo, nos alegramos que con esta Sentencia se haya acabado la amenaza que pesaba sobre Patri de ingresar en prisión pero también creemos que es una Sentencia injusta, que condena a una persona inocente a la que no se le ha permitido utilizar todos los medios de prueba que tenía a su disposición y cuya presunción de inocencia se ha visto enervada por la mera declaración de los funcionarios de policía.

Es por ello que recurriremos la Sentencia y agotaremos todas las opciones a nuestro alcance para conseguir el único resultado que consideramos justo: la total absolución de Patri con respecto a la agresión por la que se le condena.

Sentencia Patri

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

EL 10 DE MARZO JUZGARÁN A PATRICIA, DETENIDA TRAS UN DESAHUCIO EN 2011. ¡INFÓRMATE Y AYÚDANOS A DEFENDER EL DERECHO A LA PROTESTA!

Han pasado cuatro años y tres meses: el 18 de noviembre de 2011 tuvo lugar el desahucio de Azucena y de su familia, entre ellos varios menores, de su domicilio en Manoteras. La propietaria del piso es la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS).
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Patri, una vecina de Hortaleza, acudió a la llamada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de la Asamblea Popular del 15M Nudo de Manoteras, para tratar de aplazar el desahucio a través de una sentada pacífica en el portal, con el único recurso de interponer su cuerpo y ejercer con el mismo una resistencia pasiva.  
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No lo consiguieron. Poco a poco, el recién disuelto cuerpo de antidisturbios de la Policía Municipal fue sacando a las casi 100 personas que se encontraban sentadas delante de la puerta del edificio, entre ellas a Patri, ante la mirada de reporteros que pudieron grabar los hechos a escasos 2 metros.  
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Nueve horas más tarde, ya en su casa, Patri escuchó cómo llamaban a su puerta. No podía imaginar que quien la visitaba era una pareja de Policías Nacionales que la “invitaron” a acompañarles a comisaría, para una vez ahí comunicarle que estaba detenida por un delito de atentado contra la autoridad. Ni siquiera pudo coger los bolígrafos de insulina de su casa, los cuales necesita para tratar su diabetes tipo I (insulino-dependiente, que le obliga a suministrarse varias dosis diarias de esta sustancia, bajo riesgo de sufrir un coma diabético en caso de no hacerlo).  
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Cuatro años y 3 meses después, Patri se enfrenta a una petición de 3 años de prisión y 8.900.-€ en concepto de responsabilidad civil. Uno de los funcionarios de la Policía Municipal le acusa de haberle propinado dos patadas cuando la estaba levantando, lo que según su versión provocó su caída y una fractura del coronoides. Ningún testigo, aparte de los Policías Municipales, recuerda que se cayera agente alguno durante el desalojo. Ninguna de las grabaciones del desahucio recoge esa supuesta caída. Nadie hasta el día de hoy ha dado una explicación convincente de por qué no la detuvieron en ese mismo momento.
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Patri siempre ha reconocido que participó en una sentada pacífica, pero niega que diera patada alguna a ningún policía. El próximo 10 de marzo juzgan a Patri. Existe un riego real de que ingrese en prisión si finalmente es condenada, a pesar de no tener antecedente penal alguno.  
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Este año vamos a tener que asistir a muchos juicios por hechos ocurridos al calor del 15M, el caso de Patri es uno de ello. Nosotras vamos a defenderla el 10 de marzo en los estrados, y te invitamos a que nos acompañes, a que acompañes a Patri, para demostrar que la solidaridad y el apoyo mutuo siempre estarán por encima de la represión.
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Apoya y difunde
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Porque sólo la lucha hace Justicia”
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Comisión Legal
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Hashtag: #PatriAbsolucion
Twitter: @PatriAbsolucion
Comunicado de la Plataforma de apoyo a Patricia: https://solidariosenapuros.wordpress.com/comunicado-patricia-absolucion/
Comic sobre el caso de Patri: http://rantifuso.es/solidaridad-con-patricia/

