COMUNICADO DE APOYO ANTE LA SITUACIÓN DE SOLICITANTES DE ASILO EN EL AEROPUERTO DE MADRID- BARAJAS

   A raíz de las flagrantes vulneraciones de derechos básicos cometidas en las últimas semanas en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en el marco del procedimiento de solicitud de protección internacional por personas procedentes de distintos países (entre ellas, un colectivo de en torno a 60 jóvenes saharauis procedentes de los campos de refugiados de Argelia, del Sáhara Occidental y de Cuba), convocamos de forma urgente una concentración de apoyo este sábado,  2 de septiembre de 2017, a las 12:30h, en la Terminal T1 del aeropuerto de Madrid – Barajas.

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    Así, ante los testimonios de las propias personas solicitantes, así como de profesionales que han trabajado con ellas desde diversas áreas, existen indicios de que esta situación se lleva repitiendo desde hace ya varios meses en el aeropuerto de Barajas. Por todo ello, las organizaciones abajo firmantes expresamos:

  Nuestra disconformidad y absoluto rechazo a la presión y precarización del procedimiento de petición de asilo, en términos de ausencia de garantías y de vulneración de derechos básicos que está teniendo lugar sobre las personas solicitantes de protección internacional en el aeropuerto de Madrid-Barajas, promovidas activamente por miembros del personal y órganos competentes en el procedimiento (Policía Nacional,  y Oficina de Asilo y Refugio del Mº del Interior). En este sentido, citamos solo algunos ejemplos de la situación que está sufriendo el grupo de saharauis que actualmente se encuentra retenido en la sala de inmigración del aeropuerto de Madrid-Barajas:

  • Según testimonio de algunas/os solicitantes, en el aeropuerto la policía ha negado la opción a los solicitantes de poder contar con los servicios jurídicos de organizaciones sociales especializadas en el procedimiento de solicitud de protección internacional, vulnerando el derecho de las mismas a elegir la asistencia letrada que ellas mismas decidan y, por tanto, el de la tutela judicial efectiva.
  • El servicio de traducción que se ofrece en las entrevistas para formalizar la solicitud de asilo en aeropuerto se ha llevado a cabo de forma ilegal, conforme a Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo. Entre otras deficiencias, las mujeres solicitantes han tenido que declarar su relato ante traductores hombres. Asimismo, algunas/os solicitantes han alegado que las historias traducidas no se corresponden con lo que habían expresado en las entrevistas; hecho que puede derivar de que algunos de los traductores son de origen marroquí, y manejan un dialecto (dariya) muy diferente del que hablan la población saharaui (hassanía).
  • Las inadmisiones, denegaciones y admisiones a trámite que de manera totalmente arbitraria se han llevado a cabo en el aeropuerto en las últimas semanas a las/los saharauis y otras/os solicitantes de asilo, toda vez que conforme al testimonio de varias/os solicitantes, y a documentos recibidos por personas que han sido remitidas para formalizar su solicitud a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), se ha permitido la entrada de varias personas aleatoriamente, en base a un cómputo de plazos arbitrario, sin expresar una relación motivada con la historia referida por la persona peticionaria de protección internacional. En cambio, historias prácticamente similares han sido rechazadas de plano. Esta arbitrariedad ha llevado al punto incluso de que instructoras/es de la OAR se hayan desplazado al Hostal Welcome a formalizar solicitudes de asilo no realizadas en tiempo y forma, en condiciones que de ninguna manera garantizan el cumplimiento de los Derechos Fundamentales de las/los solicitantes de protección internacional.
  • Las expulsiones de territorio Español se han llevado a cabo bajo agresiones físicas por parte de la policía, en al menos un caso, según testimonio directo de las/los afectadas/os. En este sentido, resaltar que el jueves, según fuentes oficiales, el Gobierno ha comenzado a expulsar a 61 jóvenes desde Barajas, sin que se les garantice su regreso a los campos de refugiados de Tindouf. Por este y otros motivos, 45 de las/los jóvenes llevan en huelga de hambre desde el lunes, como acción urgente de denuncia ante su precaria situación.

    En conclusión, cabe mencionar que los Estados, y en concreto los servicios y oficinas de Asilo y Refugio, debieran actuar en este tipo de procedimientos con la máxima de las garantías, ya que estas personas se encuentran en una condición de grave vulnerabilidad en sus países de origen. Sin embargo, la mala gestión ha llevado consigo una vulneración de derechos de las/los solicitantes con la nula actuación por parte de ACNUR a este respecto. No obstante, recordemos que el artículo 13 de la Constitución Española y la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, estamos ante un procedimiento de Derechos Fundamentales, y en ese sentido debería contar con los recursos económicos, de personal cualificado y de compromiso suficientes para que las personas que tengan la intención de acudir a este procedimiento en ningún caso se vean impedidas, intimidadas, presionadas o desalentadas, y que en ningún caso se vulneren tales derechos.

