Comunicado ante la sentencia condenatoria a las ocho personas imputadas por la manifestación del Parlament #Aturemelparlament

La semana pasada, la Audiencia Nacional comunicaba a los abogados la orden de ingreso en prisión para las 8 personas acusadas en la causa del “Parlament”, una vez que se hubo hecho pública la revocación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía de todos los delitos a la totalidad de las imputadas. La situación actual de las compañeras está, como ellas mismas han comunicado, entre la incertidumbre y la burocracia; a la espera de que se les notifique personalmente la orden de ingreso en prisión, y a la espera también del posible indulto. Toda la información con la expectativa puesta también en el indulto que se pedirá esta semana ante la Audiencia Nacional se solicitará la suspensión de la pena hasta que se tramite. Toda la información del caso la puedes seguir en la web pero ,además, desde la Comisión Legal Sol hemos querido hacer un análisis jurídico y político de lo que subyace en ambas sentencias, la absolutoria y la condenatoria, que pueda servir para arrojar algo de luz sobre este nuevo ejercicio de represión institucional a la legítima protesta, así como para analizar colectivamente las distintas concepciones de los valores políticos y derechos sociales que han venido poniéndose en juego en este caso.

El pasado 14 y15 de junio de 2011 se produjo una concentración de protesta ciudadana delante del Parlamento Catalán. Dicha concentración emanada del movimiento 15M  y de la indignación de la ciudadanía ante la aprobación de unos presupuestos plagados de recortes, fue comunicada a las autoridades gubernativas por el movimiento L´Acampada de Barcelona y las asociaciones de vecinos de la ciudad. El 10 de junio, cinco días antes de que tuviese lugar, en rueda de prensa se enunciaron los motivos de la protesta y el carácter pacífico de ésta. 

La convocatoria fue publicitada por infinidad de medios con el lema “Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades” (Paremos el Parlament, no permitiremos que aprueben recortes) que a la postre ha resultado idóneo para que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ejerza de “segunda instancia”, a través del recurso de casación, revocando la sentencia de la Audiencia Nacional y condenando a 7 personas como autoras de un del delito del artículo 498 del CP, a la pena mínima prevista: 3 años de privación de libertad.
Esta decisión no constituye un fenómeno aislado, más al contrario, resulta indecorosamente evidente la tendencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a hacer las veces de complemento de los aparatos de represión estatales. Se hace necesario traer a colación infaustos precedentes como su sentenecia 656/2009 de 12 de Junio, la sentencia del 4F. En este caso, al propio Presidente de la Sala de lo Penal (Manuel Marchena) no le tiembla el pulso a la hora de asumir la labor de elevar a jurisprudencia la mutilación de nuestros derechos fundamentales.

En el caso del Parlament, el Tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzgó en primera instancia, absolvió en su sentencia a todos los acusados. La Audiencia llegó a esta conclusión haciendo una interpretación de la norma penal y de los derechos constitucionales atendiendo a la realidad social. Sin embargo, este fallo fue recurrido en casación por la fiscalía ante el Tribunal Supremo (TS) que fue estimado revocando la sentencia y condenando a los acusados recientemente absueltos. 

LOS VALORES EN JUEGO

Es necesario observar que ambas resoluciones poseen una marcada impronta ideológica. Esto resulta visible a la hora de contraponer las razones en las que se fundan los dos fallos, ya que ambos tribunales evitan pronunciar argumentos estrictamente jurídicos para desarrollar en su lugar sendos juicios de ponderación. El juicio de ponderación es una herramienta argumentativa a la que se recurre en supuestos en los que estando en juego dos bienes jurídicos (es decir, valores o principios que el Derecho ampara y promueve) de relevancia equiparable, la decisión que se adoptase en la salvaguardia de uno acarrearía inevitablemente el sacrificio del otro. En estos casos es preciso que el tribunal motive adecuadamente las razones que le llevan a la promoción y sacrificio de dichos bienes jurídicos. Argumentar la supremacía de un bien jurídico por encima de otro no es precisamente una tarea objetiva, sino más bien resulta un ejercicio en el que el juzgador despliega el esquema de valores que inspira su decisión.

Así, en la sentencia de la AN, el magistrado ponente entendió que los hechos probados no podían ser constitutivos de un delito del art. 489 CP. En su opinión los sucesos del Parlament figuraban dentro del contenido esencial del derecho de reunión y manifestación. En palabras suyas: 
antes de analizar el ámbito de lo prohibido […] la cláusula de Estado de Derecho  obliga a determinar el contenido constitucionalmente protegido de los mencionados derechos.[…] no es el derecho penal el que limita los derechos fundamentales, sino la Constitución.

