La Dirección General de Policía aplica la mínima sanción posible a un mando de la UIP condenado por dos faltas de lesiones

El 22 de marzo de 2013, veintiun  activistas de vivienda llevaron a cabo una ocupación pacífica del  edificio de la Sareb con el fin de protestar por la negativa de la entidad a dialogar con varios afectados hipotecarios cuyas viviendas habían pasado a ser propiedad de la misma. Como consecuencia de esta  acción, todas las participantes que permanecían en el interior fueron  imputadas por una falta de desobediencia, de la que posteriormente fueron absueltas.
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Sin embargo, y en un nuevo juicio de  faltas, fue condenado el mando de las Unidades de Intervención Policial por haber empujado a una de las activistas, ocasionando su caída al  suelo, y haber golpeado y agarrado por los testículos a otro activista  que acudió a socorrer a la anterior, y que le solicitó su número de  placa. Así, la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó la  Sentencia nº 352/14 de 18 de junio de 2014 en la que se confirmaba la  Sentencia nº 153/2014 de 9 de abril de 2014, dictada por el Juzgado de  Instrucción nº 49 de Madrid por la que se condenó al funcionario de Policía Nacional como “autor responsable por dos faltas de lesiones dolosas”.
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Dicha condena debería haber supuesto que la Dirección General de Policía abriese de oficio, sin que nadie se lo solicitara, un expediente disciplinario contra el funcionario condenado, dado que los arts. 8 y) k) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo  Nacional de Policía (en adelante LO 4/10) establecen como infracciones graves respectivamente, el haber sido condenado  “por una falta dolosa cuando la infracción penal cometida esté  relacionada con el servicio”, y el no portar visible el número de placa. 
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Ante la sospecha de que dicho expediente no se abriría de oficio, desde la Comisión Legal se solicitó su apertura a través de una denuncia ante el Dirección General de Policía, denuncia que motivó que finalmente el referido expediente disciplinario se iniciase. Nos preguntábamos entonces qué habria pasado si no se hubiera solicitado la apertura del referido expediente disciplinario.
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Pues bien, finalmente hemos tenido conocimiento que el referido expediente disciplinario ha concluido con la imposición al Oficial de la 1ª Unidad de Intervención policial de una sanción de “suspensión de funciones durante dos días (2 días) que no supondrá la pérdida de antigüedad ni implicará la inmovilización en el escalafón“.
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Sorprendidas por el resultado del expediente disciplinario deseamos manifestar:
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– Que el resultado de este procedimiento disciplinario demuestra la laxitud del Cuerpo de Policía con aquellos funcionarios que se exceden en sus funciones hasta el punto de que empujar y agarrar de los testículos a una persona pueda suponer unicamente dos días de sanción siendo uno de los criterios que la LO 4/10 establece para la graduación de una sanción la intencionalidad. Es evidente que nuestro criterio difiere mucho del de la Dirección General de Policía pues, no se nos ocurre acción más intencionada, dirigida y gratuita como es agarrar de los testiculos a un ciudadano que ejercía su derecho a la protesta, más gravoso aún tratándose de un mando del Cuerpo Nacional de Policía condenado por falta dolosa.
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– Que pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de una infracción grave (art.8 y) LO 4/10) por haber sido condenado  “por una falta dolosa cuando la infracción penal cometida esté  relacionada con el servicio”, finalmente lo ha sido por una infracción leve del art. 9 m) “Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por una falta dolosa  cuando la infracción penal cometida cause daño a la Administración o a  los Administrados” en una clara maniobra por parte de la Dirección General de Policía de evitar la sanción de uno de sus funcionarios y toda la carga mediática y social que ello supondría.
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– Que en el procedimiento disciplinario se ha ignorado el hecho de que el Oficial condenado no portaba su número de identificación, lo que supondría una infracción grave según establece el art.8 k) “No ir provisto en los actos de servicio del uniforme reglamentario, cuando su uso sea preceptivo, o de los distintivos de la categoría o cargoevidenciando de nuevo las estrategias por parte de las instituciones para evitar cualquier condena de cierta relevancia.
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Con todo, no queremos dejar de señalar el triunfo que supone el haber logrado que se reconozca y condene judicialmente la actuación del Cuerpo Nacional de Policía, en un ya habitual exceso en sus funciones y el evidenciar que los responsables de dichos abusos no son únicamente los funcionarios que los realizan, sino las propias instituciones, en este caso la Dirección General de Policía, que deja impune, y por lo tanto legitima,  este tipo de hechos que, no obstante, ni detiene ni atenúa la presencia y la reivindicación desde nuestras calles y plazas.
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“Sólo la lucha hace Justicia”
 Comisión Legal Sol

Nueva Sentencia anula sanción 200 euros por Escrache a Soraya

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En el día de hoy nos acaban de notificar la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid que acuerda anular una sanción de 200 euros que Delegación de Gobierno impuso a una persona por participar en el escrache a Soraya Saenz de Santamaría.

