EL 10 DE MARZO JUZGARÁN A PATRICIA, DETENIDA TRAS UN DESAHUCIO EN 2011. ¡INFÓRMATE Y AYÚDANOS A DEFENDER EL DERECHO A LA PROTESTA!

Han pasado cuatro años y tres meses: el 18 de noviembre de 2011 tuvo lugar el desahucio de Azucena y de su familia, entre ellos varios menores, de su domicilio en Manoteras. La propietaria del piso es la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS).
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Patri, una vecina de Hortaleza, acudió a la llamada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de la Asamblea Popular del 15M Nudo de Manoteras, para tratar de aplazar el desahucio a través de una sentada pacífica en el portal, con el único recurso de interponer su cuerpo y ejercer con el mismo una resistencia pasiva.  
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No lo consiguieron. Poco a poco, el recién disuelto cuerpo de antidisturbios de la Policía Municipal fue sacando a las casi 100 personas que se encontraban sentadas delante de la puerta del edificio, entre ellas a Patri, ante la mirada de reporteros que pudieron grabar los hechos a escasos 2 metros.  
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Nueve horas más tarde, ya en su casa, Patri escuchó cómo llamaban a su puerta. No podía imaginar que quien la visitaba era una pareja de Policías Nacionales que la “invitaron” a acompañarles a comisaría, para una vez ahí comunicarle que estaba detenida por un delito de atentado contra la autoridad. Ni siquiera pudo coger los bolígrafos de insulina de su casa, los cuales necesita para tratar su diabetes tipo I (insulino-dependiente, que le obliga a suministrarse varias dosis diarias de esta sustancia, bajo riesgo de sufrir un coma diabético en caso de no hacerlo).  
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Cuatro años y 3 meses después, Patri se enfrenta a una petición de 3 años de prisión y 8.900.-€ en concepto de responsabilidad civil. Uno de los funcionarios de la Policía Municipal le acusa de haberle propinado dos patadas cuando la estaba levantando, lo que según su versión provocó su caída y una fractura del coronoides. Ningún testigo, aparte de los Policías Municipales, recuerda que se cayera agente alguno durante el desalojo. Ninguna de las grabaciones del desahucio recoge esa supuesta caída. Nadie hasta el día de hoy ha dado una explicación convincente de por qué no la detuvieron en ese mismo momento.
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Patri siempre ha reconocido que participó en una sentada pacífica, pero niega que diera patada alguna a ningún policía. El próximo 10 de marzo juzgan a Patri. Existe un riego real de que ingrese en prisión si finalmente es condenada, a pesar de no tener antecedente penal alguno.  
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Este año vamos a tener que asistir a muchos juicios por hechos ocurridos al calor del 15M, el caso de Patri es uno de ello. Nosotras vamos a defenderla el 10 de marzo en los estrados, y te invitamos a que nos acompañes, a que acompañes a Patri, para demostrar que la solidaridad y el apoyo mutuo siempre estarán por encima de la represión.
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Apoya y difunde
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Porque sólo la lucha hace Justicia”
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Comisión Legal
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Hashtag: #PatriAbsolucion
Twitter: @PatriAbsolucion
Comunicado de la Plataforma de apoyo a Patricia: https://solidariosenapuros.wordpress.com/comunicado-patricia-absolucion/
Comic sobre el caso de Patri: http://rantifuso.es/solidaridad-con-patricia/
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COMUNICADO ACLARANDO LA POSTURA DE FISCALÍA ANTE LA PRISIÓN DE LOS TITIRITEROS

