Sobre la anunciada reforma del Código Penal

El pasado 11 de octubre, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó al Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma del Código Penal. Con la excusa de “reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra violencia callejera”, fortalecen la herramienta de castigo contra la población más pobre y más disidente.

 

Dicha propuesta no se aleja demasiado de la corriente imperante en los últimos tiempos en lo que a política criminal se refiere, que ha sido denominada por algunos como “derecho penal del enemigo” y que no es otra cosa que una respuesta “de manual” ante la creciente conflictividad social provocada por los desmanes del sistema financiero internacional. El estado español es en los últimos tiempos, discípulo aventajado de esta corriente represiva en la que los derechos fundamentales se interpretan en su extensión mínima, las libertades se restringen sometiéndolas a autorizaciones previas, burocracias cansinas y vigilancias orwelianas y las sanciones se dispensan “a granel” y de manera desproporcionada.

 

Entre las modificaciones que se proponen por parte del Gobierno se encuentra una batería destinada a atemorizar a las personas que participen en las movilizaciones ciudadanas. En ese contexto tenemos que destacar la creación de un nuevo tipo agravado del de “alteración del orden público” cuando estos se producen en una manifestación o “reunión numerosa” o con ocasión de ellas. Pretenden penalizar la ocupación de domicilios de personas jurídicas, aunque se encuentren abiertas al público y se cause con ello “perturbación relevante de su actividad normal”, pretendiendo así cohibir a la ciudadanía a protestar, por ejemplo, en las sedes de las instituciones financieras.

 

Además se propone considerar la desobediencia leve a la autoridad únicamente como infracción administrativa (más multas, menos garantías), la penalización de la resistencia, esta vez sin diferenciar activa o pasiva, o “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 558 CP, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. ¿Hemos de entender que se puede acabar en prisión por pegar carteles de convocatoria o repartir panfletos u octavillas informativas? ¿Pretenden criminalizar el acto voluntario, consciente e informado de tomar la decisión de participar en una concentración o manifestación que concluya en disturbios pese a no tener nada que ver con ellos? ¿Se han decidido por fin a criminalizar la libertad de opinión o pensamiento? Sin duda parece que se están dando pasos hacia ello.

 

Nada se dice de cosas como promover los valores democráticos entre los cuerpos policiales o formar a los agentes en técnicas de mediación u obligar a los agentes, de una vez por todas, a cumplir la normativa en cuanto a llevar visible el número de identificación profesional o implantar mecanismos de prevención de la tortura, o sancionar el uso de material antidisturbios no reglamentarios (porras extensibles) o prohibir el uso de armas potencialmente letales (pelotas de goma). Al parecer ninguna de esas medidas están dentro de su concepto de “seguridad ciudadana”

 

En realidad lo que subyace detrás de lo propuesto por el Gobierno es un reconocimiento tácito del fracaso del estado social y democrático de derecho. La fractura social que se expande cada vez con mayor grosor bajo los pies del gobierno, no quiere ser tapada con medidas sociales o de cooperación, sino que se ha decidido ya acudir directamente a las policiales y de confrontación, y es por ello que se hace necesario dotar al Estado de una normativa acorde con dicha situación.

 

Estas medidas lo que señalan es una miope concepción del espacio público como espacio de democracia. Se quiere arrebatar al pueblo la calle como lugar de protesta o de muestra del descontento social. Se viste de “violencia callejera” la legitima protesta social en un mensaje preocupante que vuelve a colocar al ciudadano como enemigo del Estado en el que pretendidamente ha de desarrollarse como persona. Eso si, sin salir de casa.

 

Comisión Legal Sol

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