Tal y como ya hiciera un Juez de Instrucción, y posteriormente ratificó la Audiencia, se enmarca esta protesta dentro del derecho de reunión:

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Con esta ya son 209 las sanciones tumbadas por esta Comisión, 46  de ellas mediante Sentencia en procedimiento judicial, de las cuales 8 han sido por vulneración de Derechos Fundamentales.

Sentencia íntegra: Sentencia estimatoria del Juzgado Contencioso-administrativo nº 14, de 16 de abril de 2015

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

 

 

COMUNICADO ANTE LA ACTUAL ESCALADA REPRESIVA

En las últimas semanas hemos asistido a toda una serie de episodios represivos que parecen haberse orquestado con el fin de atemorizar a los movimientos sociales y a la ciudadanía organizada ante la aprobación de la ley mordaza, rubricada definitivamente el pasado miércoles 26 de marzo. El último ejemplo ha sido el reciente ataque a varios CSO’s y viviendas okupadas en la mañana del 30 de marzo, que se ha saldado con numerosas detenciones y el registro y destrozo de estos espacios de lucha colectiva.

En la madrugada del 10 de marzo se asestaba el enésimo golpe represivo a los movimientos en defensa de la vivienda con la detención en sus propias casas de 19 jóvenes que habían participado en una protesta contra los desahucios. La policía imputó a los detenidos un delito contra las instituciones del estado y algunos de ellos, desórdenes y resistencia, manteniendo a la mayoría de estos detenidos hasta la mañana del 12 de marzo, en lo que constituye un claro ejemplo de detención de castigo. La mayoría de las personas detenidas pertenecen a Distrito14, colectivo que ya había sido previamente señalado y criminalizado desde fuentes policiales. Lo que nos llama poderosamente la atención es el hecho de que fueron identificadas el mismo día de la protesta en el pleno por la Policía Municipal y, como este mismo cuerpo ha expresado, no hubo ningún conflicto durante la protesta, por lo que ningún agente consideró que existiese indicio de delito ni necesidad alguna de detenerlos.

Pese a ello, y a pesar de estar perfectamente localizables y no existir ningún motivo para pensar que no fuesen a comparecer para declarar, casi un mes después la Policía Nacional irrumpe bruscamente en sus casas a las 7 de la mañana para llevárselos a comisaría, con la clara intención de amedrentar y realizar una de sus tantas demostraciones de fuerza, haciendo una vez más de las detenciones ya no sólo un castigo, sino un auténtico circo.

No existe argumento razonable para justificar estas detenciones, y mucho menos la agresividad con que se producen, cuando lo lógico, en caso de haber considerado que concurriese algún hecho punible, es que se hubiese requerido a los intervinientes para declarar mediante una sensata y acertada citación.

A su vez, apenas una semana y media después de estos hechos, la manifestación de las Marchas de la Dignidad de Madrid terminó con la detención de 17 personas, 3 de ellas menores, tras unas fuertes cargas policiales en las que los antidisturbios se emplearon con saña y gran violencia contra los grupos de manifestantes, causando lesiones a la mayoría de las detenidas por el empleo de una fuerza desproporcionada, llegando a retener tras las cargas y durante más de 2 horas a cerca de 30 personas en la calle La Paz, obligándolas a permanecer de rodillas soportando el frío y sometiéndolas a insultos, golpes y trato degradante. De nuevo, desde la prensa y desde fuentes policiales se había adelantado una criminalización de esta marcha, que hacía prever una fuerte represión.

El pasado lunes volvimos a asistir a otra actuación policial teatralizada, desproporcionada y fuera de contexto, en este caso contra el movimiento anarquista, en un nuevo intento de criminalizar y atacar tanto a los espacios como a las personas que defienden esta ideología. El fuerte dispositivo policial desplegado detuvo en Madrid, Barcelona y Palencia a un total de 27 personas, algunas de las cuales serán llevadas ante la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal con fines terroristas, según el propio Ministerio del Interior ha difundido.