En el día de ayer, poco después del mediodía, varios medios y agencias se hicieron eco de una noticia que  publicaron en términos prácticamente idénticos: “La Fiscalía pide la libertad de los titiriteros (). En la inmensa mayoría de ellas, cuya fuente no pudo ser otra que la propia Fiscalía o el Juzgado que conocía el caso, se señalaba textualmente:  “El Ministerio Fiscal, que apoyó el sábado su ingreso en prisión (…) .
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Dicha información, reproducida sistemáticamente por numerosos medios, lejos de limitarse a trasladar una información neutral, veraz y contrastada, generó, a través de los términos utilizados, una sutil manipulación. El objetivo no parecía ser otro que el de salvaguardar la imagen de la Fiscalía como una institución seria y garantista frente a la gran polémica que su decisión inicial generó.
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Es por ello que, en aras de aclarar lo realmente sucedido, vemos la necesidad de realizar las siguientes apreciaciones:
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1.- La Fiscalia promovió activamente la medida de prisión preventiva. La representante del Ministerio Fiscal que actuó en la declaración de los titiriteros detenidos no “(…) apoyó su ingreso en prisión” como así relataron numerosos medios, sino que fue precisamente ella quien lo solicitó inicialmente, solicitud acogida por el Juez Ismael Moreno. Tanto es así que, al no haber acusación particular contra los titiriteros, si la Fiscalía no hubiera solicitado dicha medida, el Juez no podría haberla acordado.
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2.- La Fiscalía no ha solicitado la libertad de los titiriteros. Ante el Auto que acordaba la prisión provisional los abogados de los titiriteros recurrieron en reforma ante el mismo Juzgado, noticia de la que se hicieron eco numerosos medios. Según establece la Ley, se le tiene que dar traslado al Ministerio Fiscal de dicho recurso para que éste manifieste lo que considere al respecto, previamente a que el Juez resuelva sobre el mismo. Ha sido precisamente en el transcurso de este trámite cuando Fiscalía, en un giro radical de criterio tras apenas 4 días, ha apoyado el recurso de los abogados de los titiriteros, eso sí, únicamente en lo referente a la solicitud de libertad provisional. Sin embargo, ha solicitado la adopción de una serie de medidas contra los dos titiriteros: la obligación de presentaciones diarias ante el Juzgado o la retirada del pasaporte, las cuales finalmente han sido acogidas por el Juez. 
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Aunque pueda parecer un detalle de poca importancia, es importante, en honor a la verdad, subrayar que Fiscalía no apoyó la prisión de los titiriteros, sino que la promovió activamente, en la medida en que la solicitó; y que no ha pedido la libertad de los mismos, sino que ha emitido un informe informando positivamente el recurso de los abogados de la defensa en el que se planteaba dicha solicitud.
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Vistos los últimos hechos acontecidos creemos importante aclarar ambos extremos. Y no solo para esclarecer  las confusas informaciones que la prensa ha publicado en estos días, sino para poder entender el por qué de los cambios de criterio de Fiscalía que, en el fondo siendo tales, no acaban de explicar lo sucedido. El Juzgado Central de Instrucción nº 2 no ha decidido modificar de oficio (a iniciativa propia) la situación personal de los titiriteros (el ingreso en prisión provisional sin fianza), aunque podría haberlo hecho en la medida en que cuenta con esa potestad. En lugar de eso, ha sido la iniciativa de los abogados de la defensa, acreditando la innecesariedad de la durísima medida acordada, la que ha constituido el canal utilizado por la Fiscalía, mediante la emisión de su informe favorable, para revertir la inaudita situación por ellos, y sólo por ellos, generada. 
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El resultado final sugiere una iniciativa garantista de dudoso sostén por parte de un Ministerio Fiscal al que no le tembló el pulso para generar la grave situación que ha mantenido a dos personas cuatro días en prisión, incluyéndolos en el fichero FIES de Banda Armada, por representar una obra de títeres. Aún celebrando el cambio de criterio, éste llega tarde y mal: las dos personas detenidas fueron privadas de su libertad en base a unos criterios, promovidos y sostenidos por la Fiscalía, de muy dudoso soporte jurídico; entre otros, riesgo de fuga, posibilidad de reiterar la comisión del supuesto delito o destrucción de pruebas. Está de más señalar que se hubiera agradecido cierto celo democrático en el momento de proponer -no proponiendo, puesto que se trata de una facultad potestativa- medidas cautelares como la que ha generado la avalancha de críticas recabadas estos días. 
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No lo olvidemos: no ha sido la actuación del Ministerio Fiscal, sino la salud democrática de la ciudadanía, lúcidamente escandalizada por las medidas judiciales acodadas, y la profesionalidad de los letrados intervinientes, las responsables de este feliz desenlace que, esperamos, sea la primera, pero no la única, batalla ganada en este ataque a las libertades más fundamentales.
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“Sólo la lucha hace Justicia”
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Comisión Legal Sol

COMUNICADO ANTE LA DECISIÓN DEL JUEZ ISMAEL MORENO DE ENVIAR A PRISIÓN A LOS DOS TITIRITEROS DE LA COMPAÑÍA “DESDE ABAJO”

El viernes 5 de Febrero dos integrantes de la compañía teatral “Títeres desde Abajo”  fueron detenidos tras la representación de su última obra “La Bruja y Don Cristóbal” debido a las múltiples quejas de los allí presentes. Tras su puesta a disposición judicial y declaración en la Audiencia Nacional, el Juez de Guardia, Ismael Moreno, ha acordado esta tarde su ingreso en prisión sin fianza. Se les acusa de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.

