La anunciada Ley de Seguridad Ciudadana o el “Derecho Sancionador del Enemigo”

En los últimos días, los medios de comunicación alertaban de que la ejecutiva del Partido Popular pretendía aprobar la modificación de la actual Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana durante el próximo año, tercero de la legislatura, en el marco de un proyecto de reforma y adaptación de los principales canales legislativos por los que el Estado ejerce el poder coercitivo. Aunque a lo largo de dos años de legislatura hemos asistido a un recrudecimiento de la práctica represiva de la protesta mediante la aplicación encarnizada de la legislación vigente (447 personas detenidas y 1.010 personas sancionadas, solo en la ciudad de Madrid), este anuncio no hace sino constatar la insuficiencia de las herramientas existentes para poner freno a la intensa movilización social de los últimos tiempos y la premura de la clase política por acallar la creciente respuesta en la calle.

No podemos dejar de alegrarnos por las numerosas protestas que ha suscitado este anuncio de reforma, pese a que constatamos con cierto estupor el relativo silencio comparativo que generó hace ya un año el anuncio de reforma del Código Penal -cuyo proyecto se haya en las últimas etapas de tramitación parlamentaria-, en la medida en que resulta imposible entender una medida separada de la otra.

Como bien lleva días predicando el Ministro del Interior, la reforma del Código Penal implica tener que reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, al desaparecer las faltas, que en unos casos se convierten en delitos leves y en otros pasan a ser sanciones administrativas. Se busca, así, penar lo que antes no era delito y sancionar por lo que un Juez no condenaba, poniendo directamente en manos de la Administración una gran parte de la represión; la menos visible, la más efectiva.

La enésima articulación del argumento de la saturación de los Tribunales no se resuelve reforzando presupuestariamente y con más personal los atestados despachos del poder judicial, sino consolidando la burorrepresión y apostando por la individualización del castigo, afianzando una práctica que algunos medios han comenzado a llamar “Derecho Administrativo del Enemigo”. Esta expresión nace del ya consolidado concepto “Derecho Penal del Enemigo”, ampliamente utilizado en Estados autoritarios, el cual, a diferencia del Derecho Penal ordinario, adelanta la punibilidad en base a riesgos futuros y no a hechos concretos, incrementa las penas y, todo ello, con una excesiva relajación e incluso supresión de las garantías procesales. Con todo, este Derecho Penal del Enemigo define a determinados grupos y colectivos como enemigos, no como ciudadanos; enemigos en tanto que colectivos de alta peligrosidad para la seguridad del propio Estado, perseguidos no por lo que hacen, sino por lo que son.

Así, la actual práctica sancionadora de la administración se consolidaría como una práctica represiva específica que funcionaría en lógica similar. El poder ejecutivo, consciente de que en la actualidad el proceso penal tiene mayores garantías y más independencia que el proceso administrativo, elimina del Código Penal algunos contenidos, que pasan a ser competencia de la Administración, atribuyéndose materias que hasta hoy han sido propias del poder judicial; pasa, por tanto, a ser juez y parte del procedimiento sancionador, generando la práctica de lo que entendemos como “burorrepresión” o represión de baja intensidad.

Bajo esta lógica, las claves de la apuesta por la sanción estriban en su alta capacidad de repercusión sobre población precarizada (basta constatar el impacto que han tenido las sanciones de 300€ por desórdenes o desobediencia, impuestas con la ley vigente sobre los bolsillos de quienes protestaban por la crisis); su invisibilidad (la sanción se envía a tu casa, sin necesidad de cargas, sin la espectacularidad de la represión abierta); su individualidad (afecta directamente a tu patrimonio) y la falta de garantías procesales.

Por si no bastara con todo esto, la aprobación de la Ley de Tasas consigue disuadir a quienes se empeñan en recurrir ante los tribunales buscando amparo frente a la imparcialidad. El broche que faltaba (nuevas tipificaciones de infracciones, cuantías más elevadas) acaba de llegar de la mano del Ministro del Interior responsable del saldo represivo más abrumador de los últimos treinta años. Veamos qué dice el borrador.

Claves de la anunciada reforma de la LO 1/1992, también llamada “Ley mordaza”

Aunque no hemos tenido acceso a la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros del viernes 29 de noviembre, algunos medios de comunicación han filtrado un borrador del texto, que procedemos a revisar. Cabe destacar, en la misma línea de la avanzada reforma del Código Penal, la tendencia a la legislación ad hoc, penalizando actuaciones claramente adscribibles a movimientos sociales fácilmente reconocibles, motivo por el que la reforma ha sido denominada también “Ley Anti15M”.