Son diversas las razones que invitan a reforzar la idea de que los manifestantes ejercitaron su derecho de reunión. La AN no puede dejar de tener en cuenta el contexto político y social en el que se desenvuelve el ejercicio de este derecho fundamental; es por ello que, un escenario en que el actual régimen de titularidad de los medios de comunicación conduce a los sectores de la sociedad más marginados a una situación de exclusión social, convierte la reunión y la manifestación en el único medio posible a su alcance para poder transmitir sus quejas y reivindicaciones. En la medida en que el ejercicio de este derecho promueve un debate público auténtico, debe ser objeto de especial protección y este fenómeno constituye una expresión del pluralismo político que la Constitución consagra como valor superior del ordenamiento jurídico
 
La AN, mediante este juicio de ponderación de los valores en juego, encuentra una causa de exclusión de la antijuridicidad, esto es, llega a la conclusión de que los manifestantes no pueden ser castigados penalmente por el ejercicio legítimo de un derecho y por tanto quedan exonerados de responsabilidad penal y, en consecuencia, no cabe otra solución que la automática absolución de los acusados. Además, apoya esta conclusión en la escasa lesividad de los actos de los manifestantes y en el efecto de desaliento que produciría en la ciudadanía a la hora de ejercer libremente su derecho de manifestación y participación en la vida pública si éstos fuese condenados.
El TS, por su parte, se desmarca de este discurso, y desarrolla un análisis divergente que lleva a adoptar la conclusión opuesta. El TS reprocha a la AN haber situado el ejercicio del derecho subjetivo de reunión de los manifestantes por encima del normal funcionamiento de las instituciones parlamentarias (en concreto, el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes en el órgano legislativo). El TS considera inadmisible que la participación política de los manifestantes en el ejercicio de su derecho de reunión pueda prevalecer por encima del derecho del resto de los ciudadanos a participar a través de sus representantes. Por tanto, no puede admitir la concurrencia de una causa de exoneración de la responsabilidad penal y entiende que debe condenar.
 
La contraposición de estos dos razonamientos pone en evidencia las limitaciones del razonamiento jurídico. En efecto tenemos dos decisiones válidas y antagónicas fundadas sobre los mismos hechos y en defensa del mismo valor constitucional; el pluralismo político. A la postre no se trata de determinar cuál de las dos es más aguda o certera sino cuál de las dos tiene la facultad de prevalecer sobre la otra por el hecho de ser emitida por un órgano superior. No obstante queda patente que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal opta por la solución represiva y es esa elección la que le retrata. El poder judicial contribuye en la persecución y criminalización de los movimientos sociales. Sólo esta posición explicaría párrafos tan inspirados como este:
 
La historia europea ofrece elocuentes ejemplos en los que la destrucción del régimen democrático y la locura totalitaria se inició con un acto violento contra el órgano legislativo. Relativizar el significado jurídico de los acontecimientos desarrollados ante el parlament […] supone banalizar el significado de los principios y valores sobre los que se asienta el sistema democrático.
Éste es el mundo que nos cabe esperar. Sin embargo el TS es consciente de que no puede hacer descansar la revocación de una absolución (un fenómeno sumamente inusual en casación penal) sobre un razonamiento tan abstracto como la ponderación. El art. 849 LECRIM obliga al TS a fundar la revocación exclusivamente sobre argumentos jurídicos. 

CONDENADOS POR ESTAR AHÍ

El TS pretende justificar a continuación  que las acciones de los acusados encajan en el tipo penal del art. 498 CP que describe el delito contra las insituciones legislativas del Estado en la persona de sus diputados.

 
En primer lugar, el TS se cuida de calificar dicho precepto penal como un delito de tendencia o de riesgo abstracto. Esto quiere decir que no es necesario que el resultado de la acción típica se consume materialmente, es decir, que se impida de hecho a un miembro de las cámaras ejercer sus funciones representativas, sino que basta con la intención de impedir para que se incurra en la conducta penada. 
 