Si bien en estos momentos el debate mediático gira en torno a la calificación o no de los hechos como ,presuntamente, de enaltecimiento del terrorismo queremos centrarnos y analizar los motivos y la fundamentación jurídica y, quizás, política, que subyacen detrás de la decisión judicial por la cual dos personas hoy han sido privadas de su libertad.
La prisión preventiva es una medida que, según reiteradísima jurisprudencia, debe ser adoptada sólo en casos excepcionales, cuando estrictamente sea necesaria, y siempre para la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida.
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El auto del Juez Ismael Moreno que acuerda la prisión provisional de los dos titiriteros, tras un extenso y estereotipado copia y pega de jurisprudencia, afirma que la misma persigue asegurar la presencia de los imputados en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento y evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos. Sin embargo, ninguna de estas razones ha sido debidamente objetivada, motivada ni probada.
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Por eso, queremos recordar que para la adopción de esta medida cautelar no solo deben concurrir los requisitos establecidos por la LECrim sino que estos deben estar, a su vez, ponderados con las circunstancias concretas del caso y, especialmente, con el derecho a la libertad de la persona cuya inocencia se presume. No hacer esta ponderación supone una vulneración grave de, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia y conlleva fines punitivos o de anticipación de la pena, o de impulso de la instrucción sumarial.
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Parece evidente que detrás de la decisión del juez de la Audiencia Nacional, D. Ismael Moreno, descansa una intención contraria a toda la jurisprudencia que, curiosamente, cita él mismo en su Resolución. Esta practica se viene repitiendo en procedimientos con un claro carácter político, y su objetivo no es otro que utilizar la prisión provisional como un castigo adelantado, una suerte de amedrentamiento correctivo, aleccionador que poco o nada tiene que ver con los fines que alega.
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Esto nos llena de una profunda preocupación. No sólo porque se dé en este caso concreto con sus particulares circunstancias, sino porque supone continuar en una dirección por la que quienes deben investigar los presuntos hechos delictivos, si es que los hubiere, ejercen a su vez una función de juzgadores, castigando adelantadamente a quien aun no ha sido juzgado.
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No es esta la primera vez que nos manifestamos en estos años en contra de la proposición por parte de la Fiscalía, y la adopción por parte de los Juzgados de Instrucción, de medidas cautelares de esta naturaleza. El marcado carácter intimidatorio de esta práctica destaca especialmente en casos en los que la presunta comisión del hecho delictivo se da en un ámbito tan peculiar como el que nos ocupa, en el que la medida presenta un carácter casi inaudito. En la medida en que la indiferencia hace mucho tiempo que dejó de ser una opción; enfrentadas al hecho de que dos personas más han sido enviadas a prisión provisional; al situarnos ante un nuevo episodio de recorte de derechos y garantías procesales, seña de identidad de las políticas represivas de estos tiempos, toca tomar posiciones.

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La instrumentalización de las armas jurídicas, tal y como se ha producido en los últimos años, nos coloca ante un escenario preocupante, de dudosa defensa en un sistema que pretende garantizar la protección de los derechos civiles. No podemos callarnos ante lo que consideramos injusto, no legitimaremos el uso político de la prisión provisional. Quizás sea el momento de recordar, una vez más, que son las “mayorías silenciosas que no se manifiestan” las que sostienen y consolidan los regímenes totalitarios. No esperen contar con nuestro silencio.

Porque solo la lucha hace justicia.

Dos nuevas sentencias anulan 2 sanciones a manifestantes

Esta última semana nos han sido notificadas dos sentencias que acuerdan declarar nulas dos sanciones impuestas a dos personas por su participación en las manifestaciones del 13 de mayo y el 27 de abril de 2012.

Con estas dos sentencias son ya 223 las sanciones que hemos conseguido anular desde el Grupo de Administrativo de la Comisión Legal desde el año 2011, 52 de ellas por Sentencias dictadas por distintos Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

Todo ello evidencia cómo las sanciones administrativas han sido impuestas de manera indiscriminada en los últimos años, para tratar de reprimir las legítimas protestas de la ciudadanía.

Sentencia estimatoria de Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 30 de Madrid, de 29 de septiembre de 2015.

Sentencia estimatoria del Juzgado Constencioso-administrativo nº 30 de Madrid, de 28 de septiembre de 2015.

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Seguimos

Sólo la lucha hace Justicia

Comisión legal Sol

 

La Audiencia Provincial confirma que los plazos no son iguales para todas

La Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) establece la regulación de los trámites del procedimiento penal, y entre sus previsiones se prevén plazos que se suponen de obligado cumplimiento tanto para las partes. Pues bien, la Audiencia Provincial viene a considerar que si se trata del plazo para formular acusación del Ministerio fiscal estas previsiones hay que considerarlas de una manera más laxa que si se trata de los plazos de la defensa o de otra de las acusaciones.

En uno de los procedimientos que llevamos desde la Comisión Legal Sol el Ministerio fiscal formalizó acusación fuera del plazo de 10 días establecido en la ley (meses después) y sin siquiera seguir los trámites que la propia LECrim prevé para casos en que este Ministerio (y sólo él tiene estas prerrogativas) precisara de más plazo. Pues bien, nosotras consideramos que realizar fuera de plazo y prescindiendo del procedimiento establecido un trámite tan esencial como es detallar la acusación (años que te piden de prisión) que contra unas personas se va a mantener en el acto del juicio es algo que vulnera tanto el artículo 24 de la Constitución como el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues supone dejar al arbitrio de una de las partes los plazos legales y genera una evidente indefensión a los acusados y una desigualdad de armas entre el Ministerio fiscal y la defensa.

Frente a estas alegaciones la Audiencia Provincial viene a decir (adjuntamos el Auto) que este plazo de 10 días que tiene el fiscal para formular acusación es prorrogable, entendemos de la redacción del Auto que indefinidamente, y ni se pronuncia sobre las razones por las que considera que no se han vulnerado el art. 24 CE y el art. 6 del CEDH. Sin más, desestima nuestro recurso considerando ajustado a Derecho formular la acusación fuera de plazo.

No podemos más que mostrar nuestra perplejidad ante esta interpretación de la ley que confirma la desigualdad que la ciudadanía percibe en la administración de justicia entre el fiscal y el resto de las partes.