   Con respecto a la actual situación del grupo de jóvenes saharauis, conviene recordar que la mayor parte de la población saharaui sobrevive en campamentos de refugiados desde hace más de 40 años, en  durísimas condiciones de vida, lo que les convierte en una población extremadamente vulnerable. Ante ello, el Estado español, principal responsable histórico de esta situación del pueblo saharaui debe asumir sus obligaciones, e implicarse de una manera activa en la resolución del conflicto, así como promover la mejora de las condiciones de vida de la población saharaui, mientras vela por la celebración del referéndum de autodeterminación promovido por Naciones Unidas desde 1991.

   A las más de 150 personas que pasan cada semana por la “sala de inadmitidos” del aeropuerto Madrid -Barajas y que quieren formalizar su solicitud de asilo se les está vulnerando sus derechos básicos en un procedimiento que dista mucho de las garantías debidas, según fuentes oficiales y profesionales conocedoras/es del procedimiento. Por este motivo, las organizaciones abajo firmantes reivindicamos la salvaguarda y efectividad en la protección de sus derechos y exigimos que se cumpla con las garantías del procedimiento de protección internacional. Así, exigimos que se repare el daño causado a las/los solicitantes afectadas/os y, en concreto, que se admita a trámite y se estudien las solicitudes de protección internacional del grupo de saharauis que se encuentra retenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas, revertiendo las expulsiones arbitrarias para garantizar una tutela efectiva de sus derechos como demandantes de protección internacional en España.

*** Si tu organización quiere suscribir este comunicado, podéis hacerlo en este        enlace para adhesiones

Organizaciones firmantes:

  • ASPM – Asociación Sin Papeles de Madrid
  • Comisión Legal Sol
  • Ecologistas en Acción
  • CGT – Confederal
  • Solidaridad Obrera
  • CNT – Villaverde
  • SOS Racismo Madrid
  • Anticapitalistas
  • CEAS – Coordinadora Estatal De Asociaciones Solidarias Con El Sáhara
  • PAPPS – Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui
  • Sahara Thawra
  • ASADEDH – Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos
  • Podemos – Comunidad de Madrid
  • Migrapiés
  • Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado
  • Plataforma por la Desobediencia Civil
  • Fundación de los Comunes
  • No Somos Delito
  • CGT Madrid CLMEX – Confederación Territorial de Madrid, Castilla-LM y Extremadura
  • Holes in the Borders
  • Observatorio de DDHH Samba Martine
  • Red Interlavapiés
  • Senda de Cuidados
  • Territorio Doméstico
  • Colectivo Agar
  • Asociación Integrando
  • Red Ciudadana de Acogida de Personas Refugiadas de Leganés
  • AAVV Manoteras
  • Anticapitalistas Aragón
  • Sahara – Gasteiz (Asociación Cultural de Inmigrantes Saharauis de Vitoria-Gasteiz)
  • Ongi Etorri Errefuxiatuak – Araba
  • Ongi Etorri Errefuxiatuak – Bizkaia
  • Podemos Migraciones Ceuta
  • SOS Racisme País Valencià
  • Foro Alternativo del País Valencià
  • Intersindical Valenciana
  • Delegacio d’Alumnes de la Escola Tecnica Superior d’Arquitectura de la UPV!
  • 15M Valencia
  • Obrim Fronteres València
  • Plataforma TotsSomCremona
  • Agrupación UnidosX el buen vivir, Valencia
  • FASPV (Federació d’ Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià)
  • Casa de la Dona (Valencia)
  • Unitat Contra el Feixisme i el Racisme
  • Asociación de Refugiados Rusoablantes en Cataluña
  • Anarquismo en PDF
  • Asociación Argentina Martín Fierro
  • Grupo Jaima

III Ciclo de cine Jurídico de la Comisión Legal-Sol

Este jueves 15 de junio organizamos desde la Comisión Legal-Sol la tercera proyección del III Ciclo de Cine Jurídico en el Centro Social Okupado La Quimera de Lavapiés.

La película escogida es Presunto Culpable, un largometraje documental realizado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y en los Tribunales de Justicia de este país, por el cual se narra la historia de José Antonio Zuñiga y su lucha en contra del Sistema Penal y Judicial mexicano.

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El documental muestra cómo la vida de José Antonio (Toño) Zúñiga, un joven tianguista de Iztapalapa de 26 años, cambió para siempre cuando el lunes 14 de diciembre de 2005, una patrulla de la policía de la Ciudad de México lo arresta abruptamente en Iztapalapa acusándolo de homicidio.

Preso por un crimen que no cometió, Toño logra contactar a dos jóvenes abogados, quienes toman el caso con la esperanza de poderle regresar la libertad. Ahora, deben encontrar alguna manera de reabrir el caso y probar la inocencia de Toño. Tras noches de desvelo y una investigación exhaustiva, descubren que el abogado defensor en el juicio condenatorio había litigado con una cédula profesional falsa. Este descubrimiento permite reabrir el caso y anular la sentencia pasada para comenzar un nuevo juicio y emprender la lucha por la libertad de Toño.