En este sentido, podemos observar que el debate acerca de la autoría del delito va a versar necesariamente acerca del carácter subjetivo de la conducta. El TS necesita pues demostrar que el ánimo, la intención, de los acusados era efectivamente la de impedir el normal funcionamiento de las cámaras legislativas coartando el acceso y la función de los parlamentarios. Los jueces nos son adivinos y no tienen como desvelar la voluntad ínitma de una persona, es por ello que el TS habrá de valerse de elementos indiciarios, manifestaciones externas que permitan deducir si esa era realmente su intención. En este punto el magistrado ponente encuentra su prueba de cargo en el propio lema de la manifestación: “Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades” (Paremos el Parlament, no permitiremos que aprueben recortes)”. El juez Marchena lo tiene clarísimo:
                
“La concentración tenía, pues, un objetivo bien claro. Como expresa su significado gramatical, ” parar” es ” detener”, ” impedir” el normal desarrollo de la función parlamentaria […] No se trataba, por tanto, de expresar el desacuerdo con las políticas presupuestarias restrictivas mediante una concentración en las proximidades del Parlament. Tampoco tenía aquélla manifestación como objetivo servir de vehículo para proclamar la indignación colectiva frente a esas políticas. Su finalidad no era otra que provocar que el órgano de representación política del pueblo catalán se viera incapacitado para el debate y la acción política mediante la conformación de las mayorías que siguen al ejercicio del derecho al voto. […] Lo que perseguían los allí concentrados era atacar las raíces mismas del sistema democrático.”
                
Para el TS no resulta relevante que días antes de la protesta portavoces de las organizaciones convocantes aclarasen que su finalidad no era impedir el funcionamiento del Parlament sino denunciar el ataque contra los derechos sociales.
 
¿Sugiere entonces el TS que si la protesta se hubiese desarrollado bajo otra rúbrica, los hechos no hubiesen sido constitutivos de delito, o si acaso, el Alto Tribunal no hubiera contado con los indicios suficientes sobre los que inferir la intencionalidad de los manifestantes susceptible de responsabilidad penal? ¿No convierte eso automáticamente a todos los participantes en la protesta en criminales? El TS no considera necesario salvar esas garrafales contradicciones. 
 
Nos encontramos ante un escenario en el que una protesta pertinentemente autorizada puede constituir un delito en sí misma. La conclusión del Supremo es espeluznante y nos preguntamos desde aquí si el hecho de que la Delegación de Gobierno no dejase de autorizar la manifestación puede tener alguna relevancia a la hora de considerar la absolución de los condenados, si podría considerarse exonerar de responsabilidad por la concurrencia de un error de prohibición, esto es, argumentar que, habiendo sido autorizados para manifestarse bajo ese lema, no podían prever que sus conductas fuesen punibles.
            
EL VOTO PARTICULAR

La sentencia se cierra con el voto discrepante del magistrado Perfecto Ibáñez proclive a la absolución de los acusados. 
El magistrado afea a la Sala de lo Penal del Supremo que critique con tanta severidad el juicio de ponderación de valores constitucionales realizado por la audiencia. Perfecto Ibáñez achaca al Supremo haber desconectado el razonamiento jurídico de la realidad social, sobre todo cuando asistimos a un escenario social dramático para sectores infrarepresentados y a una tendencia de progresiva depauperación de los derechos de participación política. Enfatiza así el magistrado disidente el valor del derecho de reunión en este contexto como última vía de participación y recuerda a la Sala el mandato del art. 3.1 del Código Civil, que impone interpretar el ordenamiento conforme a “la realidad social del tiempo”.

Cuestiona a continuación el argumento sobre el que descansa la condena de los acusados sobre las conductas del resto de participantes en la protesta y la interpretación literal del lema de la manifestación a pesar de que no se hayan acreditado en ellos conductas violentas. La condena se basa exclusivamente en la identificación de los acusados el día de autos. El magistrado ve preciso discriminar dentro de los manifestantes entre aquellos que rodearon e increparon a los parlamentarios y aquellos que simplemente acudieron a la protesta.

El reproche más contundente se proyecta efectivamente sobre el hecho de que no ha quedado acreditada la individualización de conductas violentas en las personas de los acusados. De esta suerte, el magistrado asume el análisis de la Sala acerca del tipo del art. 489 CP y lo interpreta como un delito de riesgo abstracto. Ahora bien, advierte que el empleo de violencia o intimidación con la finalidad de impedir el funcionamiento de las instituciones parlamentarias debe de ser idóneo para alcanzar su objetivo, independientemente del resultado. Quiere el magistrado decir con esto que, si bien es cierto que basta con el intento de intimidazión, las conductas deben de gozar de la intensidad suficiente para poder llegar a perturbar el funiconamiento de las cámaras, cosa que no ocurre en este caso.
 
