Comunicado sobre lo sucedido el 23F y queja presentada ante el Colegio de Abogados de Madrid

Desde la Comisión Legal de Sol queremos hacer una reflexión sobre los hechos sucedidos en torno a la movilización del 23 de febrero de este año, con motivo de la manifestación unitaria de las Mareas.
Observamos con preocupación cómo, una vez más, Delegación de Gobierno apostó por la criminalización de la protesta en los días previos, señalando, a través de sus medios de comunicación afines, a determinados colectivos como potenciales instigadores de “actos violentos”, en una línea -por desgracia, sostenida- que pretende dividir a los manifestantes en “buenos” y “malos”. Esta tendencia, destinada a enfrentar a los manifestantes, señalando y estigmatizando a parte de ellos, tiene el claro objetivo de desmovilizar a la ciudadanía, coartando el libre ejercicio de los derechos fundamentales, justamente por parte de quienes deberían garantizar su pleno desarrollo, y lo hace en un contexto en el que es precisamente el gobierno el que da muestras constantes de prácticas criminales y destila una genealogía de corrupción y podredumbre que pretende tapar cualquier respuesta con represión, chulería e hipocresía, asistido por fieles servidores en ciertas instancias del estado.
Sin ir más lejos, la delegada se permitió señalar que la mera existencia de un equipo jurídico para defender a los manifestantes de las agresiones de la policía -que ha existido en todas y cada una de las movilizaciones desde el 15 de mayo del año pasado, hasta el día de hoy- presuponía por nuestra parte un previo conocimiento de la previsible comisión de hechos delictivos. Lamentamos tener que reconocerle a la delegada que presumíamos, efectivamente, la comisión de graves delitos, que finalmente se produjeron: detenciones ilegales, tratos degradantes y lesiones a los detenidos, así como un nuevo incumplimiento de la instrucción 13/2007 que obliga a sus agentes a ir debidamente identificados, haciéndoles impunes, como siempre, frente a las denuncias que por tales hechos pudieran presentarse.
Observamos igualmente con preocupación los hechos a los que asistimos el día 23 y siguientes, que se concretan en políticas represivas selectivas y de extrema dureza:
-La existencia de cargas indiscriminadas que tenían por objeto “escarmentar” a familias con hijos, pensadas para desincentivar la participación familiar en tales eventos;
– Cargas que se desencadenan por iniciativa de la propia policía, que desenfunda todo su material antidisturbios (cascos, escudos y cañones de pelotas de goma) y se distribuye en la plaza de Neptuno, comenzando a desalojarla, a las ocho en punto de la tarde;
-Emboscadas a ciudadanos (hubieran participado o no en la manifestación), que fueron encerrados en las calles y detenidos en bloque (recordamos que cerca de la mitad de las personas detenidas lo fueron en una sola calle);
-Un alto número de policías infiltrados entre los manifestantes, que practicaron detenciones con una violencia desproporcionada (a un detenido llegaron a romperle una botella en la cabeza para reducirle);
– Maniobras oscuras, como el hallazgo por parte de la policía de una mochila con cócteles molotov de propietario (aún) desconocido, en las proximidades de la manifestación, para criminalizar la protesta;
-Y un número muy considerable de personas detenidas -cuarenta y cinco-, de las cuales el 20% eran menores de edad, mientras que la gran mayoría eran personas muy jóvenes.
-Y un número muy considerable de personas detenidas -cuarenta y cinco- la gran mayoría de ellas muy jóvenes y de las cuales un 20% eran menores de edad.
Hemos sido testigos de un cambio en el repertorio policial a la hora de cargar y en el público al que se dirige la represión: si durante meses hemos estado diciendo que esto “le podía pasar a cualquiera” ahora intuimos que ese “cualquiera” no es tal, sino quien potencialmente más podría desmovilizarse.O bien  lo hacen de modo absolutamente intencionado, con premeditación y planificación, o bien la única otra alternativa sería reconocer una ineptitud policial manifiesta a la hora de realizar su trabajo… aunque no son opciones excluyentes.
A todo ello cabe añadir el trato que recibieron los letrados y letradas que fueron a asistir a los detenidos en comisaría, quienes se vieron obligados a permanecer varias horas a la intemperie a bajas temperaturas (cuando existen instalaciones habilitadas en el interior para su permanencia); el trato recibido por las familias (habitual, pero no por ello menos denunciable), a las que no se les explicó en ningún momento dónde ni cómo se encontraban sus hijos, y que tuvieron que aguantar, como nosotras, cómo los agentes de la garita les hacían gestos soeces y cómo los antidisturbios les insultaban cuando entraban las furgonas en Moratalaz; así como el trato recibido por los detenidos, que presentan, en la mayoría de los casos, lesiones muy considerables que ninguna “mínima fuerza imprescindible” puede justificar, y que fueron defendidas por algunos agentes cuando la entrada de numerosos SAMURs alarmó a los familiares (recordamos que llegó a haber 8 detenidos hospitalizados). Nos preocupa, además, que aparezcan mochilas sin propietario conocido, pero que “legitiman” el escenario de dureza que hemos vivido. Nos preocupa, por último, que al día siguiente, 13 personas de un colectivo sean detenidas, después de haber sido señaladas proféticamente en los medios antes de la movilización, como potenciales responsables de lo que había de suceder, y que, al sufrimiento que padecen ellos y sus familiares, se una el “aviso a navegantes” para el resto de las personas movilizadas.
Hemos decidido poner en conocimiento de la ciudadanía estos hechos, por su gravedad, pero también por la tendencia -a la que no somos ajenos- a naturalizar la aberración, en la medida en que “siempre sucede”. El carácter tristemente ejemplarizante de unas cargas indiscriminadas cuyo saldo ya nos habían anunciado, nos hace temer la generación de una escalada represiva cada vez más acusada, que evidencia la arbitrariedad e impunidad de la actuación policial, no solo consentida, sino promovida desde la propia Delegación de Gobierno.
Que ya no nos sorprenda el trato a los letrad@s, los detenid@s y las familias en comisaría, que sea “lo normal” que no se informe o que se insulte; que se dificulte el trabajo o se “castigue” a los letrados; que hayamos de contar con la posibilidad de que los detenidos sean brutalmente agredidos durante la detención o en dependencias policiales; que los manifestantes “buenos” sean los que se van cuando llega la hora, y los “malos” los que se encuentran a la policía minutos más tarde, son elementos de un consenso generalizado y antidemocrático que tenemos la obligación de romper.
Cada uno de los elementos de esa ecuación, en la que se conjugan la “inevitabilidad” con la “naturalidad”, asumidas a base de costumbre, constituyen graves vulneraciones y violaciones de derechos ciudadanos que habremos perdido si no los denunciamos. No podemos ni debemos  consentir que ni uno solo  de ellos se vuelvan a repetir, a costa del  sufrimiento de la gente, a  costa de la normalización del horror. Entendemos  que más que nunca,  es el momento de indignarse ante lo que se está convirtiendo en la tónica general; denunciando hasta la extenuación la anormalidad de la “normalidad”. Es el momento, más que nunca, de seguir luchando en todos los ámbitos, y por supuesto no dejando de alzar nuestra voz en las calles.

 

Comisión Legal Sol
La Comisión Legal y varios abogados que asistieron a personas detenidas el 23F han presentado una queja por estos hechos ante el Colegio de Abogados de Madrid
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