No podemos más que manifestar nuestro estupor por la manipulación mediática que está acompañando todo este asunto, con vulneraciones constantes del derecho a la presunción de inocencia de las detenidas, fuertes acusaciones sostenidas únicamente en “fuentes policiales” vagamente justificadas -llama la atención que una de las principales acusaciones hable de tenencia de explosivos y se jacten de haber encontrado en los registros realizados en viviendas “una botella de camping gas”, o que se reavive de nuevo el fantasma del atentado en La Almudena cuando ya hay personas cumpliendo penas de prisión por el mismo hecho-, una total falta de información de los hechos que han motivado las detenciones y un discurso por parte de las Instituciones que parece un adelanto del Derecho Penal del Enemigo que se pretende apuntalar con las últimas reformas del Código Penal y la Ley Mordaza. Ante todo esto sólo cabe una conclusión: se les ha detenido por anarquistas.

Este tipo de detenciones, que inevitablemente nos recuerdan a tiempos pasados, no nos resultan para nada nuevas. Sólo en los últimos años tenemos varios ejemplos: los 6 detenidos el 22 de junio por una acción del 29 de mayo de 2012, el 28 de noviembre por una acción en la Universidad Complutense el 20 de noviembre de 2013, 4 detenidos el 31 de enero de 2014 en un desahucio, 3 detenidos en la Operación Guinda el 27 de febrero del 2014 o los 11 detenidos el 4 de abril de 2014 por la manifestación del 22 de marzo, en la Operación PUMA 70. Parece que Delegación de Gobierno ha encontrado en la Caza de Brujas un modus operandi perfecto para criminalizar y estigmatizar frente a sus vecinas a las que luchan, y ya de paso atemorizar al resto de personas con las que comparten la calle.

Una detención, con la privación de libertad que lleva aparejada, así como la imputación desmedida y gratuita de delitos contra las instituciones del Estado son actuaciones suficientemente graves para no ser utilizadas de un modo trivial o interesado.

Igualmente, nos alarman los testimonios de las personas detenidas que confirman la continuación de los interrogatorios a detenidos por policias (en la mayoría de los casos de la Brigada Provincial de Información) encapuchados y sin presencia Letrada; los tratos vejatorios constantes en dependencias policiales y las agresiones sufridas en la detención. Hemos podido observar que este comportamiento por parte de la policía tiene un patrón pre-establecido, modulándose este (mal)trato en función del perfil de las personas detenidas -cercanas a una ideología concreta y generalmente muy jóvenes, y el momento en que se produzcan las detenciones. Nos preocupa que pueda existir alguna base política para aplicar estas cuestionables prácticas policiales en las detenciones y paso por comisarías, ya que sólo tenemos noticia de que aparezcan en contextos de movilizaciones sociales ese especial agravio a las detenidas y conducta inapropiada hacia las abogadas.

Entendemos que nos encontramos en un periodo de precampaña electoral en el que el discurso de orden y seguridad o la efectividad policial ante supuestas amenazas (creadas) a la convivencia, suele acarrear un importante rédito político y que es una estrategia ya antigua infundir temor en posibles votantes que demandarán mayor castigo ante el aparente escenario de caos, o al menos asumirán el aumento de represión o pérdida de libertades a cambio de “protección” o “estabilidad”. Pero no podemos permanecer impasibles viendo cómo, aprovechando el contexto político cercano a elecciones y a la aprobación de reformas legislativas punitivas (Código Penal, Ley Mordaza y Pacto “Antiterrorista”), participar en la comunidad a través de una protesta se califique aleatoriamente como un delito, y además como un delito contra las instituciones del Estado, con la gravedad que ello supone.

Resulta verdaderamente inquietante que en un Estado de Derecho se dirija y aplauda desde la Delegación de Gobierno actuaciones policiales desproporcionadas utilizadas como castigo o efecto disuasorio ante expresiones disidentes, debido a su imposibilidad y fracaso a la hora de resolver profundos conflictos sociales, pretendiendo al mismo tiempo asustar a la población y criminalizar así a los movimientos sociales en general y, en especial, a aquellos colectivos que según la conveniencia política del momento interese: movimientos por la vivienda y anarquistas o sectores desprotegidos y marginados que intentan encauzar su malestar por la vía de la protesta, a los cuales se les margina y reprime de manera injustificadamente desigual.