#Aturemelparlament
EPILOGO: 
 
Desde Legal Sol queremos manifestar nuestra indignación y rechazo ante esta resolución y denunciamos su carácter político y arbitrario. Queremos a su vez expresar nuestra solidaridad y apoyo a lxs condenadxs y sus familias y reafirmar nuestro compromiso en la lucha para que este tipo de abusos no puedan repetirse. No podemos consentir que el máximo órgano judicial del Estado y el Ministerio Fiscal, supuestos defensores de la legalidad y del interés público, operen sistemáticamente de la mano de la policía como herramientas al servicio del poder ejecutivo en su propósito de debilitar no sólo los movimientos de protesta sino nuestros derechos sociales y de participación política más elementales. Queremos recordar a su vez que este tipo de decisiones no nos intimidan y que seguiremos confrontando el poder en la calle y en los tribunales. La lucha es el único camino, y sólo la lucha hace Justicia.  
Comisión Legal Sol
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Nueva Sentencia anula sanción de 500€ a manifestante del 27O

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Una nueva Sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra una sanción de 500.-€ a un manifestante que fue identificado al llegar a Plaza de España para participar en la manifestacíon que había convocada, y que fue sancionado en base a esos hechos, por desordenes públicos.

Con esta Sentencia son ya son 18 las sanciones impuestas ese día declaradas nulas, y supone la sanción nº 211 que se consigue anular en estos años desde esta Comisión.

Sentencia íntegra: SJCA 33 Madrid de 16-04-15 estima PA sin costas

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

 

La Dirección General de Policía aplica la mínima sanción posible a un mando de la UIP condenado por dos faltas de lesiones

El 22 de marzo de 2013, veintiun  activistas de vivienda llevaron a cabo una ocupación pacífica del  edificio de la Sareb con el fin de protestar por la negativa de la entidad a dialogar con varios afectados hipotecarios cuyas viviendas habían pasado a ser propiedad de la misma. Como consecuencia de esta  acción, todas las participantes que permanecían en el interior fueron  imputadas por una falta de desobediencia, de la que posteriormente fueron absueltas.
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Sin embargo, y en un nuevo juicio de  faltas, fue condenado el mando de las Unidades de Intervención Policial por haber empujado a una de las activistas, ocasionando su caída al  suelo, y haber golpeado y agarrado por los testículos a otro activista  que acudió a socorrer a la anterior, y que le solicitó su número de  placa. Así, la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó la  Sentencia nº 352/14 de 18 de junio de 2014 en la que se confirmaba la  Sentencia nº 153/2014 de 9 de abril de 2014, dictada por el Juzgado de  Instrucción nº 49 de Madrid por la que se condenó al funcionario de Policía Nacional como “autor responsable por dos faltas de lesiones dolosas”.
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Dicha condena debería haber supuesto que la Dirección General de Policía abriese de oficio, sin que nadie se lo solicitara, un expediente disciplinario contra el funcionario condenado, dado que los arts. 8 y) k) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo  Nacional de Policía (en adelante LO 4/10) establecen como infracciones graves respectivamente, el haber sido condenado  “por una falta dolosa cuando la infracción penal cometida esté  relacionada con el servicio”, y el no portar visible el número de placa. 
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Ante la sospecha de que dicho expediente no se abriría de oficio, desde la Comisión Legal se solicitó su apertura a través de una denuncia ante el Dirección General de Policía, denuncia que motivó que finalmente el referido expediente disciplinario se iniciase. Nos preguntábamos entonces qué habria pasado si no se hubiera solicitado la apertura del referido expediente disciplinario.
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Pues bien, finalmente hemos tenido conocimiento que el referido expediente disciplinario ha concluido con la imposición al Oficial de la 1ª Unidad de Intervención policial de una sanción de “suspensión de funciones durante dos días (2 días) que no supondrá la pérdida de antigüedad ni implicará la inmovilización en el escalafón“.
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Sorprendidas por el resultado del expediente disciplinario deseamos manifestar:
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– Que el resultado de este procedimiento disciplinario demuestra la laxitud del Cuerpo de Policía con aquellos funcionarios que se exceden en sus funciones hasta el punto de que empujar y agarrar de los testículos a una persona pueda suponer unicamente dos días de sanción siendo uno de los criterios que la LO 4/10 establece para la graduación de una sanción la intencionalidad. Es evidente que nuestro criterio difiere mucho del de la Dirección General de Policía pues, no se nos ocurre acción más intencionada, dirigida y gratuita como es agarrar de los testiculos a un ciudadano que ejercía su derecho a la protesta, más gravoso aún tratándose de un mando del Cuerpo Nacional de Policía condenado por falta dolosa.
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– Que pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de una infracción grave (art.8 y) LO 4/10) por haber sido condenado  “por una falta dolosa cuando la infracción penal cometida esté  relacionada con el servicio”, finalmente lo ha sido por una infracción leve del art. 9 m) “Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por una falta dolosa  cuando la infracción penal cometida cause daño a la Administración o a  los Administrados” en una clara maniobra por parte de la Dirección General de Policía de evitar la sanción de uno de sus funcionarios y toda la carga mediática y social que ello supondría.
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– Que en el procedimiento disciplinario se ha ignorado el hecho de que el Oficial condenado no portaba su número de identificación, lo que supondría una infracción grave según establece el art.8 k) “No ir provisto en los actos de servicio del uniforme reglamentario, cuando su uso sea preceptivo, o de los distintivos de la categoría o cargoevidenciando de nuevo las estrategias por parte de las instituciones para evitar cualquier condena de cierta relevancia.
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Con todo, no queremos dejar de señalar el triunfo que supone el haber logrado que se reconozca y condene judicialmente la actuación del Cuerpo Nacional de Policía, en un ya habitual exceso en sus funciones y el evidenciar que los responsables de dichos abusos no son únicamente los funcionarios que los realizan, sino las propias instituciones, en este caso la Dirección General de Policía, que deja impune, y por lo tanto legitima,  este tipo de hechos que, no obstante, ni detiene ni atenúa la presencia y la reivindicación desde nuestras calles y plazas.
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“Sólo la lucha hace Justicia”
 Comisión Legal Sol