Con un testigo acusador, el juez Héctor Palomares Medina1 2 que ya había dictado sentencia de culpable y un sistema judicial fallido, la libertad de Toño parece casi imposible, pero Layda y Roberto no desisten. Suman a Rafael Heredia, audaz y determinado abogado, para completar el equipo de defensa. Ahora, este equipo, armado de una cámara que los acompañará durante todo el juicio, enfrenta las pruebas falsas y sistema fallido que llevaron a un inocente a la cárcel. Así se pudo demostrar la inocencia de Toño dando le la libertad como “absuelto”.

A partir de las 20:30 en la cafeta del CSOA La Quimera (Plaza Nelson Mandela, antigua Plaza Cabestreros, metro Tirso de Molina o Lavapiés) proyección y picoteo, y posterior debate. Allí nos vemos!

 

COMUNICADO DE LA COMISIÓN LEGAL SOL SOBRE EL AUTO QUE RESUELVE NUESTRO RECURSO DE APELACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO SOBRE AGRESIÓN A PERIODISTAS.

Hace pocos días nos han notificado un Auto que resuelve un recurso de apelación interpuesto en el seno de un procedimiento penal en el que se denunciaban agresiones a periodistas durante la manifestación del 29 de septiembre del año 2012. El Auto considera que no ha quedado acreditado que los agentes que golpearon a tres periodistas, que intentaban grabar la detención de otro periodista, pretendieran coartar el derecho a la libertad de información de los foto-reporteros.

Los hechos

El pasado 29 de marzo de 2014 tuvo lugar una manifestación en Madrid bajo el lema “Jaque al Rey”. A la misma acudieron diversos reporteros para documentar la protesta, desempeñando su trabajo y ejerciendo el derecho a la información, que comprende tanto recibir como comunicar libremente información veraz.

Según denunciaron 4 reporteros, durante el transcurso de la manifestación fueron constantes las intimidaciones realizadas por parte de los funcionarios de Policía pertenecientes a la 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.

Al término de la protesta, se produjo un incidente entre un periodista y un funcionario de Policía que desembocó en una carrera, a la que se lanzaron también varios reporteros para documentar los hechos. La carrera acabó con la detención de dicho periodista (http://kaosenlared.net/la-haine-piden-6-anos-de-carcel-para-nuestro-companero-detenido-mientras-cubria-la-manifestacion-jaquealrey/), y con varios antidisturbios golpeando indiscriminadamente a los primeros reporteros que llegaron y que trataban de grabar la detención.

Se puede ver una recopilación de los vídeos que recogen las agresiones en este enlace: http://www.eldiario.es/sociedad/VIDEO-Policia-detencion-Jaque-Rey_0_243925966.html

La gratuidad de las referidas agresiones, perfectamente constatable en las imágenes, motivó incluso que la Representante sobre Libertad de Medios de la O.S.C.E. (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), Dunja Mijatović, emitiese una nota de prensa, en la que manifestó:

  • profunda preocupación a propósito de los casos de violencia e intimidación por parte de la policía hacia periodistas que cubrían las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid el pasado sábado 29 de marzo

Paralelamente a las declaraciones de dicha representante de la O.S.C.E., un informe elaborado por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC), titulado ‘Retrocesos en materia de libertad de expresión en España’, documenta y pone de manifiesto el aumento de agresiones a periodistas por parte de la policía.

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La investigación

Tras la denuncia interpuesta por estos 4 reporteros, aportando todas imágenes de las agresiones, la causa fue archivada; (https://legal15m.wordpress.com/2014/10/22/temetoperonomeconsta/) y tras recurrir esta decisión ante la Audiencia Provincial, reabierta (https://legal15m.wordpress.com/2015/01/13/la-audiencia-provincial-acuerda-reabrir-investigacion-sobre-agresiones-a-prensa-del-29m/).

La investigación realizada entonces por el Juzgado solo pudo identificar a uno de los agentes, debido a que, como es habitual y se ha venido denunciando por esta Comisión, dichos agentes actuantes no llevaban el número de placa visible, pero también debido a la nula colaboración de los mandos policiales a la hora de señalar quienes habían cometido la desproporcionada actuación.

“No existen indicios de que el agente pretendiera impedir el ejercicio de la libertad informativa de periodistas presentes”

Una vez identificado el presunto agresor, el Juzgado acordó incoar Juicio de Faltas, ya que entendía que los hechos únicamente serían constitutivos de una falta de lesiones.