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

1J Acción desobediencia #SinMordazas

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A las 00:01 horas del próximo miércoles 1 de julio de 2015 entrarán en vigor las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocidas como Leyes Mordaza).

Frente a las legítimas demandas de la sociedad de estos últimos años, el mal Gobierno responde con unas leyes que criminalizan la pobreza, la solidaridad y la legítima protesta, unas leyes rechazadas por hasta el 85% de la población, y que han sido duramente criticadas por organizaciones nacionales e internacionales como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa.

Llevamos más de un año agotando todas las vías posibles para tratar de parar estas leyes que no responden a ninguna necesidad real de la sociedad, sino a los intereses de quienes gobiernan. Lo único que hemos obtenido es silencio y más represión. Un gobierno que teme y castiga las protestas legítimas de la sociedad no merece la legitimidad que esta le otorga.

Dada esta situación, y ante la inminente entrada en vigor de estas leyes, la Historia nos ha enseñado que al pueblo solo le queda su capacidad de no consentir, de no reconocer con su silencio la validez de estas leyes.

En el marco de la campaña #SinMordazas y de las movilizaciones que se están anunciando contra la entrada en vigor de estas leyes, queremos poner el centro en la desobediencia civil, porque la historia se ha escrito con ella y a través de ella. Por ello, hacemos un llamamiento a todo el mundo para recibir de manera colectiva y desobediente su entrada en vigor.

Os invitamos a que acudáis el próximo martes 30 de junio a las inmediaciones del Congreso de los Diputados sobre las 23:45 h. para manifestar públicamente nuestra desobediencia a las mismas, restándoles legitimidad desde su primer minuto de vida y enlazar con la desobediencia que previamente se ha ido manifestando.

La acción consistirá en:

– A las 23:55 h. nos sentaremos frente a Congreso de los Diputados, nos amordazaremos y nos mantendremos en silencio hasta las 00:05, porque a veces es el grito más ensordecedor.

Acudiremos sin portar el DNI ni documentación personal, como acto de desobediencia consciente y responsable frente a las miles de multas que nos han venido imponiendo estos años por ejercer nuestro derecho de Reunión

A las 00:05 horas quedará desconvocada la concentración y nos marcharemos, porque esta convocatoria no es un fin en sí misma, sino el principio de una vía de lucha basada en la desobediencia civil y en la no cooperación.

– Entendemos que con este acto se da por comunicada la concentración.

– Esta convocatoria no se comunicará formalmente a Delegación de Gobierno, como acto de desobediencia consciente y responsable, porque en estos cuatro últimos años han utilizado la comunicación para reprimir con multas administrativas, como en la Acampadasol, el 1215M, el Rodea el Congreso o las Marchas del 22M.

Apelamos a los poderes públicos a que respeten esta convocatoria, dado que, tal y como se plantea, representa el más elemental ejercicio del derecho de reunión. Nada debería de temer un gobierno que se llama democrático ante una concentración noviolenta, desobediente y silenciosa.

1J 00:01 Horas

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

DESOBEDIENCIA

SILENCIO

MORDAZA

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#SinMordazas

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A las 00:00 horas del próximo miércoles 1 de julio de 2015 entrarán en vigor la Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, leyes que sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. Leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta.

Lo hacen en nombre de la seguridad ciudadana, pero son la respuesta de quienes sienten cualquier iniciativa social como una amenaza a sus privilegios. Emanan de su incapacidad para vivir con alegría el despertar de la gente, la toma de calles, la defensa de derechos laborales o el uso de plazas como espacio de reflexión colectiva. No entran en vigor para garantizar la seguridad ciudadana sino para convertir en ley su temor, el miedo que les despierta el deseo de democracia. Por eso se defienden atacando.

En los últimos meses, su aprobación ha despertado la preocupación y el rechazo de una amplia mayoría social, lo que ha supuesto que organismos nacionales e internacionales como las Naciones Unidas o el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa las critiquen duramente. El último ha sido el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad.

Sin embargo somos las personas que defendemos diariamente el derecho a la vivienda, las que creemos en el derecho a la información libre, las que tomamos la calle reclamando educación pública y sanidad universal, las que no tenemos papeles, las que sufrimos las consecuencias de un empleo precario o quienes simplemente vemos en el deseo de democracia y la organización espontánea de la gente un motivo de celebración, las que tenemos el verdadero poder de cambiar las cosas. Por ello, una vez agotadas todas las vías posibles, solo nos queda una alternativa: la de no consentir, la de no refrendar sus leyes con nuestro silencio.

Así, a falta de pocos días para su entrada en vigor, nos posicionamos desobedeciendo activamente a estas leyes injustas y te animamos a sumarte, a difundir entre tus círculos y redes, a mostrar tu rechazo y a manifestar sin temor que estas leyes también te afectan.

Contigo es posible.

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Descargar Manifiesto #SinMordazas

Elecciones 2015: Consideraciones jurídicas en torno a la jornada de reflexión

Cuatro años después, nueva jornada de reflexión y nueva convocatoria de movilización social. En esta ocasión, igual que cuando nacimos en las plazas, son muchas y muy variadas las voces que se han alzado discutiendo la legitimidad de ejercer el derecho de reunión el día previo a las elecciones municipales.