Nueva Sentencia anula sanción 200 euros por Escrache a Soraya

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En el día de hoy nos acaban de notificar la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid que acuerda anular una sanción de 200 euros que Delegación de Gobierno impuso a una persona por participar en el escrache a Soraya Saenz de Santamaría.

Tal y como ya hiciera un Juez de Instrucción, y posteriormente ratificó la Audiencia, se enmarca esta protesta dentro del derecho de reunión:

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Con esta ya son 209 las sanciones tumbadas por esta Comisión, 46  de ellas mediante Sentencia en procedimiento judicial, de las cuales 8 han sido por vulneración de Derechos Fundamentales.

Sentencia íntegra: Sentencia estimatoria del Juzgado Contencioso-administrativo nº 14, de 16 de abril de 2015

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

 

 

COMUNICADO ANTE LA ACTUAL ESCALADA REPRESIVA

En las últimas semanas hemos asistido a toda una serie de episodios represivos que parecen haberse orquestado con el fin de atemorizar a los movimientos sociales y a la ciudadanía organizada ante la aprobación de la ley mordaza, rubricada definitivamente el pasado miércoles 26 de marzo. El último ejemplo ha sido el reciente ataque a varios CSO’s y viviendas okupadas en la mañana del 30 de marzo, que se ha saldado con numerosas detenciones y el registro y destrozo de estos espacios de lucha colectiva.

En la madrugada del 10 de marzo se asestaba el enésimo golpe represivo a los movimientos en defensa de la vivienda con la detención en sus propias casas de 19 jóvenes que habían participado en una protesta contra los desahucios. La policía imputó a los detenidos un delito contra las instituciones del estado y algunos de ellos, desórdenes y resistencia, manteniendo a la mayoría de estos detenidos hasta la mañana del 12 de marzo, en lo que constituye un claro ejemplo de detención de castigo. La mayoría de las personas detenidas pertenecen a Distrito14, colectivo que ya había sido previamente señalado y criminalizado desde fuentes policiales. Lo que nos llama poderosamente la atención es el hecho de que fueron identificadas el mismo día de la protesta en el pleno por la Policía Municipal y, como este mismo cuerpo ha expresado, no hubo ningún conflicto durante la protesta, por lo que ningún agente consideró que existiese indicio de delito ni necesidad alguna de detenerlos.

Pese a ello, y a pesar de estar perfectamente localizables y no existir ningún motivo para pensar que no fuesen a comparecer para declarar, casi un mes después la Policía Nacional irrumpe bruscamente en sus casas a las 7 de la mañana para llevárselos a comisaría, con la clara intención de amedrentar y realizar una de sus tantas demostraciones de fuerza, haciendo una vez más de las detenciones ya no sólo un castigo, sino un auténtico circo.

No existe argumento razonable para justificar estas detenciones, y mucho menos la agresividad con que se producen, cuando lo lógico, en caso de haber considerado que concurriese algún hecho punible, es que se hubiese requerido a los intervinientes para declarar mediante una sensata y acertada citación.

A su vez, apenas una semana y media después de estos hechos, la manifestación de las Marchas de la Dignidad de Madrid terminó con la detención de 17 personas, 3 de ellas menores, tras unas fuertes cargas policiales en las que los antidisturbios se emplearon con saña y gran violencia contra los grupos de manifestantes, causando lesiones a la mayoría de las detenidas por el empleo de una fuerza desproporcionada, llegando a retener tras las cargas y durante más de 2 horas a cerca de 30 personas en la calle La Paz, obligándolas a permanecer de rodillas soportando el frío y sometiéndolas a insultos, golpes y trato degradante. De nuevo, desde la prensa y desde fuentes policiales se había adelantado una criminalización de esta marcha, que hacía prever una fuerte represión.