COMUNICADO ACLARANDO LA POSTURA DE FISCALÍA ANTE LA PRISIÓN DE LOS TITIRITEROS

En el día de ayer, poco después del mediodía, varios medios y agencias se hicieron eco de una noticia que  publicaron en términos prácticamente idénticos: “La Fiscalía pide la libertad de los titiriteros (). En la inmensa mayoría de ellas, cuya fuente no pudo ser otra que la propia Fiscalía o el Juzgado que conocía el caso, se señalaba textualmente:  “El Ministerio Fiscal, que apoyó el sábado su ingreso en prisión (…) .
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Dicha información, reproducida sistemáticamente por numerosos medios, lejos de limitarse a trasladar una información neutral, veraz y contrastada, generó, a través de los términos utilizados, una sutil manipulación. El objetivo no parecía ser otro que el de salvaguardar la imagen de la Fiscalía como una institución seria y garantista frente a la gran polémica que su decisión inicial generó.
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Es por ello que, en aras de aclarar lo realmente sucedido, vemos la necesidad de realizar las siguientes apreciaciones:
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1.- La Fiscalia promovió activamente la medida de prisión preventiva. La representante del Ministerio Fiscal que actuó en la declaración de los titiriteros detenidos no “(…) apoyó su ingreso en prisión” como así relataron numerosos medios, sino que fue precisamente ella quien lo solicitó inicialmente, solicitud acogida por el Juez Ismael Moreno. Tanto es así que, al no haber acusación particular contra los titiriteros, si la Fiscalía no hubiera solicitado dicha medida, el Juez no podría haberla acordado.
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2.- La Fiscalía no ha solicitado la libertad de los titiriteros. Ante el Auto que acordaba la prisión provisional los abogados de los titiriteros recurrieron en reforma ante el mismo Juzgado, noticia de la que se hicieron eco numerosos medios. Según establece la Ley, se le tiene que dar traslado al Ministerio Fiscal de dicho recurso para que éste manifieste lo que considere al respecto, previamente a que el Juez resuelva sobre el mismo. Ha sido precisamente en el transcurso de este trámite cuando Fiscalía, en un giro radical de criterio tras apenas 4 días, ha apoyado el recurso de los abogados de los titiriteros, eso sí, únicamente en lo referente a la solicitud de libertad provisional. Sin embargo, ha solicitado la adopción de una serie de medidas contra los dos titiriteros: la obligación de presentaciones diarias ante el Juzgado o la retirada del pasaporte, las cuales finalmente han sido acogidas por el Juez. 
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Aunque pueda parecer un detalle de poca importancia, es importante, en honor a la verdad, subrayar que Fiscalía no apoyó la prisión de los titiriteros, sino que la promovió activamente, en la medida en que la solicitó; y que no ha pedido la libertad de los mismos, sino que ha emitido un informe informando positivamente el recurso de los abogados de la defensa en el que se planteaba dicha solicitud.
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Vistos los últimos hechos acontecidos creemos importante aclarar ambos extremos. Y no solo para esclarecer  las confusas informaciones que la prensa ha publicado en estos días, sino para poder entender el por qué de los cambios de criterio de Fiscalía que, en el fondo siendo tales, no acaban de explicar lo sucedido. El Juzgado Central de Instrucción nº 2 no ha decidido modificar de oficio (a iniciativa propia) la situación personal de los titiriteros (el ingreso en prisión provisional sin fianza), aunque podría haberlo hecho en la medida en que cuenta con esa potestad. En lugar de eso, ha sido la iniciativa de los abogados de la defensa, acreditando la innecesariedad de la durísima medida acordada, la que ha constituido el canal utilizado por la Fiscalía, mediante la emisión de su informe favorable, para revertir la inaudita situación por ellos, y sólo por ellos, generada. 
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El resultado final sugiere una iniciativa garantista de dudoso sostén por parte de un Ministerio Fiscal al que no le tembló el pulso para generar la grave situación que ha mantenido a dos personas cuatro días en prisión, incluyéndolos en el fichero FIES de Banda Armada, por representar una obra de títeres. Aún celebrando el cambio de criterio, éste llega tarde y mal: las dos personas detenidas fueron privadas de su libertad en base a unos criterios, promovidos y sostenidos por la Fiscalía, de muy dudoso soporte jurídico; entre otros, riesgo de fuga, posibilidad de reiterar la comisión del supuesto delito o destrucción de pruebas. Está de más señalar que se hubiera agradecido cierto celo democrático en el momento de proponer -no proponiendo, puesto que se trata de una facultad potestativa- medidas cautelares como la que ha generado la avalancha de críticas recabadas estos días. 
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No lo olvidemos: no ha sido la actuación del Ministerio Fiscal, sino la salud democrática de la ciudadanía, lúcidamente escandalizada por las medidas judiciales acodadas, y la profesionalidad de los letrados intervinientes, las responsables de este feliz desenlace que, esperamos, sea la primera, pero no la única, batalla ganada en este ataque a las libertades más fundamentales.
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“Sólo la lucha hace Justicia”
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Comisión Legal Sol