Por otro lado, creemos que la respuesta a estos acontecimientos también merece una reflexión y revisión por parte de los movimientos sociales. En este tipo de prácticas represivas se busca, entre otras cosas, generar pánico y desorganización en el tejido social, razón por la que tenemos que ser capaces de mantener la calma en este tipo de situaciones. Creemos que es importante tener en cuenta lo aprendido en estos años y evitar que sean los aparatos represores los que nos marquen la forma de actuar ante estos acontecimientos. Seremos nosotras las que marquemos el cuando y el cómo, de forma colectiva y organizada. No nos dejaremos amedrentar por los cuerpos e instituciones que día a día hacer gala de un abuso de poder que siempre queda impune y seguiremos en la calle, luchando por lo que creemos. #NoPodránPararnos

Tribunal Superior de Justicia confirma Sentencia que anuló sanción a manifestante

En el día de ayer nos fue notificada la Sentencia de la Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha que, desestimando el recurso del abogado del estado, confirma la Sentencia de primera instancia que anuló una sanción a un manofestante por no respetarse su derecho a la presunción de inocencia.

Sentencia 27-03-15

“Sólo la lucha hace Justicia!

COMISIÓN LEGAL SOL

COMUNICADO RESPECTO A LA DETENCIÓN DE NAGORE LOPEZ, OIHANA BARRIOS, FERNANDO ARBURUA E IZASKUN ABAIGAR EN EL MARCO DE LA DENOMINADA “OPERACIÓN PASTOR”

Las organizaciones abajo firmantes desean expresar su más honda preocupación ante la noticia de la detención de Nagore López de Luzuriaga, psicóloga; Oihana Barrios Salinas, psicóloga; Fernando Arburúa, psicólogo; e Izaskun Abaigar, trabajadora psicosocial.

Se trata de profesionales de reconocida trayectoria en el campo del trabajo en salud y derechos humanos, que han venido desarrollando una labor tenaz, profunda y comprometida ampliamente reconocida a nivel tanto personal como profesional. Miembros destacados de sociedades médicas, docentes universitarios de pre y postgrado, expertos y expertas forenses y consultores nacionales e internacionales en el trabajo con supervivientes de tortura, pero ante todo, profesionales que han demostrado a lo largo de años su profunda calidad humana y una sensibilidad y una dedicación completa hacia sus pacientes.

La razón por la que han sido detenidas es extremadamente preocupante. Han sido detenidas por el hecho de atender y acompañar a personas de todos los sectores sociales y políticos incluyendo a personas vinculadas al movimiento abertzale. Personas que estuvieron detenidas o presas o lo están aún con problemas médicos o psicológicos y familiares de personas que han estado o están presas.

El hecho de que un profesional de la salud pueda estar bajo sospecha por el simple hecho de ejercer su trabajo es preocupante. Que además se puedan incautar sus historias clínicas y expedientes médicos y psicológicos que contienen información personal y privada de terceros, vulnera los derechos de ellos como profesionales y los de sus pacientes y sienta un grave precedente de criminalización del trabajo en salud.

Su esfuerzo de documentación científica de las secuelas médicas y psicológicas de la violencia y el esfuerzo de años en tender puentes y en construir espacios de diálogo, de tolerancia y de acercamiento en medio del dolor, han merecido el respeto de quienes los y las conocemos y admiramos por la dificultad del trabajo que realizan y el carácter incómodo pero necesario y en cualquier caso insustituible de su labor. En la detención de Oihana, Nagore, Fernando e Izaskun vemos como se coarta la libertad profesional y se estigmatiza a profesionales de trayectoria intachable.

No puede resultar ajeno el hecho de que las profesionales detenidas sean conocidas nacional e internacionalmente precisamente por su trabajo de documentación de los malos tratos y la tortura en que han estado implicados fuerzas de seguridad y que hayan actuado de expertos en juicios por dicha causa. Que su trabajo científico como forenses haya sido elogiado por el Relator especial contra la tortura de Naciones Unidas o por el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura entre otros, o que formen parte de diversos proyectos internacionales de trabajo con víctimas de violencia.

Las organizaciones abajo firmantes consideramos que hoy es un día triste para la defensa de los Derechos Humanos. Un día triste para quienes trabajamos y trabajaremos con las víctimas de vulneraciones de derechos básicos desde una perspectiva psicosocial, para quienes realizan investigaciones independientes que huyendo del uso político de las víctimas, intentan que pueda construirse un futuro en que pueda hablarse de todo y hacerlo en libertad, con normalidad y mirando de frente a la realidad y a la historia. Rechazamos toda forma de criminalización de las personas y organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos desde el ámbito jurídico, psicosocial, comunicativo o de cualquier otra índole.

Si ellos y ellas son sospechosas por su trabajo, cualquiera puede serlo. Todas nosotras lo somos.

 Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura

– ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura) acat@pangea.org
– Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. secretaria@apdha.org
– Asociación Contra la Tortura
– Asociación Libre de Abogados. ala@nodo50.org
– Asociación Libre de Abogados de Zaragoza. alazzgz@gmail.com
– Associaciò Memoria contra la Tortura. amct@proutortura.net
– Associaciò Catalanaper a la Defensa dels Drets Humans. acddh@acddh.org
– Behatokia – Observatorio Vasco de Derechos Humanos – Euskal HerrikoGiza / Eskubideen. info@behatokia.info
– CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) . caes@nodo50.org
– Campaña por el cierre de los CIEs http://ciesno.wordpress.com/
– Centro de Documentación Contra la Tortura. cddt@nodo50.org
– Colectivo Trampa . colectivotrampa@riseup.net
– Comissiò de Defensa del Il.lustre Col.legi d’Advocats Barcelona
– Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Balears
– Comisión Legal Sol | https://legal15m.wordpress.com/
– Coordinadora de Barrios. coordinadora@coordinadoradebarrios.org
– Esculca. Observatorio para a Defensa dos Direitos e Liberdades. esculca@esculca.net
– Grupo de Acción Comunitaria (GAC). Centro de Recursos en Salud mental y Derechos Humanos.
– Grupo 17 de Marzo – Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos). 17demarzo@gmail.com

– Independientes

 Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona
 Oteando (Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades) observatorioderylib@gmail.com
 Salhaketa Bizkaia. Salhaketa@salhaketa.euskalnet.net
 Salhaketa Araba Salhacarcel@euskalnet.net
 AEN-País Valencià.
 Argituz. Asociación Pro Derechos Humanos
 Arrels. Col.lectiu d’advocats/es de Barcelona.
 Asociación DateCuenta. Comunicación y Periodismo Libre.
 Asociación Española de Neuropsiquiatría – Sección de Derechos Humanos
 Asociación de Estudiantes Noam Chomsky. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid.
 Assemblea La Marina – Zona Franca. Barcelona.
 Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública
 Ateneu Popular de la Marina-Zona Franca L’Engranatge
 Centro Atzieta Abokatuak
 CUP Barcelona / CUP-CapgiremBcn
 Dempeus per la Salut Pública
 Ekimen Elkartea. Asociación para el estudio de las problemáticas sociales
 ERAIN. Salud Mental Comunitaria e Intervención Social. Bilbao
 Futura-Convergència de les Cultures. Barcelona
 Institut de Drets Humans de Catalunya
 Liga Síndrome Fatiga Crónica. Barcelona.
 NOVACT – Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. http://www.novact.org
 Observatorio de Vídeo No Identificado, OVNI http://www.desorg.org
 OME. Osasun Mentalaren elkartea. Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria – Sección de Derechos Humanos
 OSALDE. Asociación por el derecho a la salud.
 Psicología Sin Fronteras – Nafarroa,
 Rereguarda en Moviment, plataforma solidària contra la repressió
 RIS. Rights International Spain.
 SiR[a]. Red de Apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial en contextos de violencia
 Stop Bales de Goma
 Alumnos y Profesores Postgrado Salud Mental en Violencia Política y Catástrofes- GAC/Universidad Complutense de Madrid. http://www.psicosocial.net

La Audiencia Provincial acuerda reabrir investigación sobre agresiones a prensa del 29M

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Tras el escandaloso sobreseimiento de la causa, debido a que los antidisturbios no quisieron identificar a los autores de las lesiones, alegando que no le constaba ninguna lesión, la Audiencia provincial acaba de estimar el recurso de la Comisión legal, reabriendo la investigación, e instando al Juzgado para que tome declaración a los denunciantes, y pida a la UIP que identifique a los agentes intervinientes para, en su caso, imputarles.

Mas info:

22/10/14 Archivada denuncia por la agresión a periodistas el 29M #TeMetoPeroNoMeConsta

Video campaña #TeMetoPeroNoMeConsta

12/01/15 Auto APM estima recurso vs sobreseimiento causa

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal de Sol

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Desde la Comisión legal nos congratula poder anunciar la publicación de dos trabajos:

– El “Manual de emergencia y autodefensa contra las multas”, pretende ser una herramienta útil para que cualquier persona pueda alegar frente a las sanciones indiscriminadas.

http://manualsancionesadministrativas.wordpress.com/

 

– El Blog BURORRESISTIENDO: Es el blog que hemos creado desde el Grupo de Trabajo de Administrativo, donde pretendemos plasmar todo el trabajo realizado contra las sanciones indiscriminadas. En él puedes ver todas las sentencias ganadas hasta la fecha, materiales de interés, comunicados, etc.

https://burorresistiendo.wordpress.com/

Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

La Policía abre expediente disciplinario a un agente condenado por dos faltas de lesiones (cuando no tiene mas remedio)

El pasado 15 de abril informábamos de la condena a un mando de la 1ª Unidad de Intervención Policial (conocidos como “antidisturbios”) por dos faltas de lesiones ya que, según los hechos probados de la sentencia, en el contexto de una acción pacífica, empujó a una de las manifestantes y cuando otra persona acudió a ayudarla, requiriendo al funcionario policial para que le diese su número de placa, fue golpeado y agarrado por los testículos.

Como el hecho de que un funcionario de Policía sea condenado por una falta o delito doloso en el ejercicio de sus funciones supone, además de la penal que le imponga el Juez, una infracción disciplinaria, el pasado 20 de octubre también informamos de que se había interpuesto una denuncia ante el Director General de la Policía, solicitando que al mando condenado se le incoara un expediente sancionador por estos hechos.

Se interpuso la referida denuncia con la esperanza de que dicho expediente sancionador ya se hubiese incoado de oficio, como debería ser, sin necesidad de que nadie se lo requiriera al Director General de la Policía.

Pues bien, hace pocos días hemos recibido contestación de la Dirección General de la Policía en los siguientes términos: 

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De su contenido se desprende que, efectivamente, se ha incoado expediente disciplinario contra el agente condenado “conforme a la legislación vigente“, pero que se ha iniciado “en base a la denuncia presentada“, es decir, que dicho expediente no se había iniciado de oficio por la Dirección General de la Policía y que, probablemente, de no haberse presentado la denuncia, dicho expediente nunca se habría abierto. Aunque albergamos serias dudas sobre la resolución final del mismo, en la medida en que no tenemos manera de realizar un seguimiento respecto de su conclusión, consideramos una buena noticia que, por primera vez en mucho tiempo, se aplique correctamente -aunque solo sea en términos formales- la potestad sancionadora, esa misma que con tanta diligencia ha generado ya más de 1057 sanciones a manifestantes en Madrid desde el 15 de mayo de 2011.

Desde la Comisión Legal queremos poner en conocimiento de la ciudadanía estos hechos, y compartir nuestra preocupación ante la necesidad de que sea la sociedad civil la que tenga que forzar al Director General de la Policía para que aplique la ley.

¿Qué hubiese pasado si no se interpone la denuncia?¿Qué habrá ocurrido en los otros casos de agentes condenados en los que nadie ha pedido que se abra expediente disciplinario?

Desgraciadamente, no es el primer ejemplo que indica que el régimen disciplinario en el Cuerpo de Policía se aplica en función de intereses muy alejados del estricto cumplimiento de la ley. Desde hace dos años venimos denunciando la generalizada práctica por parte de funcionarios de Policía, en especial de las UIP, de no portar su número de identificación personal (“Número de placa”) visible en su uniforme, para lo que se han aportado centenares de fotografías, sin que a día de hoy conste ni un sólo expediente disciplinario incoado al respecto.

Así pues, ante la inactividad  y la deliberada impasibilidad de la Dirección General de Policía a efectos de  sancionar a sus agentes que incumplen la Ley y de evitar que sus actuaciones desproporcionadas y lesivas en pos de la autentica  seguridad de los ciudadanos queden impunes, desde LegalSol seguiremos denunciando y trabajando para que aquellos supuestamente encargados de hacer cumplir la Ley sean consecuentemente  los primeros en respetarla

Sólo la lucha hace Justicia

Comisión Legal Sol