Por ello hemos decidido rescatar este texto que publicamos durante la Acampada, cuando dedidimos reunirnos en la Puerta del Sol desobedeciendo conscientemente la absurda decisión de la Junta Electoral Central.

Hace cuatro años demostramos que la jornada de reflexión no impide poder ejercer el derecho de reunión y reflexionar de manera pública y colectiva. Nada ha cambiado desde entonces y esta reflexión vuelve a estar hoy, quizás más que nunca, de rabiosa actualidad. Y es que un derecho que no se ejerce es un derecho que se pierde, y por ello seguimos y seguiremos en las calles, hoy, mañana y siempre:

EL DERECHO DE REUNIÓN PREVALECE SOBRE LA JORNADA DE REFLEXIÓN EN PRIMER LUGAR PORQUE ASI LO HA  DECLARADO YA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SITUACIONES SEMEJANTES: En efecto, varias sentencias del Tribunal Constitucional han advertido (como último ejemplo la STC 15.11.2010) que la mera   posibilidad de que una reivindicación pueda incidir de una u otra  forma en el electorado se muestra como hipótesis insuficiente para limitar el derecho de reunión en período electoral.  También ha destacado el Tribunal Constitucional que el hecho de que no se pueda difundir propaganda electoral ni realizar acto alguno de campaña en la jornada de reflexión, no significa que durante dicha jornada no pueda celebrarse ninguna reunión cuyo objeto tenga algo que ver con el debate político y, por tanto,  pueda influir indirectamente en las decisiones de los electores. Advierte que sólo cuando se aporten razones fundadas del carácter electoral, es decir cuando su finalidad sea la captación de sufragios, podrá desautorizarse con base en dicho motivo.

        “Esta prohibición legal no significa naturalmente que durante la denominada jornada de reflexión previa a las elecciones no pueda celebrarse ninguna manifestación cuyo objeto tenga algo que ver con el debate político y, por tanto, pueda influir indirectamente en las decisiones de los electores. Pues teniendo en cuenta el carácter de exposición pública y colectiva de ideas, opiniones o reivindicaciones que es consustancial al ejercicio del derecho de reunión, es elemental que, por principio, toda reunión o manifestación puede conectarse en último término, y aunque sea remotamente, con el debate político y, por lo mismo, con las decisiones de los electores. De modo que, de aceptar semejante planteamiento, por esa vía llegaríamos al absurdo de admitir la prohibición de toda reunión o manifestación por el simple hecho de serlo y coincidir con la jornada de reflexión previa a unas elecciones; una conclusión que obviamente debe ser rechazada” STC 96/2010 de 15 de noviembre

        “Debe favorecerse el ejercicio del derecho de reunión aun en detrimento de otros derechos, en especial los de participación política, no sólo por significarse como un derecho esencial en la conformación de la opinión pública, sino por la necesidad de su previo ejercicio para una configuración de la misma libre y sólida, base indispensable para el ejercicio de los mencionados derechos. Por este motivo, el ejercicio del derecho de reunión, del que el derecho de manifestación resulta una vertiente, debe prevalecer, salvo que resulte suficientemente acreditado por la Administración y, en su caso, por los Tribunales, que la finalidad principal de la convocatoria es la captación de sufragios”. STC 96/2010 de 15 de noviembre.

PORQUE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL NO TIENE COMPETENCIA PARA LIMITAR ESTOS DERECHOS.-  En efecto, La Ley Orgánica de Régimen Electoral General señala que durante la jornada de reflexión “no  puede difundirse propaganda electoral ni realzarse acto alguno de de campaña electoral”, mandato dirigido a evitar la captación del voto.  Los ciudadanos mantienen, sin embargo, su derecho a protagonizar la jornada de reflexión, sin que quepa restringir su derecho a participar en la vida pública.

PORQUE LAS LEYES HAY QUE INTERPRETARLAS CONFORME A LOS USOS SOCIALES.-  Y en este momento histórico la propia restricción de la publicidad electoral en la jornada de reflexión es cuestionable cuando se sostiene la comunicación permanente en Internet. Con mayor razón cuando la intención de las personas concentradas no se identifica directamente con la petición de voto a ninguna opción política concreta

PORQUE PRECISAMENTE ESTAMOS INVITANDO A LA REFLEXIÓN EN LA JORNADA DEDICADA A DICHO FIN.-  En efecto, las personas que están aquí reunidas, se encuentran reflexionando sobre los problemas que un orden socio-económico radicalmente injusto está causando a la ciudadanía, y no quieren una reflexión individual, sino reflexionar colectivamente, sin que en modo alguno la finalidad sea la captación de sufragios para partido político alguno.

Sólo la lucha hace Justicia

Comisión Legal de Sol

Las verguenzas de Cifuentes: Cuatro años al frente de Delegación de Gobierno

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Tras abandonar su puesto como Delegada de Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes encara una nueva etapa como candidata a Presidencia de la Comunidad con el, supuestamente, inapelable buen balance de su anterior etapa como principal valor.