COMUNICADO ANTE LA DECISIÓN DEL JUEZ ISMAEL MORENO DE ENVIAR A PRISIÓN A LOS DOS TITIRITEROS DE LA COMPAÑÍA “DESDE ABAJO”

El viernes 5 de Febrero dos integrantes de la compañía teatral “Títeres desde Abajo”  fueron detenidos tras la representación de su última obra “La Bruja y Don Cristóbal” debido a las múltiples quejas de los allí presentes. Tras su puesta a disposición judicial y declaración en la Audiencia Nacional, el Juez de Guardia, Ismael Moreno, ha acordado esta tarde su ingreso en prisión sin fianza. Se les acusa de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.

Si bien en estos momentos el debate mediático gira en torno a la calificación o no de los hechos como ,presuntamente, de enaltecimiento del terrorismo queremos centrarnos y analizar los motivos y la fundamentación jurídica y, quizás, política, que subyacen detrás de la decisión judicial por la cual dos personas hoy han sido privadas de su libertad.
La prisión preventiva es una medida que, según reiteradísima jurisprudencia, debe ser adoptada sólo en casos excepcionales, cuando estrictamente sea necesaria, y siempre para la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida.
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El auto del Juez Ismael Moreno que acuerda la prisión provisional de los dos titiriteros, tras un extenso y estereotipado copia y pega de jurisprudencia, afirma que la misma persigue asegurar la presencia de los imputados en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento y evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos. Sin embargo, ninguna de estas razones ha sido debidamente objetivada, motivada ni probada.
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Por eso, queremos recordar que para la adopción de esta medida cautelar no solo deben concurrir los requisitos establecidos por la LECrim sino que estos deben estar, a su vez, ponderados con las circunstancias concretas del caso y, especialmente, con el derecho a la libertad de la persona cuya inocencia se presume. No hacer esta ponderación supone una vulneración grave de, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia y conlleva fines punitivos o de anticipación de la pena, o de impulso de la instrucción sumarial.
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Parece evidente que detrás de la decisión del juez de la Audiencia Nacional, D. Ismael Moreno, descansa una intención contraria a toda la jurisprudencia que, curiosamente, cita él mismo en su Resolución. Esta practica se viene repitiendo en procedimientos con un claro carácter político, y su objetivo no es otro que utilizar la prisión provisional como un castigo adelantado, una suerte de amedrentamiento correctivo, aleccionador que poco o nada tiene que ver con los fines que alega.
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Esto nos llena de una profunda preocupación. No sólo porque se dé en este caso concreto con sus particulares circunstancias, sino porque supone continuar en una dirección por la que quienes deben investigar los presuntos hechos delictivos, si es que los hubiere, ejercen a su vez una función de juzgadores, castigando adelantadamente a quien aun no ha sido juzgado.
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No es esta la primera vez que nos manifestamos en estos años en contra de la proposición por parte de la Fiscalía, y la adopción por parte de los Juzgados de Instrucción, de medidas cautelares de esta naturaleza. El marcado carácter intimidatorio de esta práctica destaca especialmente en casos en los que la presunta comisión del hecho delictivo se da en un ámbito tan peculiar como el que nos ocupa, en el que la medida presenta un carácter casi inaudito. En la medida en que la indiferencia hace mucho tiempo que dejó de ser una opción; enfrentadas al hecho de que dos personas más han sido enviadas a prisión provisional; al situarnos ante un nuevo episodio de recorte de derechos y garantías procesales, seña de identidad de las políticas represivas de estos tiempos, toca tomar posiciones.

