Balance sobre las sanciones administrativas

 

En estos tiempos de neoliberalismo, por acudir a una manifestación o concentración también acaba uno pagando. Desde el 15 de mayo de 2011 se han iniciado más de setecientos expedientes sancionadores, sólo en Madrid, lo que equivale a aproximadamente 225.600 euros en multas. Esta práctica, que se está convirtiendo en sistemática, resulta en una represión de baja intensidad, con características propias pero tan indeseables como la de cualquier otra técnica represiva de la disidencia.

 

Las formas más tradicionales de represión de la protesta, las cargas policiales y las detenciones, llevan aparejada una visibilidad que permite que la ciudadanía vea y valore las circunstancias en que las mismas se han desarrollado. Ello facilita las muestras de apoyo a quienes sufren tal represión y la posibilidad de compartir su experiencia. Por el contrario, el recurso a la sanción administrativa redunda en una invisibilidad casi absoluta de la práctica represiva. En primer lugar, la notificación del acuerdo de iniciación al expedientado tiene lugar generalmente meses después del momento en el que se realizó la identificación que origina el expediente sancionador. En segundo lugar, la notificación se realiza al domicilio del expedientado, la recepción se hace en privado, incidiendo con ello en el factor de individualidad inherente a esta práctica sancionadora, dificultando la generación de una identidad colectiva de represaliado. Finalmente, optar como vía represiva por el procedimiento sancionador administrativo, en el que la sanción aparejada a la infracción es una multa, resulta particularmente ruin: paradójicamente, en un contexto de crisis económica, se reprime la movilización ciudadana precarizando aún más a quienes protestan por las consecuencias de la precariedad.

 

El modus operandi es de sobra conocido: al inicio de una movilización, agentes de policía comienzan a identificar a quienes se van congregando en el lugar. El motivo aducido por éstos suele ser que se trata de “un control rutinario”, basado en la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo artículo 20 prevé la obligación de identificarse siempre que un agente así lo solicite. Estas identificaciones son las que posteriormente dan lugar a la iniciación de expedientes sancionadores, basados en informes policiales que vinculan el carácter no comunicado de la concentración en cuestión con la imposición de una multa. Ahora bien, la realidad es que la mera participación en una concentración en ningún caso es sancionable, haya sido o no la concentración previamente comunicada.

 

De manera interesada, se están emitiendo por las autoridades mensajes contradictorios y confusos respecto de la obligación de comunicar las concentraciones, del carácter no comunicado y de los supuestos de ilegalidad de las movilizaciones. Conviene recordar que una concentración no comunicada no es en modo alguno una concentración ilegal. Sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquéllas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos (art. 513 del Código Penal). En segundo lugar, la falta de comunicación previa únicamente puede implicar la sanción de los convocantes de la concentración (art. 23.c de la Ley de Seguridad Ciudadana). En conclusión: no comunicada no equivale a ilegal y en ningún caso prevén las normas que puedan ser sancionados los participantes. Es sabido que sancionar a un individuo sin que exista una base legal que lo permita es una práctica arbitraria de la administración y por tanto un comportamiento inconstitucional, puesto que el art. 9 de la Constitución prohíbe expresamente la arbitrariedad de los poderes públicos.

 

No escapa a nadie que la intención de las identificaciones sistemáticas de participantes en movilizaciones tiene dos intenciones claras: intimidar y desmovilizar. Quien es requerido para identificarse es consciente de la posibilidad de ser posteriormente sancionado, por su mera participación en la movilización.

 

Comisión Legal Sol

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