Los denunciantes recurrieron planteando que existían indicios de que la agresión recibida tenía como objetivo impedir y dificultar su ejercicio del derecho a la información

Pues bien, tras un año de espera, finalmente la Audiencia Provincial ha resuelto el recurso estimando que “No existen indicios de que el agente pretendiera impedir el ejercicio de la libertad informativa de periodistas presentes“. Llama la atención que uno de los argumentos esgrimidos para llegar a tal conclusión es “la falta de unas alusiones expresas a la labor de ejercicio del periodismo por parte de los golpeados“. La Audiencia Provincial justifica así la actuación policial diciendo que los hechos se sucedieron de forma atropellada, por lo que los agentes cuando golpearon a los periodistas no podían saber que eran periodistas, pero además responsabiliza en parte a los golpeados por no haber aludido expresamente a su condición de reporteros. Llama la atención, decimos, porque como se ve perfectamente en los vídeos aportados que se aportaron a la causa (https://www.youtube.com/watch?v=FY0zD8C6rKQ) la policía golpea y aleja del lugar de la detención a personas con material de grabación claramente visibles y que además gritan que son prensa, y que si bien los primeros golpes se dan a la carrera la agresión contra todo aquel que se aproxima con una cámara continúa una vez ha frenado la carga.

Sobre la libertad de información y una sana sociedad democrática

No es la primera vez que nos encontramos con resoluciones de este tenor. Corren malos tiempos para la libertad de información y expresión, como hemos podido comprobar a lo largo del último año (proceso contra titiriteros, condenas a twitteras, raperas y humoristas, y un largo etcétera). Nos preocupa que se perpetúe el largo ciclo de la impunidad de las actuaciones policiales abusivas, de la mano de lo que cabe considerar una cierta falta de diligencia investigadora por parte de quienes están llamados a investigar las agresiones.

Quisiéramos solamente recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es de obligado cumplimiento en el Estado español en virtud del art. 10.2 de la Constitución Española, ha consolidado a lo largo de los años un extenso marco de protección de las libertades y derechos informativos, que nos corresponde reclamar en vía judicial y en la vida cotidiana, y que comprende:

  • El reconocimiento de la importancia de la presencia, en sociedades democráticas, de periodistas en las movilizaciones de protesta (Sentencia del TEDH Pentikäinen c. Finlandia).
  • La cobertura de movilizaciones de protesta forma parte del ejercicio de derechos que reconoce el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (que regula la libertad de expresión), siendo esencial para el desarrollo de cualquier sociedad democrática (Sentencias del TEDH Najafli c. Azerbaijan, Pentikäinen c. Finlandia).
  • Los periodistas habrán de gozar de una especial protección, debido a su papel de “perro guardián” de las sociedades democráticas (Sentencia del TEDH Handyside c. Reino Unido).

No es, por tanto, el caso ante el que nos encontramos, en el que nuevamente asistimos impotentes a una limitación clara del ejercicio de un derecho fundamental, sin que haya posibilidad de reparación en vía judicial. Tocará replantear las estrategias jurídicas, pero, fundamentalmente, recuperar en las calles los derechos erosionados.

Porque solo la lucha hace justicia

Comisión Legal Sol

Presentada demanda ante el T.E.D.H “Sal del bareto que te meto”

Desde la Comisión Legal Sol tenemos una gran noticia que comunicaros: por primera vez hemos roto la brecha estatal y nos hemos estrenado en el ejercicio del activismo jurídico ante instancias internacionales, concretamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Nuestra primera demanda al TEDH ha consistido en la defensa de los derechos de una de las agredidas por la Policía Nacional en el así llamado caso “Sal del Bareto… que te meto“, ocurrido en las calle de Madrid el 29 de septiembre de 2012, con motivo de Rodea el Congreso.

Es un caso de agresión policial que todas fácilmente recordareis, por haber sido grabado y difundido y por lo sobrecogedor de las imágenes, donde se puede apreciar a la Policía Nacional sacar a golpe de porra a las y los clientes de un bar para hacerles pasar por un pasillo de golpes según salen y obligarles a abandonar las inmediaciones sin filiarles ni detenerles. Pero, por favor, juzgad por vosotras mismas.

Entre éstas clientes del bar está nuestra defendida, a quien hemos llevado todo el proceso a nivel estatal -desde el Juzgado de Instrucción hasta el Tribunal Constitucional-, buscando que se investigase quiénes eran los agentes actuantes esa noche para imputarles como responsables de una falta por lesiones a nuestra defendida.

Ante la ausencia de respuesta de la autoridades judiciales del Estado español a nuestras reclamaciones, puesto que archivaron el caso por no poderse identificar a los agresores por no portar el número de placa obligatorio en su uniforme, nos hemos visto compelidas a recurrir al TEDH.

En nuestra demanda, enviada el pasado 30 de mayo de 2016, solicitamos al TEDH que haga valer un derecho que tenemos todas las personas presentes en el Reino de España, sea cual sea nuestro origen o status legal: la prohibición de la tortura, recogida en el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, denominado Convenio Europeo de Derechos Humanos o “CEDH”.

Como colectivo, haber trabajado en esta demanda nos hace especial ilusión por dos motivos:

– En primer lugar, porque el caso que hay detrás es verdaderamente sangriento y lo es, lamentablemente, en un sentido literal además de figurado.

Así lo creemos tanto por la gravedad de las heridas producidas a nuestra compañera como por la gratuidad con la que la Policía Nacional procede a agredir y lesionar a unas ciudadanas sin ningún tipo de provocación ni mediar, o al menos así lo parece por el contenido de las imágenes, ninguna finalidad lícita de orden público que legitime la intervención policial, y mucho menos una intervención policial tan agresiva.

