Comunicado ante la sentencia condenatoria a las ocho personas imputadas por la manifestación del Parlament #Aturemelparlament

La semana pasada, la Audiencia Nacional comunicaba a los abogados la orden de ingreso en prisión para las 8 personas acusadas en la causa del “Parlament”, una vez que se hubo hecho pública la revocación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía de todos los delitos a la totalidad de las imputadas. La situación actual de las compañeras está, como ellas mismas han comunicado, entre la incertidumbre y la burocracia; a la espera de que se les notifique personalmente la orden de ingreso en prisión, y a la espera también del posible indulto. Toda la información con la expectativa puesta también en el indulto que se pedirá esta semana ante la Audiencia Nacional se solicitará la suspensión de la pena hasta que se tramite. Toda la información del caso la puedes seguir en la web pero ,además, desde la Comisión Legal Sol hemos querido hacer un análisis jurídico y político de lo que subyace en ambas sentencias, la absolutoria y la condenatoria, que pueda servir para arrojar algo de luz sobre este nuevo ejercicio de represión institucional a la legítima protesta, así como para analizar colectivamente las distintas concepciones de los valores políticos y derechos sociales que han venido poniéndose en juego en este caso.

El pasado 14 y15 de junio de 2011 se produjo una concentración de protesta ciudadana delante del Parlamento Catalán. Dicha concentración emanada del movimiento 15M  y de la indignación de la ciudadanía ante la aprobación de unos presupuestos plagados de recortes, fue comunicada a las autoridades gubernativas por el movimiento L´Acampada de Barcelona y las asociaciones de vecinos de la ciudad. El 10 de junio, cinco días antes de que tuviese lugar, en rueda de prensa se enunciaron los motivos de la protesta y el carácter pacífico de ésta. 

La convocatoria fue publicitada por infinidad de medios con el lema “Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades” (Paremos el Parlament, no permitiremos que aprueben recortes) que a la postre ha resultado idóneo para que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ejerza de “segunda instancia”, a través del recurso de casación, revocando la sentencia de la Audiencia Nacional y condenando a 7 personas como autoras de un del delito del artículo 498 del CP, a la pena mínima prevista: 3 años de privación de libertad.
Esta decisión no constituye un fenómeno aislado, más al contrario, resulta indecorosamente evidente la tendencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a hacer las veces de complemento de los aparatos de represión estatales. Se hace necesario traer a colación infaustos precedentes como su sentenecia 656/2009 de 12 de Junio, la sentencia del 4F. En este caso, al propio Presidente de la Sala de lo Penal (Manuel Marchena) no le tiembla el pulso a la hora de asumir la labor de elevar a jurisprudencia la mutilación de nuestros derechos fundamentales.

En el caso del Parlament, el Tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzgó en primera instancia, absolvió en su sentencia a todos los acusados. La Audiencia llegó a esta conclusión haciendo una interpretación de la norma penal y de los derechos constitucionales atendiendo a la realidad social. Sin embargo, este fallo fue recurrido en casación por la fiscalía ante el Tribunal Supremo (TS) que fue estimado revocando la sentencia y condenando a los acusados recientemente absueltos. 

LOS VALORES EN JUEGO

Es necesario observar que ambas resoluciones poseen una marcada impronta ideológica. Esto resulta visible a la hora de contraponer las razones en las que se fundan los dos fallos, ya que ambos tribunales evitan pronunciar argumentos estrictamente jurídicos para desarrollar en su lugar sendos juicios de ponderación. El juicio de ponderación es una herramienta argumentativa a la que se recurre en supuestos en los que estando en juego dos bienes jurídicos (es decir, valores o principios que el Derecho ampara y promueve) de relevancia equiparable, la decisión que se adoptase en la salvaguardia de uno acarrearía inevitablemente el sacrificio del otro. En estos casos es preciso que el tribunal motive adecuadamente las razones que le llevan a la promoción y sacrificio de dichos bienes jurídicos. Argumentar la supremacía de un bien jurídico por encima de otro no es precisamente una tarea objetiva, sino más bien resulta un ejercicio en el que el juzgador despliega el esquema de valores que inspira su decisión.

Así, en la sentencia de la AN, el magistrado ponente entendió que los hechos probados no podían ser constitutivos de un delito del art. 489 CP. En su opinión los sucesos del Parlament figuraban dentro del contenido esencial del derecho de reunión y manifestación. En palabras suyas: 
antes de analizar el ámbito de lo prohibido […] la cláusula de Estado de Derecho  obliga a determinar el contenido constitucionalmente protegido de los mencionados derechos.[…] no es el derecho penal el que limita los derechos fundamentales, sino la Constitución.