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La instrumentalización de las armas jurídicas, tal y como se ha producido en los últimos años, nos coloca ante un escenario preocupante, de dudosa defensa en un sistema que pretende garantizar la protección de los derechos civiles. No podemos callarnos ante lo que consideramos injusto, no legitimaremos el uso político de la prisión provisional. Quizás sea el momento de recordar, una vez más, que son las “mayorías silenciosas que no se manifiestan” las que sostienen y consolidan los regímenes totalitarios. No esperen contar con nuestro silencio.

Porque solo la lucha hace justicia.

Dos nuevas sentencias anulan 2 sanciones a manifestantes

Esta última semana nos han sido notificadas dos sentencias que acuerdan declarar nulas dos sanciones impuestas a dos personas por su participación en las manifestaciones del 13 de mayo y el 27 de abril de 2012.

Con estas dos sentencias son ya 223 las sanciones que hemos conseguido anular desde el Grupo de Administrativo de la Comisión Legal desde el año 2011, 52 de ellas por Sentencias dictadas por distintos Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

Todo ello evidencia cómo las sanciones administrativas han sido impuestas de manera indiscriminada en los últimos años, para tratar de reprimir las legítimas protestas de la ciudadanía.

Sentencia estimatoria de Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 30 de Madrid, de 29 de septiembre de 2015.

Sentencia estimatoria del Juzgado Constencioso-administrativo nº 30 de Madrid, de 28 de septiembre de 2015.

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Seguimos

Sólo la lucha hace Justicia

Comisión legal Sol

 

La Audiencia Provincial confirma que los plazos no son iguales para todas

La Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) establece la regulación de los trámites del procedimiento penal, y entre sus previsiones se prevén plazos que se suponen de obligado cumplimiento tanto para las partes. Pues bien, la Audiencia Provincial viene a considerar que si se trata del plazo para formular acusación del Ministerio fiscal estas previsiones hay que considerarlas de una manera más laxa que si se trata de los plazos de la defensa o de otra de las acusaciones.

En uno de los procedimientos que llevamos desde la Comisión Legal Sol el Ministerio fiscal formalizó acusación fuera del plazo de 10 días establecido en la ley (meses después) y sin siquiera seguir los trámites que la propia LECrim prevé para casos en que este Ministerio (y sólo él tiene estas prerrogativas) precisara de más plazo. Pues bien, nosotras consideramos que realizar fuera de plazo y prescindiendo del procedimiento establecido un trámite tan esencial como es detallar la acusación (años que te piden de prisión) que contra unas personas se va a mantener en el acto del juicio es algo que vulnera tanto el artículo 24 de la Constitución como el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues supone dejar al arbitrio de una de las partes los plazos legales y genera una evidente indefensión a los acusados y una desigualdad de armas entre el Ministerio fiscal y la defensa.

Frente a estas alegaciones la Audiencia Provincial viene a decir (adjuntamos el Auto) que este plazo de 10 días que tiene el fiscal para formular acusación es prorrogable, entendemos de la redacción del Auto que indefinidamente, y ni se pronuncia sobre las razones por las que considera que no se han vulnerado el art. 24 CE y el art. 6 del CEDH. Sin más, desestima nuestro recurso considerando ajustado a Derecho formular la acusación fuera de plazo.

No podemos más que mostrar nuestra perplejidad ante esta interpretación de la ley que confirma la desigualdad que la ciudadanía percibe en la administración de justicia entre el fiscal y el resto de las partes.

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

1J Acción desobediencia #SinMordazas

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A las 00:01 horas del próximo miércoles 1 de julio de 2015 entrarán en vigor las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocidas como Leyes Mordaza).

Frente a las legítimas demandas de la sociedad de estos últimos años, el mal Gobierno responde con unas leyes que criminalizan la pobreza, la solidaridad y la legítima protesta, unas leyes rechazadas por hasta el 85% de la población, y que han sido duramente criticadas por organizaciones nacionales e internacionales como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa.