Varios son los elementos que nos preocupan, de forma muy alarmante, del nuevo texto. La criminalización a la que quiere someterse, no solo a los movimientos sociales, sino a determinados colectivos, como el de las prostitutas o el de los migrantes; la extra protección de la que se dota a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fomentando y protegiendo la ya muy practicada arbitrariedad de sus acciones y, sobre todo, el cerco que se establece alrededor de las prácticas que, de forma cotidiana, realizamos en la calle: debatir, construir colectivamente, tomar partido en los asuntos políticos que nos afectan.

Este es un pequeño resumen del borrador del nuevo texto a la espera de la publicación definitiva en el B.O.E.

Sobre la obligación de identificarse

El art. 16 del borrador reforma el antiguo art. 20 de la LO 1/1992, que establecía que “Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas”. En el nuevo texto, los supuestos en los que los agentes podrán requerir la documentación se especifican levemente, manteniendo la ambigüedad inicial, señalando como supuestos “el cumplimiento de las funciones de seguridad ciudadana, prevención delictiva y de infracciones administrativas”.

Aunque el margen de discreccionalidad que se mantiene es amplio, cabe destacar que la mera intención de imponer una sanción se convierte en sí en una causa justificadora, hecho que tendría sentido si no lleváramos dos años comprobando cómo la imposición de sanciones se caracteriza precisamente por la aleatoriedad y la necesidad de completar “cupos”.

Se señala, además, en su apartado 3 que “Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir en todo momento la identificación de las personas que lleven el rostro embozado”, asimilando un precepto de la legislación alemana y que se configura como medida específica de criminalización de la protesta, sugiriendo la numerosa presencia de personas encapuchadas en las movilizaciones.

En este sentido, el Ministerio de Interior está haciendo oídos sordos a las recientes sentencias judiciales que reconocen que existen, y que de hecho se dan cada vez con más frecuencia, identificaciones interesadas contra colectivos concretos. Y no solo eso, sino que, con el nuevo texto, y lejos de regular de forma más clara y concisa los casos en los que los agentes pueden solicitar la identificación, amplía esta potestad y la reviste de aún más arbitrariedad.

Además, se concreta la creación de un “libro-registro” de personas identificadas, a cargo del Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, que se remitirá periódicamente al Ministerio Fiscal, entendemos que a efectos de determinar si hay motivos para introducir responsabilidad penal, y consolidando con ello la existencia de ficheros de activistas por parte del Ministerio del Interior.

Por último, el nuevo texto prevé expresamente que en los supuestos de negativas infundadas a identificarse, práctica promovida por la Plataforma por la Desobediencia Civil, “se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en esta ley”, dando prioridad a la vía penal sobre la sancionadora.

Restricción del derecho a la libre circulación. Nuevas potestades de la Policía.

El nuevo art. 17 establece que la policía podrá limitar o restringir “la circulación o permanencia en vías o lugares públicos” y también establecer “zonas de seguridad” cuando se altere, o prevean que se puede alterar, el orden público. Se consolida así la excepcionalidad actual de las prácticas de acordonamiento que impiden movilizaciones en determinadas ubicaciones (como en la denominada “Operación Jaula” que impidió el acceso a la Plaza de Oriente el 28 de septiembre).

El mismo artículo da carta de naturaleza a los cacheos indiscriminados en los accesos a movilizaciones y también durante las jornadas de huelga, permitiendo a los agentes “establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos”, identificar, registrar e incautar enseres. La misma medida se amplía a “personas, bienes y vehículos” cuando haya motivos para creer que se va a alterar el orden público.

En los mismos supuestos, podrán desalojar y cerrar establecimientos, prohibir el paso o retener a personas o evacuar espacios públicos, legitimando con ello la extendida práctica de sacar a manifestantes que se refugian de las cargas en los bares.

Uso de videocámaras

La nueva ley permitirá a los agentes de policía grabar a “personas, lugares y objetos”, sin especificar bajo qué supuestos se puede proceder a ello, bien sea accediendo a las cámaras videovigilancia existentes o utilizando unidades móviles. Si en los últimos tiempos era habitual ver a agentes con videocámara en las movilizaciones, se aclara con ello el marco legal en el que pueden hacerlo.

El hecho de que no quede bien definido cuándo pueden grabar sus actuaciones en vídeo genera un panorama muy proclive al encubrimiento de sus actuaciones: tanto si estamos en vía administrativa como ante el juez, será el Policía quien tenga la posibilidad de aportar o no el vídeo. Cuando éste convenga al Policía y perjudique al manifestante, siempre será aportado; por contra, cuando el vídeo refleje claros abusos policiales podrá no aportarlo al procedimiento, alegando que no siempre se graban las actuaciones porque la LSC no es clara a este respecto.

Disolución de manifestaciones

No se modifican los supuestos de disolución de movilizaciones, pero sí se introduce una distinción entre “supuestos de desorden material”, en los que la disolución deberá ser anunciada, incluso verbalmente, y los supuestos de riesgo o efectiva “alteración que se produzca con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta”, en los que no será preceptivo el aviso.

Sujetos responsables en caso de sanción

Aunque el articulado establece que será sancionado la persona que cometa la infracción, se introduce una nueva modalidad de “responsables solidarios”, entre los que cabe destacar a la persona que convoque la manifestación en cuyo seno se produzca la infracción, o a quien se determine que la ha convocado, en el supuesto de que no fuera comunicada.

El objeto y fin del legislador es innegable: se persigue encubiertamente sancionar lo que no se puede sancionar -la mera asistencia a una manifestación- mediante la extensión de la sanción a todo sujeto que tenga algo que ver con dicha reunión. Para ello, el legislador amplía el concepto de “autor” de la infracción no sólo a quien directamente la realiza sino a cualquiera que la inspire, convoque, dirija o presida. Se busca así que todo el que participe de alguna manera en una acción pública y en la calle pueda ser perseguido por alguna de las múltiples sanciones, y en calidad de cualquiera de esas figuras diferentes a la mera autoría.

Especialmente nos preocupa el margen de interpretación que, de tan vago articulado, pueda realizar la administración a la hora de sancionar. La práctica habitual de difundir por redes sociales las concentraciones, manifestaciones o asambleas podría ser interpretada dentro de la tipología de responsabilidad solidaria, pudiendo sancionarse a todas aquellas que se hiciesen eco de las mismas.

Tal y como llevamos dos años señalando, es pertinente no comunicar el ejercicio de un derecho fundamental -siguiendo así normativa internacional en Derechos Humanos-, en la medida en que equivale a una autorización de facto. Con esta medida parecen facilitarnos otro argumento de peso, puesto que cualquiera que convoque será injustamente considerado responsable por cualquier altercado que se produzca.

Graduación de las sanciones

Se introducen como novedad algunos supuestos que podrían incrementar la cuantía de las sanciones, entre los que cabe destacar la “reincidencia”, que podría afectar considerablemente al conjunto de activistas habituales de las manifestaciones y ya previamente sancionados.

Tipos de sanciones

Se amplía la cuantía de la actual LO 1/1992 para los distintos tipos de sanciones, que es fijada en 30.001 a 600.000€ en el caso de las infracciones muy graves; de 1.001 a 30.000€ en el caso de las graves, y de 100 a 1.000€ para las leves. La novedad aparece en las acciones que se clasifican en estas nuevas categorías, donde aparecen nuevos tipos no previstos anteriormente y que se ajustan en muchos casos a los repertorios de protesta habituales:

Infracciones muy graves

Entre las que destacamos:

-La perturbación muy grave de la seguridad ciudadana en actos públicos o reuniones numerosas, si no es constitutiva de delito, léase “alteraciones del orden público en manifestaciones”.

-Las manifestaciones no comunicadas en “infraestructuras críticas” cuando suponga un perjuicio para las personas o para su funcionamiento, como pueden ser las centrales nucleares, repertorio habitual del movimiento ecologista.

-La comisión de tres infracciones graves en el plazo de dos años.

Infracciones graves

-La convocatoria o asistencia a concentraciones o manifestaciones no comunicadas desde que finalice la campaña electoral hasta el día de las elecciones.

-La perturbación grave de la seguridad ciudadana en actos públicos o reuniones numerosas, si no es constitutiva de delito, así como cuando se produzcan por personas encapuchadas.

-La perturbación de la seguridad ciudadana en manifestaciones no comunicadas frente a Congreso, Senado o asambleas legislativas, aún cuando no estén celebrando sesión.

-Desórdenes graves en la vía pública, o cuando se produzcan incendios en la misma, léase “hacer barricadas”, cuando no sea constitutivo de delito.

-La obstrucción a cualquier autoridad o funcionario público cuando cumplan “resoluciones administrativas o judiciales”, léase “impedir a una comisión judicial la ejecución de un desahucio”.

-La desobediencia y resistencia, así como la negativa a identificarse ante agentes de la autoridad.

-La celebración de reuniones no comunicadas, y la negativa a disolverlas.

-Las manifestaciones no comunicadas en “infraestructuras críticas”.

-Las ofensas o ultrajes a España, cuando no sean constitutivos de delito.

-Las incitaciones, a través de cualquier medio de difusión (léase “Twitter”) a producir alteraciones de de la seguridad ciudadana.

-La falta de colaboración con la policía en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.

-Los daños en el mobiliario urbano o la obstrucción con él de la vía pública, cuando no sea constitutivo de delito.

-El escalamiento de edificios de instituciones públicas, en alusión a acciones de lanzamiento de pancartas o subida a tejados.

-La comisión de tres infracciones leves en el plazo de dos años.

Infracciones leves

-El incumplimiento de las restricciones de circulación impuestas por la policía, cuando provoquen alteraciones leves del orden público.

-Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones cuando el destinatario sea agente de policía, o cuando se produzcan en espacios públicos y se altere con ello el orden público.

-Las manifestaciones a través de cualquier medio de difusión que injurien o calumnien a instituciones públicas, autoridades o agentes de policía.

-La proyección de dispositivos luminosos sobre policías para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.

-La ocupación de cualquier espacio común, público o privado, o la permanencia en él contra la voluntad de su propietario, en clara alusión a los “acompañamientos” en sucursales bancarias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

-El deslucimiento leve de mobiliario urbano.

-La colocación no autorizada en la vía pública de tenderetes, pérgolas, tiendas de campaña

-Remover el vallado colocado por la policía para delimitar perímetros de seguridad, en alusión a las vallas del Congreso cuando es cercado por la policía.

Más allá de los movimientos sociales

Cabe señalar, además, que junto con la clara finalidad de reprimir el normal uso de los derechos y libertades de reunión y manifestación, de las reformas combinadas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana se extrae una clara persecución de todos los migrantes. Esta misión represiva del migrante ha hecho saltar las alarmas de múltiples organizaciones y colectivos que trabajan con ellos, e incluso ha propiciado la creación de una plataforma, “No Somos Delito”, que busca concretamente luchar contra la represión del Estado que se ceba con los migrantes sólo por el hecho de serlo.

El Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana establece una serie de medidas adicionales a la sanción, que afectará a los migrantes, castigándoles doblemente, en detrimento de los “nacionales”. Nos referimos, con esto, a que se eliminará la posibilidad de obtener un permiso de residencia o trabajo a aquellas personas extranjeras que comentan una única infracción grave o muy grave. Además, y sólo por cometer dos infracciones graves o muy graves, se ordenará la expulsión cuando quienes las cometan no tengan el permiso de residencia o trabajo. Además, y aquí es donde se denuncia la persecución concreta y xenófoba, la ley incorpora un castigo extra, un añadido, a la población migrante: el miedo y presión que sufren a su situación regular en nuestro país.

Un ejemplo de dicha banalización puede extraerse del repaso de la lista de infracciones leves para ser conscientes de que pocas de esas actuaciones (aún realizándose tres veces) parecen tan relevantes como para argumentarse que tengan entidad suficiente para negarle a alguien la obtención del permiso de residencia o de trabajo. Acciones tales como la instalación de una tienda de campaña, sea para vivir precariamente en ella o por motivos ideológicos, el deslucimiento de un bien público o la realización de juegos o actividades deportivas no afectan en absoluto a la Seguridad Ciudadana, se entienda ésta en una versión amplia o reducida. Se extrae de esta medida que la intención del ejecutivo es, una vez más, poner innumerables trabas y cortapisas, de dudosa legalidad y nula legitimidad, a la residencia legal y permanencia en territorio español por parte de personas migrantes.

Con esta reforma de la LSC y del Código Penal aparecen bien claras las diferencias que el Gobierno y el legislador ve en una persona migrante, según ésta tenga o no un gran patrimonio: en esta misma legislatura somos testigos de cómo a algunos se les premia con la nacionalidad (si compran un bien inmueble de gran valor), mientras que a otros se les castiga con la expulsión por hechos tan irrisorios como los anteriormente indicados. Con la actual ley, y ya no cabe ni la menor duda, no sólo se está regulando contra el manifestante, contra el disidente político, ahora también se está legislando contra el migrante, contra aquel que menos recursos económicos tiene.

Solo la lucha hace justicia

Del panorama planteado por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana parece extraerse que la seguridad, entendida bajo los parámetros interesados de las administraciones y poderes públicos, es un bien jurídico a defender por encima de libertades y garantías. Parece que las fuerzas legislativas de este país han olvidado que el concepto de “seguridad” encuentra su síntesis en el concepto de libertad, siendo uno de sus presupuestos, y no un binomio, como plantea la exposición de motivos de la nueva Ley. La seguridad que tanto presumen defender las fuerzas políticas no puede estar en conflicto con las libertades y garantías que, día a día, se atacan, limitan, destruyen.

Parece ser que las instituciones públicas encargadas de la redacción de la presente Ley han obviado que los mencionados “fenómenos colectivos que implican la aparición de amenazas”, presupuesto que justifica buena parte del articulado, no son actos impersonales, como si de un fenómeno meteorológico se tratase, sino acciones de colectivos que engloban a buena parte de esas mismas ciudadanas a las que, supuestamente, tanto ellos como la LSC tienen la misión de proteger. Ciudadanas organizadas, trabajando en y desde lo común, que encuentran la legitimidad de sus acciones en la inteligencia colectiva y el apoyo mutuo. Se evidencia, una vez más, lo lejos que está la legislación actual de la ciudadanía por y para la que debería existir, lo descontextualizada que resulta, lo ajena a la realidad del momento social que vivimos.

Paradójicamente, aunque las movilizaciones se siguen sucediendo, todavía no han conseguido condenar a ninguna de las personas procesadas, y los recursos ante los tribunales contenciosos contra las sanciones administrativas empiezan a ser estimados. A este respecto, es muy interesante ver el cambio de estrategia que ha experimentado la Administración del Gobierno en Madrid respecto a nuestras alegaciones y recursos. No ha sido hasta hace bien poco que hemos conseguido dejar ya de lado el infructuoso proceso de recursos ante la administración y hemos logrado llegar a discutir y alegar las sanciones impuestas ante un juez. Durante todo este cruce de notificaciones y alegaciones con la Administración, ésta ha permanecido impasible a nuestros argumentos y alegatos, como le corresponde en un proceso en el que ella misma es quien sanciona y quien juzga si fue correctamente interpuesta la sanción. Sin embargo, recientemente hemos logrado tener las primeras sentencias judiciales que, de forma algo más imparcial y objetiva, estudian las causas y métodos por los que la Delegación de Gobierno identificaba, filiaba, retenía y sancionaba.

Se puede observar, como decimos, un antes y un después en la actitud del Ministerio de Interior. Y es que, ante el temor que les produce las sentencias judiciales que nos reconocen llevar razón (12-0 por ahora, señora Delegada del Gobierno en Madrid), últimamente la Administración sigue la táctica de elegir el mal menor, reconociendo en cascada gran parte de los Recursos de Alzada que presentamos ante el Ministerio de Interior por la mala praxis e irregularidades de la Delegación de Gobierno en Madrid. De esta manera, la Administración reconoce su error con la boca pequeña, rectificando las irregularidades que la Delegación de Gobierno a diario comete en las identificaciones y sanciones, pero no sufriendo la repulsa y el escarnio público de verse en todos los titulares condenada por un juez de lo contencioso.

Es por eso que ahora el Gobierno recurre a una medida drástica como esta reforma combinada del Código penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, para hacer derecho de la policía lo que hasta ahora venía siendo condenado por los jueces.

Asistimos, así, a una respuesta desesperada de los poderes públicos por renovar la base legal del sistema represor del Estado, ajustándolo al contexto actual en un intento de maniatar el repertorio de lucha que han venido desplegando los movimientos sociales los últimos años. Cabe, pues, interpretarlo en clave propositiva, en la medida en que nunca antes un gobierno se vio obligado a evidenciar de esta manera las bases antidemocráticas de su gestión, su nula capacidad de diálogo con la ciudadanía, su pulsión por silenciar las voces que irrumpen en el estado de desolación (“paisajes devastados”, lo denominó recientemente un diputado de las CUP, dirigiéndose a un, entre otras cosas, ex-ministro popular) en el que se ha sumido a lo que el presidente del gobierno se empeña en calificar como “una mayoría silenciosa que no se manifiesta”.

Ninguna de estas actuaciones por parte del gobierno pueden ser admitidas con resignación. Tenemos, en esta conjunta reforma del CP y de la LSC, un claro mensaje de derrota por parte de las estrategias hasta ahora seguidas por el Gobierno: ni la distinción en “manifestantes buenos y malos”, ni la censura a la que estamos sometidos, ni mucho menos la campañada de descrédito que han intentado urdir contra nosotros; nada de esto ha sido suficiente para reducir nuestras fuerzas, por lo que han tenido que cambiar las reglas del juego.

Ahora toca desenfundar nuevas armas; caretas fuera. Toca inventar nuevos repertorios, burorresistir, programar, continuar en las calles. Es ahora cuando debemos organizarnos y parar este infame Anteproyecto de Ley, y es ahora cuando debemos empezar a prepararnos para desobedecerlo en caso de que resultara finalmente aprobado.

Porque sólo la lucha hace justicia.

Comisión Legal Sol

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