En los últimos tres años hemos sido testigos privilegiados de las prácticas y metodologías dirigidas desde la Delegación, por lo que no podemos permanecer impasibles ante el lavado de cara constante al que se está sometiendo para ganar las próximas elecciones. Por ello,  no queremos despedirnos de Cristina Cifuentes como Delegada de Gobierno sin hacer balance de los datos en este tiempo recabados que muestran su cara más sincera  con respecto a una de las principales funciones del cargo que ostenta:  “Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y  garantizar la seguridad ciudadana […]” (art. 23.3 Ley 6/1997). Así, pasamos a desarrollar a continuación las principales caracterísiticas que definen su administarción:

Abusos de impunidad:

La actuación policial ha sido siempre profesional y proporcional” (marzo, 2015)

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A los pocos meses de asumir la Delegación del Gobierno se celebró el primer aniversario del 15M (conocido como 12-15M). Durante el desalojo de la concentracion en Sol, sin que hubiera mediado altercado alguno, comenzaron unas cargas que culminaron con la detención de varias personas, incluyendo algunas que salían de su trabajo o de la discoteca. La mayoría de las detenidas denunciaron ante el Juez que fueron obligados a permanecer varias horas de pie contra la pared y que incluso una mujer fue abofeteada delante del resto detenidos.  La decisión de Cifuentes entonces fue clara, concisa y meditada: negar y obviar la documentación audiovisual que demostraban los graves abusos durante esa protesta y que dieron lugar a la campaña #OigaCifuentes.

El siguiente gran momento, o al menos uno de los más mediáticos, se vivió tras la convocatoria “Rodea el Congreso” del 25 de septiembre de 2012. En directo, multitud de reporteros, incluida la prensa extranjera, grabaron imágenes que evidenciaban la brutalidad y arbitrariedad policial hacia los manifestantes y los propios periodistas que cubrían el acto, incluso hacia personas ajenas a la manifestación que fueron golpeadas indiscriminadamente en calles y bares aledaños llegando incluso a la estacion de Atocha, donde se vivieron momentos de gran tensión. De los 35 detenidos ese día 26 denunciaron a funcionarios de policía por malos tratos en comisaría.  Se repetía además el mismo modus operandi: personas detenidas obligadas a permanecer, incluso con brechas abiertas, durante horas de pie frente a la pared, negación de asistencia médica y agua; traslados en “lecheras” esposados y sin cinturón de seguridad, a merced de los frenazos y cambios bruscos de los conductores; cambios de luz y temperatura en celda; prohibición de ir al servicio, de alimentos adecuados a personas vegetarianas y medicamentos a aquellas diabéticas, …

Inumerables veces hemos denunciado este tipo de prácticas abusivas que se dan tanto en las cargas como en las posteriores detenciones. Ejemplo de esto fue lo denunciado en el procedimiento contra cuatro detenidos en la acción #YoNoPago  del 1 de febrero de 2012 y el informe que emitió el Fiscal en respuesta a las pruebas por nosotros presentadas. El resultado fue demoledor: el Fiscal ponía de manifiesto “notorias  extralimitaciones y violencias innecesarias” así como “las cargas  policiales y en general la actuación policial resultó abusiva,  desproporcionada y carente de cualquier fundamento”. Ninguna responsabilidad se derivó de esta denuncia. Y aún estamos esperando a que la ex delegada se pronuncie al respecto.

Estos tres ejemplos pincelan las prácticas u ordenadas, o permitidas por Delegación de Gobierno. Cargas injustificadas, brutalidad en la disolución de concentraciones y manifestaciones, detenciones aleatorias y tratos vejatorios en comisaria han sido denunciados una y otra vez por esta Comisión y por otros tantos colectivos mientras la opinión pública exigía responsabilidades. Y la respuesta por parte de la Delegada de Gobierno siempre ha sido la misma: anunciar investigaciones internas que nunca, ni en los casos más escandalosos han supuesto sanciones, llegando la impunidad policial incluso a los órganos judiciales.

La detención como castigo:

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Escuchábamos atónitas estos días las declaraciones de la Fiscal General del Estado afirmando que los delitos imputados a Rodrigo Rato no hacían necesaria su detención. Parece que la consideración de la detención como algo excepcional y sólo aplicable en casos en donde resulta inevitable, es privilegio de unos pocos.

Si algo ha caracterizado el mandato de Cifuentes ha sido precisamente utilizar la detención como castigo. Poco importa entonces el resultado del procedimiento penal, ya que con la detención el castigo ya ha sido infligido. Prueba de ello es que, de las cientos de detenciones a las que hemos asistido en estos años, a día de hoy, únicamente dos personas han sido condenadas por delito, y en uno de los casos por sentencia no firme.

El mandato de Cifuentes se ha visto plagado de detenciones por faltas (prohibidas expresamente por la legislación) y detenciones con circo incluido en las casas de personas perfectamente identificadas y localizables, que se deberían haber evitado con una simple citación judicial  en su domicilio.