Son diversas las razones que invitan a reforzar la idea de que los manifestantes ejercitaron su derecho de reunión. La AN no puede dejar de tener en cuenta el contexto político y social en el que se desenvuelve el ejercicio de este derecho fundamental; es por ello que, un escenario en que el actual régimen de titularidad de los medios de comunicación conduce a los sectores de la sociedad más marginados a una situación de exclusión social, convierte la reunión y la manifestación en el único medio posible a su alcance para poder transmitir sus quejas y reivindicaciones. En la medida en que el ejercicio de este derecho promueve un debate público auténtico, debe ser objeto de especial protección y este fenómeno constituye una expresión del pluralismo político que la Constitución consagra como valor superior del ordenamiento jurídico
 
La AN, mediante este juicio de ponderación de los valores en juego, encuentra una causa de exclusión de la antijuridicidad, esto es, llega a la conclusión de que los manifestantes no pueden ser castigados penalmente por el ejercicio legítimo de un derecho y por tanto quedan exonerados de responsabilidad penal y, en consecuencia, no cabe otra solución que la automática absolución de los acusados. Además, apoya esta conclusión en la escasa lesividad de los actos de los manifestantes y en el efecto de desaliento que produciría en la ciudadanía a la hora de ejercer libremente su derecho de manifestación y participación en la vida pública si éstos fuese condenados.
El TS, por su parte, se desmarca de este discurso, y desarrolla un análisis divergente que lleva a adoptar la conclusión opuesta. El TS reprocha a la AN haber situado el ejercicio del derecho subjetivo de reunión de los manifestantes por encima del normal funcionamiento de las instituciones parlamentarias (en concreto, el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes en el órgano legislativo). El TS considera inadmisible que la participación política de los manifestantes en el ejercicio de su derecho de reunión pueda prevalecer por encima del derecho del resto de los ciudadanos a participar a través de sus representantes. Por tanto, no puede admitir la concurrencia de una causa de exoneración de la responsabilidad penal y entiende que debe condenar.
 
La contraposición de estos dos razonamientos pone en evidencia las limitaciones del razonamiento jurídico. En efecto tenemos dos decisiones válidas y antagónicas fundadas sobre los mismos hechos y en defensa del mismo valor constitucional; el pluralismo político. A la postre no se trata de determinar cuál de las dos es más aguda o certera sino cuál de las dos tiene la facultad de prevalecer sobre la otra por el hecho de ser emitida por un órgano superior. No obstante queda patente que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal opta por la solución represiva y es esa elección la que le retrata. El poder judicial contribuye en la persecución y criminalización de los movimientos sociales. Sólo esta posición explicaría párrafos tan inspirados como este:
 
La historia europea ofrece elocuentes ejemplos en los que la destrucción del régimen democrático y la locura totalitaria se inició con un acto violento contra el órgano legislativo. Relativizar el significado jurídico de los acontecimientos desarrollados ante el parlament […] supone banalizar el significado de los principios y valores sobre los que se asienta el sistema democrático.
Éste es el mundo que nos cabe esperar. Sin embargo el TS es consciente de que no puede hacer descansar la revocación de una absolución (un fenómeno sumamente inusual en casación penal) sobre un razonamiento tan abstracto como la ponderación. El art. 849 LECRIM obliga al TS a fundar la revocación exclusivamente sobre argumentos jurídicos. 

CONDENADOS POR ESTAR AHÍ

El TS pretende justificar a continuación  que las acciones de los acusados encajan en el tipo penal del art. 498 CP que describe el delito contra las insituciones legislativas del Estado en la persona de sus diputados.

 
En primer lugar, el TS se cuida de calificar dicho precepto penal como un delito de tendencia o de riesgo abstracto. Esto quiere decir que no es necesario que el resultado de la acción típica se consume materialmente, es decir, que se impida de hecho a un miembro de las cámaras ejercer sus funciones representativas, sino que basta con la intención de impedir para que se incurra en la conducta penada. 
 
En este sentido, podemos observar que el debate acerca de la autoría del delito va a versar necesariamente acerca del carácter subjetivo de la conducta. El TS necesita pues demostrar que el ánimo, la intención, de los acusados era efectivamente la de impedir el normal funcionamiento de las cámaras legislativas coartando el acceso y la función de los parlamentarios. Los jueces nos son adivinos y no tienen como desvelar la voluntad ínitma de una persona, es por ello que el TS habrá de valerse de elementos indiciarios, manifestaciones externas que permitan deducir si esa era realmente su intención. En este punto el magistrado ponente encuentra su prueba de cargo en el propio lema de la manifestación: “Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades” (Paremos el Parlament, no permitiremos que aprueben recortes)”. El juez Marchena lo tiene clarísimo:
                
“La concentración tenía, pues, un objetivo bien claro. Como expresa su significado gramatical, ” parar” es ” detener”, ” impedir” el normal desarrollo de la función parlamentaria […] No se trataba, por tanto, de expresar el desacuerdo con las políticas presupuestarias restrictivas mediante una concentración en las proximidades del Parlament. Tampoco tenía aquélla manifestación como objetivo servir de vehículo para proclamar la indignación colectiva frente a esas políticas. Su finalidad no era otra que provocar que el órgano de representación política del pueblo catalán se viera incapacitado para el debate y la acción política mediante la conformación de las mayorías que siguen al ejercicio del derecho al voto. […] Lo que perseguían los allí concentrados era atacar las raíces mismas del sistema democrático.”
                