Llevamos más de un año agotando todas las vías posibles para tratar de parar estas leyes que no responden a ninguna necesidad real de la sociedad, sino a los intereses de quienes gobiernan. Lo único que hemos obtenido es silencio y más represión. Un gobierno que teme y castiga las protestas legítimas de la sociedad no merece la legitimidad que esta le otorga.

Dada esta situación, y ante la inminente entrada en vigor de estas leyes, la Historia nos ha enseñado que al pueblo solo le queda su capacidad de no consentir, de no reconocer con su silencio la validez de estas leyes.

En el marco de la campaña #SinMordazas y de las movilizaciones que se están anunciando contra la entrada en vigor de estas leyes, queremos poner el centro en la desobediencia civil, porque la historia se ha escrito con ella y a través de ella. Por ello, hacemos un llamamiento a todo el mundo para recibir de manera colectiva y desobediente su entrada en vigor.

Os invitamos a que acudáis el próximo martes 30 de junio a las inmediaciones del Congreso de los Diputados sobre las 23:45 h. para manifestar públicamente nuestra desobediencia a las mismas, restándoles legitimidad desde su primer minuto de vida y enlazar con la desobediencia que previamente se ha ido manifestando.

La acción consistirá en:

– A las 23:55 h. nos sentaremos frente a Congreso de los Diputados, nos amordazaremos y nos mantendremos en silencio hasta las 00:05, porque a veces es el grito más ensordecedor.

Acudiremos sin portar el DNI ni documentación personal, como acto de desobediencia consciente y responsable frente a las miles de multas que nos han venido imponiendo estos años por ejercer nuestro derecho de Reunión

A las 00:05 horas quedará desconvocada la concentración y nos marcharemos, porque esta convocatoria no es un fin en sí misma, sino el principio de una vía de lucha basada en la desobediencia civil y en la no cooperación.

– Entendemos que con este acto se da por comunicada la concentración.

– Esta convocatoria no se comunicará formalmente a Delegación de Gobierno, como acto de desobediencia consciente y responsable, porque en estos cuatro últimos años han utilizado la comunicación para reprimir con multas administrativas, como en la Acampadasol, el 1215M, el Rodea el Congreso o las Marchas del 22M.

Apelamos a los poderes públicos a que respeten esta convocatoria, dado que, tal y como se plantea, representa el más elemental ejercicio del derecho de reunión. Nada debería de temer un gobierno que se llama democrático ante una concentración noviolenta, desobediente y silenciosa.

1J 00:01 Horas

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

DESOBEDIENCIA

SILENCIO

MORDAZA

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#SinMordazas

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A las 00:00 horas del próximo miércoles 1 de julio de 2015 entrarán en vigor la Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, leyes que sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. Leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta.

Lo hacen en nombre de la seguridad ciudadana, pero son la respuesta de quienes sienten cualquier iniciativa social como una amenaza a sus privilegios. Emanan de su incapacidad para vivir con alegría el despertar de la gente, la toma de calles, la defensa de derechos laborales o el uso de plazas como espacio de reflexión colectiva. No entran en vigor para garantizar la seguridad ciudadana sino para convertir en ley su temor, el miedo que les despierta el deseo de democracia. Por eso se defienden atacando.

En los últimos meses, su aprobación ha despertado la preocupación y el rechazo de una amplia mayoría social, lo que ha supuesto que organismos nacionales e internacionales como las Naciones Unidas o el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa las critiquen duramente. El último ha sido el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad.

Sin embargo somos las personas que defendemos diariamente el derecho a la vivienda, las que creemos en el derecho a la información libre, las que tomamos la calle reclamando educación pública y sanidad universal, las que no tenemos papeles, las que sufrimos las consecuencias de un empleo precario o quienes simplemente vemos en el deseo de democracia y la organización espontánea de la gente un motivo de celebración, las que tenemos el verdadero poder de cambiar las cosas. Por ello, una vez agotadas todas las vías posibles, solo nos queda una alternativa: la de no consentir, la de no refrendar sus leyes con nuestro silencio.

Así, a falta de pocos días para su entrada en vigor, nos posicionamos desobedeciendo activamente a estas leyes injustas y te animamos a sumarte, a difundir entre tus círculos y redes, a mostrar tu rechazo y a manifestar sin temor que estas leyes también te afectan.

Contigo es posible.

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