El pasado lunes volvimos a asistir a otra actuación policial teatralizada, desproporcionada y fuera de contexto, en este caso contra el movimiento anarquista, en un nuevo intento de criminalizar y atacar tanto a los espacios como a las personas que defienden esta ideología. El fuerte dispositivo policial desplegado detuvo en Madrid, Barcelona y Palencia a un total de 27 personas, algunas de las cuales serán llevadas ante la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal con fines terroristas, según el propio Ministerio del Interior ha difundido.

No podemos más que manifestar nuestro estupor por la manipulación mediática que está acompañando todo este asunto, con vulneraciones constantes del derecho a la presunción de inocencia de las detenidas, fuertes acusaciones sostenidas únicamente en “fuentes policiales” vagamente justificadas -llama la atención que una de las principales acusaciones hable de tenencia de explosivos y se jacten de haber encontrado en los registros realizados en viviendas “una botella de camping gas”, o que se reavive de nuevo el fantasma del atentado en La Almudena cuando ya hay personas cumpliendo penas de prisión por el mismo hecho-, una total falta de información de los hechos que han motivado las detenciones y un discurso por parte de las Instituciones que parece un adelanto del Derecho Penal del Enemigo que se pretende apuntalar con las últimas reformas del Código Penal y la Ley Mordaza. Ante todo esto sólo cabe una conclusión: se les ha detenido por anarquistas.

Este tipo de detenciones, que inevitablemente nos recuerdan a tiempos pasados, no nos resultan para nada nuevas. Sólo en los últimos años tenemos varios ejemplos: los 6 detenidos el 22 de junio por una acción del 29 de mayo de 2012, el 28 de noviembre por una acción en la Universidad Complutense el 20 de noviembre de 2013, 4 detenidos el 31 de enero de 2014 en un desahucio, 3 detenidos en la Operación Guinda el 27 de febrero del 2014 o los 11 detenidos el 4 de abril de 2014 por la manifestación del 22 de marzo, en la Operación PUMA 70. Parece que Delegación de Gobierno ha encontrado en la Caza de Brujas un modus operandi perfecto para criminalizar y estigmatizar frente a sus vecinas a las que luchan, y ya de paso atemorizar al resto de personas con las que comparten la calle.

Una detención, con la privación de libertad que lleva aparejada, así como la imputación desmedida y gratuita de delitos contra las instituciones del Estado son actuaciones suficientemente graves para no ser utilizadas de un modo trivial o interesado.

Igualmente, nos alarman los testimonios de las personas detenidas que confirman la continuación de los interrogatorios a detenidos por policias (en la mayoría de los casos de la Brigada Provincial de Información) encapuchados y sin presencia Letrada; los tratos vejatorios constantes en dependencias policiales y las agresiones sufridas en la detención. Hemos podido observar que este comportamiento por parte de la policía tiene un patrón pre-establecido, modulándose este (mal)trato en función del perfil de las personas detenidas -cercanas a una ideología concreta y generalmente muy jóvenes, y el momento en que se produzcan las detenciones. Nos preocupa que pueda existir alguna base política para aplicar estas cuestionables prácticas policiales en las detenciones y paso por comisarías, ya que sólo tenemos noticia de que aparezcan en contextos de movilizaciones sociales ese especial agravio a las detenidas y conducta inapropiada hacia las abogadas.

Entendemos que nos encontramos en un periodo de precampaña electoral en el que el discurso de orden y seguridad o la efectividad policial ante supuestas amenazas (creadas) a la convivencia, suele acarrear un importante rédito político y que es una estrategia ya antigua infundir temor en posibles votantes que demandarán mayor castigo ante el aparente escenario de caos, o al menos asumirán el aumento de represión o pérdida de libertades a cambio de “protección” o “estabilidad”. Pero no podemos permanecer impasibles viendo cómo, aprovechando el contexto político cercano a elecciones y a la aprobación de reformas legislativas punitivas (Código Penal, Ley Mordaza y Pacto “Antiterrorista”), participar en la comunidad a través de una protesta se califique aleatoriamente como un delito, y además como un delito contra las instituciones del Estado, con la gravedad que ello supone.