– Y, en segundo lugar, porque la “novedad” que nos suponía acudir por primera vez al TEDH ha sido un motivo de emoción e impulso que nos ha servido para compensar la necesidad de largas horas de estudio e investigación requeridas para adaptarnos a los métodos y requisitos de ésta institución, con dinámicas tan estrictas y tan diferentes a las que estamos acostumbradas, así como para superar las dificultades formales y materiales.

Hemos tenido que afrontar dificultades de muy diversa índole, como la de hacernos con el “formulario tipo” obligatorio para presentar la demanda, que dispone de un espacio tasado para los Antecedentes de Hecho, para las Alegaciones, para los Documentos aportados… lo cual es una absoluta rareza para nosotras porque este tipo de restricciones formales son desconocidas en el Derecho interno del Estado español, y nos ha traído más de un quebradero de cabeza.

Pero las dificultades técnicas/formales no son las únicas, pues las dificultades de contenido o materiales también son de gran calado. Con clara diferencia, destaca el hecho de que ante el TEDH sólo se puede argumentar en base al Convenio que le da origen (CEDH) y en base la jurisprudencia sentada por el propio Tribunal en la resolución de casos anteriores.

Por nuestra experiencia en la Comisión Legal Sol estamos más que acostumbradas a la búsqueda de jurisprudencia, pero en el caso concreto de la jurisprudencia del TEDH nos encontramos con un grandísimo problema: el Ministerio de Justicia del Estado español mantiene una clara pasividad a la hora de cumplir su obligación de hacer accesible el Derecho válido, vigente y de aplicación en el Reino de España, puesto que prácticamente ninguna de las sentencias del TEDH está traducida al castellano.

Se escuda en que su función sí la cumple, puesto que se encarga de traducir al castellano las Sentencias del TEDH que tienen como demandado al Estado español, argumento que es claramente insuficiente porque, en realidad, todas las sentencias del TEDH afectan al conjunto de personas presentes en el Reino de España, dado que son las sucesivas sentencias las encargadas de aclarar qué significa y cómo se articula el escueto texto del Convenio. Creemos que es más que lógico que, ya que son sentencias de obligado cumplimiento, éstas estén accesibles a las ciudadanas en al menos una de las lenguas cooficiales del Estado español.

Ésta es una queja que no podíamos dejar de hacer porque, aunque al final entre las compañeras de CLS hemos conseguido estudiar la jurisprudencia del TEDH para darle forma a nuestra demanda, nos parece que haber tenido que revisar folios enteros de jurisprudencia en inglés y francés para reclamar el cumplimiento de un Derecho humano fundamental (como es la integridad física en oposición a la existencia de torturas), es una muestra de cómo el Gobierno del Estado español propicia la mayor cantidad de obstáculos posibles para dificultar la reclamación y reparación ante instancias internacionales de los errores de una Policía Nacional que no cumple con los mínimos estándares de actuación europeos sobre cómo debería ser y actuar una policía democrática.

Éste comunicado resume la historia del cómo y el porqué de nuestra primera demanda ante el TEDH.

La historia futura de qué recorrido tendrá y de cuánto tendremos que luchar para que nos la admitan y luego para que, frente a las alegaciones del Estado, nos la estimen, está por ver y será objeto de otros comunicados cargados de buenas o malas noticias.

De lo que no cabe duda es de vamos a tratar de aprender al máximo de los aciertos y errores de nuestra primera demanda, porque si nuestros derechos no son reconocidos y protegidos a nivel estatal tendremos que llegar a oídos de a quien verdaderamente le importen.

Ya hemos mandado la primera, no dudaremos en plantearles más porque, como cada vez que nos comunicamos con vosotras os decimos,

“Sólo la lucha hace Justicia”.

La historia del primer detenido de la Acampadasol del 15M

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15 de mayo de 2011. Tras una multitudinaria manifestación, un grupo de unas 30 personas deciden pasar la noche en la Puerta del Sol y lanzar por las redes un comunicado explicando sus motivos: “Queremos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos”.

El 16 de mayo Sol amanece y van acudiendo cada vez más personas a la plaza. Tras la asamblea de la tarde, más de 200 personas se reunieron para constituir las primeras comisiones de lo que en ese momento se empezó a conocer como la AcampadaSol. Una de ellas era la Comisión Legal Sol.

Juan N. también se encontraba en la Plaza esa noche. Llegada la madrugada, la gente se fue acostando en la plaza, entre cartones y sacos. Sobre las 5 de la mañana, varios efectivos de la 1ª Unidad de Intervención Policial se personaron en la plaza para desalojar a los concentrados. Éstos, por su parte, se juntaron en una sentada, y fueron siendo desalojados, no sin ofrecer una resistencia pasiva entre cánticos de “no a la violencia”. Las imágenes del desalojo se hicieron rápidamente virales y provocaron que el día 17 de mayo se “retomara” la plaza, ya no por cientos, sino por miles de personas.

Juan N. fue el último al que desalojaron esa madrugada. Se puede afirmar que ése fue su “delito”. Fue detenido y llevado a comisaría, donde al ser requerido para que designara abogada/o dio el nombre del abogado de la Comisión Legal que estaba de guardia. “¿Tienes su número móvil?” -Le preguntaron. “¿Cómo le vamos a localizar si no nos das su número móvil?” “Si no tienes su móvil y no conoces a otro tendrás que designar a uno de oficio”. Ante esta situación, Juan N. plasmó su firma solicitando un abogado de oficio, sin que quedara constancia escrita de la designación inicial.

En los últimos 5 años las personas detenidas nos han referido en varias ocasiones prácticas como ésta a la hora de designar a un/a abogado/o de confianza.

A Juan N. le pusieron en libertad sin pasarlo a disposición judicial. Al llegar el atestado al Juzgado, en el que se le acusaba de resistirse y dar patadas, la Jueza consideró que, como mucho, existían indicios de una falta (ahora delito leve) de desobediencia. Era un caso sencillo, sólo quedaba señalar fecha para Juicio de Faltas, en el que, como máxima pena, se enfrentaría a una multa.

En los últimos 5 años han sido reiteradas las veces que detenciones con acusaciones por delitos penados con hasta 3 o más años son consideradas como faltas por los Jueces y en su mayoría han acabado con absoluciones. Es lo que se ha denunciado como “detenciones de castigo”. No olvidemos que la ley prohíbe expresamente detener a una persona por cometer una falta.

Pero Juan N. tuvo el atrevimiento de denunciar. Denunció que habían mentido en el atestado y que le habían impedido ejercer su derecho de asistencia letrada. Y esa denuncia le ha supuesto casi 5 años de vivir bajo la amenaza de una pena de prisión.

Al llegar la denuncia al Juzgado se acordó admitirla por existir indicios de delito, pero eso sí, entonces su actuación también pasó de ser considerada indiciariamente como una falta, a un delito.

Juan N. tuvo que pasar entonces por distintas declaraciones, visionados de vídeos, testificales… que acabaron con dos solicitudes encima de la mesa del Juzgado. Una, para que se juzgara a los policías por delitos, entre otros, de falsificación de documento público (el atestado) y otra, para que se mandara únicamente a Juan N. a juicio por un delito de atentado penado con hasta 3 años de prisión.

Llegados a este punto la Justicia adoptó una de sus más injustas manifestaciones: no hacer nada. Ambos escritos durmieron el sueño de los justos en un armario de Plaza Castilla durante nada menos que 4 años.

En estos 5 años, son innumerables las personas que como Juan N. se ven obligadas a vivir durante años esperando a que la Justicia les dé una respuesta. Esta situación es especialmente grave cuando se denuncian malos tratos en comisaría, como los detenidos de Rodea el Congreso del 25S, que siguen esperando alguna respuesta a su denuncia de malos tratos en comisaría, o las personas detenidas en el 1er aniversario 1215M, que denunciaron cómo se abofeteó a una detenida en Moratalaz en presencia del resto.

Hace apenas 3 meses el Juzgado (con una Jueza distinta) decidió resolver. Sobreseyó con respecto a los Policías y mandó a Juan N. a juicio, dándole traslado al Fiscal para que acusara formalmente.

Sin embargo, el Fiscal finalmente decidió no acusarle. Se dio cuenta de que, cuando llegó el atestado, inicialmente se consideró como una falta, y no veía nada que hubiera cambiado esa apreciación final, por lo que solicitó que el procedimiento se transformara en un Juicio de Faltas. El Juzgado, que está sujeto al principio de acusación, se vio obligado a hacerlo.

Tras 5 años, 4 de ellos con la causa totalmente paralizada, la presunta falta de la que le acusaban a Juan está más que prescrita. Tras 5 años, Juan N. ha recibido un Auto en el que se acuerda el archivo de su causa. Tras 5 años, Juan N. puede hacer planes en su vida sin miedo a que una condena de 3 años de prisión los condicione.

Hay quien puede pensar que si Juan N. no hubiera denunciado, nada de esto le habría pasado.

Ésta es la historia del primer detenido de la Acampadasol del 15M, pero simboliza la historia de muchas otras personas que han sido detenidas estos 5 años por ejercer su derecho legítimo a protestar y cuyo final aún no está escrito.

En estos 5 años, desde la Comisión Legal hemos sido testigos privilegiados de cómo el aparato represor del Estado ha caído sobre un movimiento que, con sus legítimas demandas y con medios pacíficos, ha conseguido alterar el tablero político de España y, mucho más importante, la conciencia de muchas personas. También hemos sido testigos de cómo la solidaridad siempre ha estado por encima de su represión.

Por ello, queremos dar las gracias a Juan Nadie y a todas las Nadies que estos años han decidido poner su cuerpo para lograr “una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos”.

