Telemadrid: la televisión pública al servicio de la construcción del enemigo

Han sido muchas las voces que se han alzado tras el salto a las redes del programa de la -quizás en algún tiempo pasado “televisión pública” Telemadrid, titulado “Los rostros de la violencia callejera”. Una nueva vuelta de tuerca a la criminalización de la protesta social en la que la Delegada del Gobierno en Madrid utiliza de nuevo un medio de comunicación público para desacreditar a los movimientos sociales de nuestra región, atemorizar a las activistas y profundizar en la división entre manifestantes buenos y malos, tan recurrente en sus intervenciones públicas.
En el pseudo-programa de investigación se identifica con nombres, apellidos e imagen- a un buen grupo de compañeros y compañeras a los que se acusa de liderar lo que denominan como la kale borroka madrileña”, supuestamente encargados de dirigir “al ejército mercenario de violentos” que “se enfrentan a las fuerzas del orden y destrozan la ciudad”. Igualmente, el programa vincula a estas personas, a sus colectivos y a los espacios okupados de la Comunidad, con la izquierda abertzale, así como con el independentismo radical gallego y catalán, en la habitual estrategia de criminalización del “todo-es-ETA”, tantas veces empleada por los análisis más tendenciosos y desatinados sobre la cuestión. 
Las gravísimas acusaciones vertidas, la gran mayoría de ellas no basadas en sentencias judiciales y, en algún caso, sin que siquiera haya medidado detención previa, se sustentan en declaraciones realizadas por agentes de policía que reconocen, sin pudor alguno, el seguimiento y la utilización de ficheros ilegales de activistas por parte de los cuerpos policiales, donde constan datos de personas sin antecedentes penales ni policiales, tales como la filiación política, el historial de militancia, o incluso las relaciones personales. 
Procede recordar que el artículo 22 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LO 15/1999), que regula los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que los mismos están sujetos a las reglas generales de dicha Ley, especificando en su articulo 7.4 la prohibición expresa de realizar ficheros que contengan datos tales como la ideología, la afiliciación sindical y la vida sexual.
Por otro lado, recordamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  que los ficheros relativos a datos en materias penales y administrativas están calificados como de alta protección, y que la cesión de datos tales como los antecedentes penales y los policiales está taxativamente prohibida por el articulo 11.2 de la LOPD y por la LORTAD. Además es obligación de los responsables de dichos datos, en este caso los agentes policiales, los deberes de secreto, confidencialidad y seguridad (artículos 9 y 10 LOPD), evitando cualquier tipo de cesión o filtración, especialmente a los medios de comunicación (STC 14/2003), pudiendo y debiendo ser sancionados en caso de incumplimiento.
A su vez, el responsable del grupo XXI de la Brigada Provincial de Información aprovecha la oportunidad para intentar mejorar la imagen del lastrado cuerpo de antidisturbios -cuya imagen pública se deteriora progresivamente en los sondeos ciudadanos por la brutalidad policial desplegada en las manifestaciones de los últimos años-, negando algunas polémicas reiteradamente denunciadas por activistas y organizaciones sociales. Así, invoca de nuevo el mantra de las denuncias falsas por lesiones interpuestas por personas detenidas y tenidas bajo custodia policial en comisaría, indicando que aquí no se tortura a ningún detenido”. 
Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran emprender las personas directamente señaladas en el programa, asistimos estupefactas al destino de recursos públicos a la producción de material televisivo destinado al descrédito personalizado y a la construcción de la imagen pública del “enemigo”, identificado en este caso con activistas sociales. No se trata ya de que la televisión pública debiera intentar hacer honor a los fines para los que fue creada; ni siquiera la alarma de que se financie la criminalización abierta con la recaudación del contribuyente, sino que este señalamiento público se lleva a cabo sin ningún tipo de respeto al derecho a la presunción de inocencia y al derecho al honor y la intimidad de estas personas, utilizando medios públicos para calumniar, injuriar y airear la vida personal de un grupo de activistas en un ejercicio absolutamente falto de rigurosidad y ética periodística.
Ante todo ello, esta Comisión quiere señalar su negativa a asumir pasivamente los intentos de criminalización y división de las luchas sociales que, en estos últimos años, han peleado y pelean cotidianamente por regenerar, aquí sí, la democracia en retroceso en la que nos sume el progresivo deterioro de derechos y libertades de los últimos tiempos. Resultan no solo deleznables, sino abiertamente intolerables, la difamación, la difusión de informacion falsa, privada o de especial protección, la vulneración del derecho al honor y a la propia imagen que bordea recurrentemente el documental, financiado con fondos públicos, al servicio de intereses partidistas y del deterioro democrático de esta castigada sociedad
Desde la Comisión LegalSol denunciamos cualquier tipo de futuras persecuciones políticas y de represión a colectivos y militantes y recordamos, en especial al Ministerio del Interior y a la Delegada del Gobierno en Madrid, que los cuerpos policiales están sujetos en todas sus actuaciones a la legalidad vigente. No seremos cómplices de la criminalización por cuestiones ideológicas de compañeras de lucha. Nos quieren separadas; juntas y fuertes nos encontrarán.
Comisión LegalSol
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