Los ejemplos son innumerables, algunos tan escandalosos como la operación PUMA70, las detenidas por los hechos ocurridos en la manifestación del 14D contra la Ley Mordaza, la operación contra activistas del movimiento por la vivienda de febrero del 2014 y, más recientemente, la detención en domicilios y a punta de pistola de 18 personas integrantes de los colectivos Distrito14 y Frente202 por protestar en el pleno de la Junta Municipal en un apoteósico inicio de campaña electoral. Todas estas prácticas orquestada y consentidas por Cristina Cifuentes y el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, evidencian la utilización de la privación de libertad como un castigo previo y lejos del control de la institución judicial, más allá de los límites y exigencias que la Ley impone, práctica igualmente denunciada por algunos sindicatos de policia como la Sección Sindical de CCOO-Policía Municipal de Madrid.

La instrumentalización de la detención ha servido, ademas, a nuestra ex Delegada a poder legitimar un discurso entorno a la diferenciación entre “manifestantes buenos y radicales antisistemas”.

Además de utilizar la detención en los casos que la ley no prevée, durante el mandato de la ex Delegada nos hemos encontrado sistemáticamente con la prolongación indebida de estas detenciones a manifestantes y activistas y que hemos denunciado en varias ocasiones. Una señal más de que, para Cifuentes, la Ley que tanto apela sólo es válida cuando juega a su favor.

Quién pudiera ser Rato.

Policías encapuchados durante las declaraciones:

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Precisamente en la línea de convertir la detención en un castigo anticipado, funcionarios de la Brigada Provincial de Información han realizado interrogatorios a personas detenidas ocultando su rostro con pasamontañas.

Ante nuestra denuncia junto con las compañeras de ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados), Cifuentes le echó la culpa al anterior Gobierno, para después asegurar que era un hecho puntual y que no se volvería a repetir. Sin embargo,  fue una recomendación de la Defensora del Pueblo la que evidenció que la realidad era otra y que no se trataba de un hecho aislado ni justificado. La Dirección General de Policía decidió no aceptar dicha recomendación que pedia no repetir estas prácticas poniendo además en entredicho lo previamente declarado por la Delegada la cual se apartó del conflicto no haciendo ni declaraciones ni tomando cartas en el asunto.

Tuvo que ser una propuesta de ALA, aprobada por el Colegio de Abogados de Madrid, y después por la mayoría de Colegios de Abogados del Estado, la que pusiera coto a esta práctica innecesaria e intimidatoria. Si fuera por Cifuentes, seguiríamos asistiendo atónitos a declaraciones en las que los policías van encapuchados, incluso cuando ya han bajado al detenido y nos quedamos solas con los funcionarios de policía.

A día de hoy seguimos constatando funcionarios de policía encapuchados en comisarías que  se desembozan unicamente para la toma de declaración con presencia letrada.

Las/os abogadas/os como enemigas/os:

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También hemos podido ser testigos de cómo Cifuentes ha tolerado una ofensiva hacia las profesionales que asumimos la defensa de las personas detenidas.

Aún nos provoca buenos momentos de risas colectivas las afirmaciones de Cifuentes en la entrevista que le realizó Ana Pastor en las que aseguraba que detrás de los abogados del 15M había “grandes despachos” con medios e infraestructura. Es lo que tiene no concebir la solidaridad y promoción desde un compromiso por la Justicia.

Hemos presenciado, al igual que Cifuentes, cómo la Brigada Provincial de Información trataba de criminalizar a un abogado por el mero hecho de haber defendido a una persona o a otra, es decir, por hacer su trabajo. Algo inaceptable.

Hemos tenido que soportar, con la absoluta complicidad de Cifuentes, que funcionarios de Policía monten en cólera porque se ejerza debidamente el derecho de defensa, es decir, por recomendar que no declaren en comisaría. Algo ya reconocido por una Sentencia del Tribunal Constitucional hace 28 años (Sentencia 196/1987). Y esto no acabó aquí, incluso los policías llegaron hasta el punto de emitir una queja por estos hechos al Colegio de Abogados con el titulo “abogados desinformados”  con referencias a “cierto colectivo de abogados”.

Como era esperable, el Colegio de Abogados apoyó a los profesionales que ejercieron impecablemente su trabajo, evidenciando que los únicos desinformados son los policías que deben velar por los derechos de las personas detenidas. Estos ataques injustificados en el ejercicio de nuestar profesión, son cuanto menos preocupantes.

Nuevamente, Cifuentes guardó silencio ante este otro atropello.

Número de placa de los agentes.

Llevan la identificación debajo del chaleco para evitar denuncias falsas” (septiembre, 2012)

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Estamos ante la piedra angular de la impunidad de los funcionarios de policía: el número de placa visible que, además de ser una obligación el portarlo (art.18 RD 1484/1987), garantiza que ante cualquier abuso se pueda identificar de manera fácil al funcionario responsable, siendo por ende un derecho ciudadano.

Es algo tan tremendamendamente sencillo y simple, que su incumplimiento no hace otra cosa que evidenciar la nula intención de depurar responsabilidades ante los abusos policiales. Muestra de ello es que Cifuentes, para quitarse “el marrón” de encima, no pare de repetir que es una cuestion de uniformidad (competencia del DGP) y no de respeto de los Derechos Fundamentales.

A lo largo de los último años hemos interpuesto hasta 4 denuncias adjuntando cientos de fotografías  de funcionarios de policía de todas las escalas (Inspectores Jefes, Inspectores, Oficiales…) incumpliendo esta obligación.  Ninguna sanción o investigación ha sido abierta.

