La Comisión Legal Sol demanda ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos a la integridad física y a la tutela judicial efectiva

El artículo 14 de la Constitución declara que “los españoles son iguales ante la ley“; igualdad entendida desde dos vertientes, la del deber que todos los españoles, sin distinción alguna, tienen de cumplir lo legalmente establecido y ser sancionados en caso de incumplimiento, y el derecho a ser amparado por la ley, las estructuras y los recursos legales.
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Pese a lo anterior, y como sucede de forma reiterada, la experiencia y el día a día nos demuestra que lo que se supone, de hecho, no es lo que sucede.
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El 29 de septiembre del 2012, tras darse por desconvocada la concentración con motivo de la convocatoria “Rodea el Congreso” comenzaron unas cargas y,al mismo tiempo, varias unidades policiales se dispersaron por los alrededores, entrando algunas de ellas en el barrio de Huertas.
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Los agentes de Policía, según se puede observar en los vídeos, entraron indiscriminadamente en bares y locales privados, a la búsqueda de, los que ellos entendían, manifestantes generadores de altercados. En uno de estos establecimientos, sito en la calle Lope de Vega, varios funcionarios de Policía entraron y sacaron del interior a varias personas de forma aleatoria e indiscriminada. En la puerta de dicho local esperaba otro grupo de agentes que, sin mediar palabra, golpearon repetidas veces en el cuerpo y cabezaa las personas que iban sacando del local. Llama la atención que tras estos golpes, no se procediera a detener o identificar a ninguna
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Esta violencia gratuita fue especialmente lesiva para dos mujeres, las cuales fueron insultadas y golpeadas con especial crudeza teniendo que ser atendidas por especialistas sanitarios ya que presentaban sendas brechas que requirieron varias grapas para su curación.
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Fue imposible  reconocer a los agresores en ese mismo momento pues ninguno de los   funcionarios de Policía llevaba visible identificación alguna, práctica habitual.
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En el proceso judicial que se incoó al respecto y que investigaba este hecho pudo identificarse a cuatro funcionarios gracias a las grabaciones de vecinos de la zona que muestran la identificación numérica del furgón que trasladaba a la unidad policial. En la declaración los identificados dijeron ser incapaces de reconocerse en el vídeo negando su participación en esos hechos.
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Las perjudicadas solicitaron entonces que se identificase al resto de funcionarios del vídeo a través de los números de las otras tres furgonetas que aparecen; que se oficiase a un  canal  de  televisión que también grabó este hecho para certificar que se trataba de ese día, para que declarase el cámara que estuvo presente y que remitiesen más imágenes, de haberlas. Por último, y basándose en la jerarquía de la Policía que establece un responsable de cada unidad, se solicitó que se tomase declaración al responsable del operativo actuante quién, previamente, había reconocido en un informe que se había entrado en algunos bares a lo largo de esa jornada.
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Estas peticiones fueron ignoradas y, en un ejercicio de lo que a nuestro juicio constituye una vulneración a la tutela judicial efectiva, el Fiscal solicitó el archivo de las actuaciones y posteriormente el Juez instructor del caso proced al sobreseimiento y efectivo archivo. El auto fue recurrido pero sin éxito: la Audiencia Provincial de Madrid decid no pronunciarse con respecto al fondo del asunto, estimando también el archivo del caso. 
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Extracto del auto de la Audiencia Provincial de Madrid desestimando el recurso.

Prácticamente de forma simultánea, tras los altercados del 22M en las Marchas por la Dignidad, se desplegaron todos los medios al alcance del poder judicial para esclarecer los hechos que produjeron que un agente de policía resultara herido con una brecha que necesitó varias grapas para su curación. Se han practicado innumerables diligencias de  investigación para esclarecer los hechos y, especialmente, para encontrar a los responsables: declaraciones, testificales, visionado de vídeos, volcado y análisis de   teléfonos móviles, periciales, etc. Un ejercicio ingente de investigación avalado por una Fiscalía que demuestra, en este caso, su firme intención de esclarecer lo ocurrido.
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Unos hechos similares con unas consecuencias, en este caso lesiones, practicamente idénticas y con el mismo contexto temporal han supuesto, sin embargo, unas actuaciones judiciales muy diferentes que nos incitan a considerar que la Ley y los instrumentos legales no se aplican con igualdad. La práctica judicial resultante de estos dos casos parece otorgar más valor a unas lesiones causadas a un agente de Policía que a una persona que no ostente este cargo.
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Denunciamos esta situación concreta como paradigma de otras tantas lesiones que, día tras dia, se producen y cuyos hechos no se esclarecen. Reclamamos el derecho a una tutela judicial efectiva por parte de Jueces y Tribunales, en igualdad de condiciones para todas las partes. Por eso llevaremos este caso a todas las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias hasta conseguir lo que, por derecho y por legitimidad, nos corresponde.
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Ayer interpusimos Recurso de Amparo ante Tribunal Constitucional, a la espera de que nos escuche y haga valer nuestros intereses, que son los de todas las personas que luchan, que reivindican, que no callan ante lo que consideran propio.
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Vídeo de la campaña: http://youtu.be/_3zgkJVJCk4
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Ayúdanos a difundirlo y denunciar la impunidad.
 
“Sólo la lucha hace Justicia”
Comisión Legal Sol
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