Resulta verdaderamente inquietante que en un Estado de Derecho se dirija y aplauda desde la Delegación de Gobierno actuaciones policiales desproporcionadas utilizadas como castigo o efecto disuasorio ante expresiones disidentes, debido a su imposibilidad y fracaso a la hora de resolver profundos conflictos sociales, pretendiendo al mismo tiempo asustar a la población y criminalizar así a los movimientos sociales en general y, en especial, a aquellos colectivos que según la conveniencia política del momento interese: movimientos por la vivienda y anarquistas o sectores desprotegidos y marginados que intentan encauzar su malestar por la vía de la protesta, a los cuales se les margina y reprime de manera injustificadamente desigual.

Por otro lado, creemos que la respuesta a estos acontecimientos también merece una reflexión y revisión por parte de los movimientos sociales. En este tipo de prácticas represivas se busca, entre otras cosas, generar pánico y desorganización en el tejido social, razón por la que tenemos que ser capaces de mantener la calma en este tipo de situaciones. Creemos que es importante tener en cuenta lo aprendido en estos años y evitar que sean los aparatos represores los que nos marquen la forma de actuar ante estos acontecimientos. Seremos nosotras las que marquemos el cuando y el cómo, de forma colectiva y organizada. No nos dejaremos amedrentar por los cuerpos e instituciones que día a día hacer gala de un abuso de poder que siempre queda impune y seguiremos en la calle, luchando por lo que creemos. #NoPodránPararnos

Tribunal Superior de Justicia confirma Sentencia que anuló sanción a manifestante

En el día de ayer nos fue notificada la Sentencia de la Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha que, desestimando el recurso del abogado del estado, confirma la Sentencia de primera instancia que anuló una sanción a un manofestante por no respetarse su derecho a la presunción de inocencia.

Sentencia 27-03-15

“Sólo la lucha hace Justicia!

COMISIÓN LEGAL SOL

COMUNICADO RESPECTO A LA DETENCIÓN DE NAGORE LOPEZ, OIHANA BARRIOS, FERNANDO ARBURUA E IZASKUN ABAIGAR EN EL MARCO DE LA DENOMINADA “OPERACIÓN PASTOR”

Las organizaciones abajo firmantes desean expresar su más honda preocupación ante la noticia de la detención de Nagore López de Luzuriaga, psicóloga; Oihana Barrios Salinas, psicóloga; Fernando Arburúa, psicólogo; e Izaskun Abaigar, trabajadora psicosocial.

Se trata de profesionales de reconocida trayectoria en el campo del trabajo en salud y derechos humanos, que han venido desarrollando una labor tenaz, profunda y comprometida ampliamente reconocida a nivel tanto personal como profesional. Miembros destacados de sociedades médicas, docentes universitarios de pre y postgrado, expertos y expertas forenses y consultores nacionales e internacionales en el trabajo con supervivientes de tortura, pero ante todo, profesionales que han demostrado a lo largo de años su profunda calidad humana y una sensibilidad y una dedicación completa hacia sus pacientes.

La razón por la que han sido detenidas es extremadamente preocupante. Han sido detenidas por el hecho de atender y acompañar a personas de todos los sectores sociales y políticos incluyendo a personas vinculadas al movimiento abertzale. Personas que estuvieron detenidas o presas o lo están aún con problemas médicos o psicológicos y familiares de personas que han estado o están presas.

El hecho de que un profesional de la salud pueda estar bajo sospecha por el simple hecho de ejercer su trabajo es preocupante. Que además se puedan incautar sus historias clínicas y expedientes médicos y psicológicos que contienen información personal y privada de terceros, vulnera los derechos de ellos como profesionales y los de sus pacientes y sienta un grave precedente de criminalización del trabajo en salud.

Su esfuerzo de documentación científica de las secuelas médicas y psicológicas de la violencia y el esfuerzo de años en tender puentes y en construir espacios de diálogo, de tolerancia y de acercamiento en medio del dolor, han merecido el respeto de quienes los y las conocemos y admiramos por la dificultad del trabajo que realizan y el carácter incómodo pero necesario y en cualquier caso insustituible de su labor. En la detención de Oihana, Nagore, Fernando e Izaskun vemos como se coarta la libertad profesional y se estigmatiza a profesionales de trayectoria intachable.

No puede resultar ajeno el hecho de que las profesionales detenidas sean conocidas nacional e internacionalmente precisamente por su trabajo de documentación de los malos tratos y la tortura en que han estado implicados fuerzas de seguridad y que hayan actuado de expertos en juicios por dicha causa. Que su trabajo científico como forenses haya sido elogiado por el Relator especial contra la tortura de Naciones Unidas o por el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura entre otros, o que formen parte de diversos proyectos internacionales de trabajo con víctimas de violencia.