Pero para Delegada es un tema de uniformidad, a pesar de que este incumplimiento ha sido el que ha asegurado el archivo de denuncias (por no poder identificarles) de asuntos como las agresiones y “pasillos” tras sacar a gente de bares, pérdida de testículo por bala de goma, agresiones a reporteros por hacer su trabajo y un largo etcétera. Mientras no parece relevante invertir ínfimos recursos para añadir las identificaciones a los chalecos anti-trauma de los policías con un simple velcro, sorprendentemente sí hay presupuesto para comprar material antidisturbios tan “necesario” como pelotas de goma.

La Burorrepresión: el castigo mediante sanciones administrativas:

No es de extrañar que sea en el plano administrativo, menos visible, más silencioso, donde la ex Delegada decidiera centrar muchas de sus energías. Así, en un ejercicio de innovación represiva, decidió detener menos, que estaba feo y sale en los telediarios, y sancionar a discreción, de manera arbitraria, a las personas por acudir a manifestaciones.

Desde el año 2011 hasta el presente año  tenemos constancia de más de 1.179  sancionadas (aunque estamos convencidas de que el cómputo total es mayor) sólo por parte de la  Delegación de Gobierno en Madrid de los cuales la Comisión Legal Sol se  ha hecho cargo de 491 que supondrían una recaudación de nada menos que 174.257.-€.

Con lo que la Delegada de Gobierno no contaba era con la capacidad de organización de la gente para defender sus derechos ante los Tribunales, y el resultado ha sido aplastante.

De las 491 sanciones cuya defensa administrativa y judicial llevamos, 210 las hemos ganado consiguiendo que se anulen, 47 de ellas mediante sentencia y 8 de ellas directamente por vulnerar Derechos Fundamentales (todo nuestro repositorio de Sentencias estimatorias contra sanciones en este enlace ).

Del resto de las 451 sanciones, en 141 casos en sancionado ha abandonado la batalla por anular la sanción, y sólo en 28 casos se le ha dado la razón a la Administración hasta hace poco dirigida por Cifuentes.

En  cuanto a tipología de sanciones las  más habituales son desobediencia   (art.26.h LO 1/92) con 221 sancionados, desórdenes graves (art.23.n LO 1/92) con 100, alteraciones del órden público (art.26.i LO 1/92) con 72 y convocante (art.23.c LO 1/92) con 56.

Esta batalla burocrática no sólo ha supuesto la anulación de decenas de sanciones y la evidencia de la aletoriedad con las que fueron interpuestas sino las numerosas declaraciones por parte de los Juzgados de la existencia de vulneraciones, por parte de Delegación de Gobierno, de derechos fundamentales tales como el de reunión y el de presunción de inocencia.

Este tema bien merecería un examen más exhaustivo, pero nos atreveríamos a afirmar que Cifuentes pueda que sea la Delegada a la que más sanciones a manifestantes ha anulado la Justicia, vulnerando Derechos Fundamentales.

Derecho de Reunión:

La Ley es demasiado permisiva y amplia” (octubre, 2012)

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Paradójicamente, a quien le ha sido encomendado velar por estos derechos, es  repetidamente condenada por vulnerarlos.

No es de extrañar si tenemos en cuenta que la hoy ex-Delegada del Gobierno comenzó su mandato haciendo afirmaciones encaminadas a terminar con la voluntad de reivindicación y de movilización. Debido a ello aún hoy en la memoria colectiva replica la falacia tantas veces por ella declarada: “Una concentración no comunicada es una concentración ilegal”.

Consciente de semejante burrada, Cifuentes volvió a la palestra para clamar por el exceso de reivindicaciones que tenían lugar en Madrid insistiendo de modo indirecto en la misma idea “Cualquiera que ha querido manifestarse lo ha hecho, con los dos requisitos que establece la Ley: que se comuniquen y que sen pacíficas”). Quizá no reparó en que la raíz de tanta protesta no era un afán colectivo por saturarla de trabajo, sino la cada día más penosa realidad de quienes la han tenido como Delegada del Gobierno.

Durante meses mantuvimos un debate en torno a la necesidad o no de comunicar las manifestaciones. Finalmente, aleccionada por algún asesor, acudió a los medios para reconocer que la reunión es “un derecho constitucional que no necesita autorización previa” debido a ello propuso modularlo “introducir algún cambio legislativo porque con la legislación actual es casi imposible” y parece que de algún modo ha sido oída: ya tenemos aprobada una Ley de Seguridad Ciudadana aún más restrictiva.

No olvidamos todas y cada cada una de las concentraciones y manifestaciones que han sido disueltas de manera ilegal durante su mandato. Desde el desalojo de Sol el 12-15M, pasando por policías diciendo a la gente según salían del Metro que debían abandonar la concentración (que ni había comenzado) el 27O, asambleas en el Retiro del 25S, hasta la reciente concentración repentinamente reprimida y disuelta en apoyo a las detenidas de la operación Piñata.

Pese a todo, ella ahora postulándose a la Presidencia de la Comunidad sabe que, la ciudadanía no ha dejado, ni dejará de ejercer sus derechos de reunión y manifestación.

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol