Sobre el turno de oficio (publicado en el periódico 15M News)

El 11 de Junio todos y todas conocimos el avance de la información sobre los nuevos recortes que la Comunidad de Madrid quiere implementar en los servicios públicos de Justicia. Además de los ya conocidos recortes en los salarios del funcionariado, de una media del 3,3%, esta vez también han metido la tijera en los presupuestos destinados al acceso a la justicia gratuita.

Así, la Comunidad de Madrid ha decido destinar un 20% menos de dinero para sufragar los costes del Turno de Oficio. Además, los letrados y letradas que desempeñan el servicio público de la llamada Justicia Gratuita, han venido viendo como desde el 2003 no se actualizan los baremos de retribución a tenor del IPC, lo que significaría un detrimento real de un 25,9% en sus remuneraciones, según datos del Colegio de Abogados.

Además de los recortes programados, desde la Comunidad de Madrid viene retrasándose de manera continuada el pago de los honorarios de la abogacía, haciendo cada día más insostenible la situación de los letrados y letradas, precarizando su situación y dejando sin efecto el derecho a la tutela judicial efectiva.

Los abogados y las abogadas del turno de oficio trabajan las 24 horas del día de los 365 días del año asistiendo a miles de personas en los más diferentes sitios: comisarías, Barajas, juzgados y tribunales o en los servicios de orientación jurídica, cumpliendo una fundamental labor inherente al Estado social y de Derecho, que la Comunidad de Madrid quiere suprimir.

La Comunidad de Madrid, no solo no actualiza los honorarios y los recorta, sino que cada día implementa requisitos más exigentes para el reconocimiento del derecho a los beneficios de la Justicia Gratuita. El Turno de Oficio y las diferentes oficinas de los Servicios de Orientación Jurídica son pilares del derecho constitucional de acceso a la Justicia en condiciones dignas e iguales.

Las pretensiones privatizadoras no están alejadas de las medidas que se están adoptando. En el campo de la atención a las personas migradas o sobre derecho de extranjería ya se han implementado experiencias privatizadoras que marcan un peligroso camino hacia atrás en la defensa el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los desfavorecidos y desfavorecidas.

A la vez que los diferentes Gobiernos tipifican como delitos cada vez más actuaciones, facilitan la unilateralidad de las modificaciones de las condiciones laborales y facilitan los despidos o los desahucios, dificultan, y de qué manera, a los ciudadanos el procedimiento para reclamar la tutela judicial.

En esta línea de desmantelamiento de la poca justicia que quedaba en el servicio público de la Justicia el Gobierno central quiere imponer un sistema de tasas para poder recurrir o por determinadas actuaciones jurídicas que no es otra cosa que imponer el “repago” tal y como ya se está implementando en la Sanidad.

Las administraciones políticas profundizan de esta forma el desmantelamiento de la Justicia a la vez que se reducen los derechos de todos y todas a reclamar por lo que cada cual considera su derecho. Para quienes nos gobiernan, la Justicia, como poder independiente del Ejecutivo, les molesta e incomoda y, como servicio público al servicio de los ciudadanos, la desprecian, , estimándola una carga improductiva, en votos y dividendos económicos, y olvidando su importancia como instrumento de regulación de conflictos y de realización de derechos por parte de los ciudadanos.

El temporal neoliberal que pone en peligro derechos básicos como la educación o la sanidad, no se para en las puertas de los juzgados sino que se introduce cada vez más en la Administración de Justicia.

 

Comisión Legal Sol

 

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