Para el TS no resulta relevante que días antes de la protesta portavoces de las organizaciones convocantes aclarasen que su finalidad no era impedir el funcionamiento del Parlament sino denunciar el ataque contra los derechos sociales.
 
¿Sugiere entonces el TS que si la protesta se hubiese desarrollado bajo otra rúbrica, los hechos no hubiesen sido constitutivos de delito, o si acaso, el Alto Tribunal no hubiera contado con los indicios suficientes sobre los que inferir la intencionalidad de los manifestantes susceptible de responsabilidad penal? ¿No convierte eso automáticamente a todos los participantes en la protesta en criminales? El TS no considera necesario salvar esas garrafales contradicciones. 
 
Nos encontramos ante un escenario en el que una protesta pertinentemente autorizada puede constituir un delito en sí misma. La conclusión del Supremo es espeluznante y nos preguntamos desde aquí si el hecho de que la Delegación de Gobierno no dejase de autorizar la manifestación puede tener alguna relevancia a la hora de considerar la absolución de los condenados, si podría considerarse exonerar de responsabilidad por la concurrencia de un error de prohibición, esto es, argumentar que, habiendo sido autorizados para manifestarse bajo ese lema, no podían prever que sus conductas fuesen punibles.
            
EL VOTO PARTICULAR

La sentencia se cierra con el voto discrepante del magistrado Perfecto Ibáñez proclive a la absolución de los acusados. 
El magistrado afea a la Sala de lo Penal del Supremo que critique con tanta severidad el juicio de ponderación de valores constitucionales realizado por la audiencia. Perfecto Ibáñez achaca al Supremo haber desconectado el razonamiento jurídico de la realidad social, sobre todo cuando asistimos a un escenario social dramático para sectores infrarepresentados y a una tendencia de progresiva depauperación de los derechos de participación política. Enfatiza así el magistrado disidente el valor del derecho de reunión en este contexto como última vía de participación y recuerda a la Sala el mandato del art. 3.1 del Código Civil, que impone interpretar el ordenamiento conforme a “la realidad social del tiempo”.

Cuestiona a continuación el argumento sobre el que descansa la condena de los acusados sobre las conductas del resto de participantes en la protesta y la interpretación literal del lema de la manifestación a pesar de que no se hayan acreditado en ellos conductas violentas. La condena se basa exclusivamente en la identificación de los acusados el día de autos. El magistrado ve preciso discriminar dentro de los manifestantes entre aquellos que rodearon e increparon a los parlamentarios y aquellos que simplemente acudieron a la protesta.

El reproche más contundente se proyecta efectivamente sobre el hecho de que no ha quedado acreditada la individualización de conductas violentas en las personas de los acusados. De esta suerte, el magistrado asume el análisis de la Sala acerca del tipo del art. 489 CP y lo interpreta como un delito de riesgo abstracto. Ahora bien, advierte que el empleo de violencia o intimidación con la finalidad de impedir el funcionamiento de las instituciones parlamentarias debe de ser idóneo para alcanzar su objetivo, independientemente del resultado. Quiere el magistrado decir con esto que, si bien es cierto que basta con el intento de intimidazión, las conductas deben de gozar de la intensidad suficiente para poder llegar a perturbar el funiconamiento de las cámaras, cosa que no ocurre en este caso.
 
#Aturemelparlament
EPILOGO: 
 
Desde Legal Sol queremos manifestar nuestra indignación y rechazo ante esta resolución y denunciamos su carácter político y arbitrario. Queremos a su vez expresar nuestra solidaridad y apoyo a lxs condenadxs y sus familias y reafirmar nuestro compromiso en la lucha para que este tipo de abusos no puedan repetirse. No podemos consentir que el máximo órgano judicial del Estado y el Ministerio Fiscal, supuestos defensores de la legalidad y del interés público, operen sistemáticamente de la mano de la policía como herramientas al servicio del poder ejecutivo en su propósito de debilitar no sólo los movimientos de protesta sino nuestros derechos sociales y de participación política más elementales. Queremos recordar a su vez que este tipo de decisiones no nos intimidan y que seguiremos confrontando el poder en la calle y en los tribunales. La lucha es el único camino, y sólo la lucha hace Justicia.  
Comisión Legal Sol
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