Las organizaciones abajo firmantes consideramos que hoy es un día triste para la defensa de los Derechos Humanos. Un día triste para quienes trabajamos y trabajaremos con las víctimas de vulneraciones de derechos básicos desde una perspectiva psicosocial, para quienes realizan investigaciones independientes que huyendo del uso político de las víctimas, intentan que pueda construirse un futuro en que pueda hablarse de todo y hacerlo en libertad, con normalidad y mirando de frente a la realidad y a la historia. Rechazamos toda forma de criminalización de las personas y organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos desde el ámbito jurídico, psicosocial, comunicativo o de cualquier otra índole.

Si ellos y ellas son sospechosas por su trabajo, cualquiera puede serlo. Todas nosotras lo somos.

 Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura

– ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura) acat@pangea.org
– Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. secretaria@apdha.org
– Asociación Contra la Tortura
– Asociación Libre de Abogados. ala@nodo50.org
– Asociación Libre de Abogados de Zaragoza. alazzgz@gmail.com
– Associaciò Memoria contra la Tortura. amct@proutortura.net
– Associaciò Catalanaper a la Defensa dels Drets Humans. acddh@acddh.org
– Behatokia – Observatorio Vasco de Derechos Humanos – Euskal HerrikoGiza / Eskubideen. info@behatokia.info
– CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) . caes@nodo50.org
– Campaña por el cierre de los CIEs http://ciesno.wordpress.com/
– Centro de Documentación Contra la Tortura. cddt@nodo50.org
– Colectivo Trampa . colectivotrampa@riseup.net
– Comissiò de Defensa del Il.lustre Col.legi d’Advocats Barcelona
– Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Balears
– Comisión Legal Sol | https://legal15m.wordpress.com/
– Coordinadora de Barrios. coordinadora@coordinadoradebarrios.org
– Esculca. Observatorio para a Defensa dos Direitos e Liberdades. esculca@esculca.net
– Grupo de Acción Comunitaria (GAC). Centro de Recursos en Salud mental y Derechos Humanos.
– Grupo 17 de Marzo – Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos). 17demarzo@gmail.com

– Independientes

 Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona
 Oteando (Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades) observatorioderylib@gmail.com
 Salhaketa Bizkaia. Salhaketa@salhaketa.euskalnet.net
 Salhaketa Araba Salhacarcel@euskalnet.net
 AEN-País Valencià.
 Argituz. Asociación Pro Derechos Humanos
 Arrels. Col.lectiu d’advocats/es de Barcelona.
 Asociación DateCuenta. Comunicación y Periodismo Libre.
 Asociación Española de Neuropsiquiatría – Sección de Derechos Humanos
 Asociación de Estudiantes Noam Chomsky. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid.
 Assemblea La Marina – Zona Franca. Barcelona.
 Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública
 Ateneu Popular de la Marina-Zona Franca L’Engranatge
 Centro Atzieta Abokatuak
 CUP Barcelona / CUP-CapgiremBcn
 Dempeus per la Salut Pública
 Ekimen Elkartea. Asociación para el estudio de las problemáticas sociales
 ERAIN. Salud Mental Comunitaria e Intervención Social. Bilbao
 Futura-Convergència de les Cultures. Barcelona
 Institut de Drets Humans de Catalunya
 Liga Síndrome Fatiga Crónica. Barcelona.
 NOVACT – Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. http://www.novact.org
 Observatorio de Vídeo No Identificado, OVNI http://www.desorg.org
 OME. Osasun Mentalaren elkartea. Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria – Sección de Derechos Humanos
 OSALDE. Asociación por el derecho a la salud.
 Psicología Sin Fronteras – Nafarroa,
 Rereguarda en Moviment, plataforma solidària contra la repressió
 RIS. Rights International Spain.
 SiR[a]. Red de Apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial en contextos de violencia
 Stop Bales de Goma
 Alumnos y Profesores Postgrado Salud Mental en Violencia Política y Catástrofes- GAC/Universidad Complutense de Madrid. http://www.psicosocial.net

La Audiencia Provincial acuerda reabrir investigación sobre agresiones a prensa del 29M

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Tras el escandaloso sobreseimiento de la causa, debido a que los antidisturbios no quisieron identificar a los autores de las lesiones, alegando que no le constaba ninguna lesión, la Audiencia provincial acaba de estimar el recurso de la Comisión legal, reabriendo la investigación, e instando al Juzgado para que tome declaración a los denunciantes, y pida a la UIP que identifique a los agentes intervinientes para, en su caso, imputarles.

Mas info:

22/10/14 Archivada denuncia por la agresión a periodistas el 29M #TeMetoPeroNoMeConsta

Video campaña #TeMetoPeroNoMeConsta

12/01/15 Auto APM estima recurso vs sobreseimiento causa

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal de Sol