Nosotras, en este 5º aniversario, sólo podemos reafirmarnos en nuestro compromiso con ellas.

Porque sólo la lucha hace Justicia

Comisión Legal Sol 

PESE A SUS TRABAS LA JUSTICIA SE ABRE PASO: abierto juicio oral contra un funcionario de policía

Se abre juicio oral contra un funcionario de policía por presuntas agresiones a un manifestante el 14 de diciembre de 2013 en  #FueraMordazas.

El 14 de diciembre de 2013 se celebró una manifestación contra la Ley Mordaza en Madrid  en la que participaron más de dos mil personas. En el transcurso de la misma, un funcionario de policía de la U.I.P. (antidisturbios) agredió a J.M.F.V. golpeándolo repetidamente con su defensa, produciéndole una grave lesión en la mano de la que tuvo que ser operado, dejándole secuelas de por vida.

Habitualmente, cuando este tipo de hecho sucede en manifestaciones donde hay grandes aglomeraciones y mucha confusión, suele ser imposible identificar al agresor debido a la presencia de un gran número de funcionarios, su ilegal costumbre de no ir identificados, y también, por qué no decirlo, por la falta de colaboración de las propias FCSE en la identificación del agente en concreto que se extralimitó en sus funciones. A estas dificultades se le suele añadir la falta de interés en general de la fiscalía y los jueces en investigar este tipo de sucesos.

Sin embargo en este caso, y gracias a la encomiable labor de los periodistas que cubren este tipo de acontecimientos y a su material audiovisual, se ha podido identificar, presuntamente, al autor de estos graves hechos. Después de más de dos años, se abre juicio oral contra el funcionario de policía que parece ser el autor, no sin innumerables dificultades procesales.

La identificación pudo hacerse en parte por el N.O.P., el número de operativo policial que llevan en la espalda los antidisturbios en el curso de sus intervenciones, y que, aunque no es el número profesional del funcionario (personal e intransferible), la Dirección General de la Policía sí dispone de la información relativa a qué agente porta en cada intervención cada N.O.P. Gracias a ello se ha podido evitar el habitual archivo por no poder identificar al agresor que suele ser tan  normal en estos casos.

Creemos que es importante valorar el esfuerzo realizado por la ciudadanía y por distantas organizaciones y colectivos en exigir que los funcionarios de policía porten visible su identificación, esfuerzo realizado a través de denuncias  y quejas , y que provocaron la implantación de los chalecos con el N.O.P. para los funcionarios de la U.I.P.

Por otro lado, llama la atención el contraste de obstaculos que nos encontramos en procedimientos como este con respecto a la causa abierta en otro Juzgado contra varios manifestantes detenidos ese mismo día. Sorprende en especial la actuación del Ministerio Fiscal, quien sin acudir a ninguna diligencia y otorgándole una presunción de veracidad a todo lo manifestado por los antidisturbios solicita penas de hasta 6 años contra las/os manifestantes detenidos ese mismo día. En este caso, a pesar de las imágenes que recogen lo realmente acontecido, solicitó el archivo de las actuaciones con respecto del funcionario de policía al que ahora se le abre juicio oral, dejando clara la doble vara de medir en sus intervenciones.

“Solo la lucha hace justicia”

 

CONDENAN A PATRI A 6 MESES DE MULTA POR UN DELITO DE LESIONES Y OTRO DE RESISTENCIA

El pasado 10 de marzo se celebró el juicio contra Patri T, quien participó en una sentada pacífica en 2011 para tratar de parar un desahucio en el barrio de Manoteras perteneciente al distrito de Hortaleza de Madrid. Se enfrentaba a una petición de 3 años de prisión y 8.900.-€ de indemnización por un delito de lesiones y otro de atentado contra agente de la autoridad.

La acusación se basaba en las manifestaciones de los funcionarios de policía que sostenían que al ser levantada Patricia dio dos patadas a un agente haciéndole caer al suelo motivo por el cual este se fracturó el codo. Patricia siempre ha reconocido que participó en la sentada, pero en todo momento ha negado los hechos que se le imputan y que ningún funcionario se cayera al suelo. De hecho, y a pesar del gran número de medios de comunicación nacionales e internacionales presentes el día del desahucio ninguno tiene constancia ni existen imágenes de que se produjera caída alguna, mucho menos de algún tipo de agresión a los agentes actuantes.

Pues bien, en la sentencia que se acaba de dictar, Patri ha sido condenada por el delito de lesiones a 3 meses y 1 día de multa por un lado, y por un delito de resistencia (que no de atentado contra agente de la autoridad como pedían el Fiscal y la acusación) a 3 meses y 1 día de multa. La indemnización al agente denunciante se ha reducido hasta los 5.721-€.

En el juicio se denegó a la defensa la posibilidad de reproducir un vídeo que obraba en la causa, y en el que se puede ver como el agente siguió actuando con total normalidad tras el desalojo de Patri, lo que contradice lo declarado por él mismo, quien siempre ha afirmado que tras la patada sufrió un fuerte dolor y que no pudo volver a actuar. Incluso tras el visionado del vídeo que sí se realizó en Instrucción, el propio Policía se reconoció en las imágenes.

Asimismo, la sentencia dota de mayor credibilidad a los testigos de la acusación (todos agentes del cuerpo de Policía Municipal de Madrid) que a los de la defensa, a pesar de que uno de los testigos por esta aportados y que se encontraba junto a Patri declaró que en ningún momento vió caer a ninguno de los agentes, y otra testigo, pareja del anterior y que por lo tanto estaba pendiente de lo que ocurría en esa zona, vio en todo momento a los funcionarios de policía de espaldas sin que ninguno se cayera de espaldas al suelo.

Por último, la sentencia recoge algo que se ha venido denunciando a lo largo de estos cuatro años de espera y que, lamentablemente, es habitual en este tipo de casos: una dilaciones indebidas de un año y 11 meses que, más allá de lo estrictamente jurídico, suponen para los acusados un pena añadida.

Con todo, nos alegramos que con esta Sentencia se haya acabado la amenaza que pesaba sobre Patri de ingresar en prisión pero también creemos que es una Sentencia injusta, que condena a una persona inocente a la que no se le ha permitido utilizar todos los medios de prueba que tenía a su disposición y cuya presunción de inocencia se ha visto enervada por la mera declaración de los funcionarios de policía.

Es por ello que recurriremos la Sentencia y agotaremos todas las opciones a nuestro alcance para conseguir el único resultado que consideramos justo: la total absolución de Patri con respecto a la agresión por la que se le condena.

Sentencia Patri

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

EL 10 DE MARZO JUZGARÁN A PATRICIA, DETENIDA TRAS UN DESAHUCIO EN 2011. ¡INFÓRMATE Y AYÚDANOS A DEFENDER EL DERECHO A LA PROTESTA!

Han pasado cuatro años y tres meses: el 18 de noviembre de 2011 tuvo lugar el desahucio de Azucena y de su familia, entre ellos varios menores, de su domicilio en Manoteras. La propietaria del piso es la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS).
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Patri, una vecina de Hortaleza, acudió a la llamada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de la Asamblea Popular del 15M Nudo de Manoteras, para tratar de aplazar el desahucio a través de una sentada pacífica en el portal, con el único recurso de interponer su cuerpo y ejercer con el mismo una resistencia pasiva.  
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No lo consiguieron. Poco a poco, el recién disuelto cuerpo de antidisturbios de la Policía Municipal fue sacando a las casi 100 personas que se encontraban sentadas delante de la puerta del edificio, entre ellas a Patri, ante la mirada de reporteros que pudieron grabar los hechos a escasos 2 metros.  
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Nueve horas más tarde, ya en su casa, Patri escuchó cómo llamaban a su puerta. No podía imaginar que quien la visitaba era una pareja de Policías Nacionales que la “invitaron” a acompañarles a comisaría, para una vez ahí comunicarle que estaba detenida por un delito de atentado contra la autoridad. Ni siquiera pudo coger los bolígrafos de insulina de su casa, los cuales necesita para tratar su diabetes tipo I (insulino-dependiente, que le obliga a suministrarse varias dosis diarias de esta sustancia, bajo riesgo de sufrir un coma diabético en caso de no hacerlo).  
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Cuatro años y 3 meses después, Patri se enfrenta a una petición de 3 años de prisión y 8.900.-€ en concepto de responsabilidad civil. Uno de los funcionarios de la Policía Municipal le acusa de haberle propinado dos patadas cuando la estaba levantando, lo que según su versión provocó su caída y una fractura del coronoides. Ningún testigo, aparte de los Policías Municipales, recuerda que se cayera agente alguno durante el desalojo. Ninguna de las grabaciones del desahucio recoge esa supuesta caída. Nadie hasta el día de hoy ha dado una explicación convincente de por qué no la detuvieron en ese mismo momento.
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Patri siempre ha reconocido que participó en una sentada pacífica, pero niega que diera patada alguna a ningún policía. El próximo 10 de marzo juzgan a Patri. Existe un riego real de que ingrese en prisión si finalmente es condenada, a pesar de no tener antecedente penal alguno.  
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Este año vamos a tener que asistir a muchos juicios por hechos ocurridos al calor del 15M, el caso de Patri es uno de ello. Nosotras vamos a defenderla el 10 de marzo en los estrados, y te invitamos a que nos acompañes, a que acompañes a Patri, para demostrar que la solidaridad y el apoyo mutuo siempre estarán por encima de la represión.
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Apoya y difunde
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Porque sólo la lucha hace Justicia”
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Comisión Legal
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Hashtag: #PatriAbsolucion
Twitter: @PatriAbsolucion
Comunicado de la Plataforma de apoyo a Patricia: https://solidariosenapuros.wordpress.com/comunicado-patricia-absolucion/
Comic sobre el caso de Patri: http://rantifuso.es/solidaridad-con-patricia/