La Comisión Legal Sol interpone denuncia solicitando sanción disciplinaria para policía condenado

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Esta mañana, varios miembros de la Comisión Legal Sol han interpuesto una denuncia ante la Dirección General de la Policía, solicitando la apertura de un expediente sancionador contra el agente condenado por las lesiones causadas a dos activistas con motivo de la ocupación del edificio de la Sareb por parte de colectivos que defienden una vivienda digna.

El 22 de marzo de 2013, veintiun activistas de vivienda llevaron a cabo una ocupación pacífica del edificio de la Sareb con el fin de protestar por la negativa de la entidad a dialogar con varios afectados hipotecarios cuyas viviendas habían pasado a ser propiedad de la misma. Como consecuencia de esta acción, todas las participantes que permanecían en el interior fueron imputadas por una falta de desobediencia, de la que posteriormente fueron absueltas.

Sin embargo, y en un nuevo juicio de faltas, fue condenado el mando de las Unidades de Intervención Policial por haber empujado a una de las activistas, ocasionando su caída al suelo, y haber golpeado y agarrado por los testículos a otro activista que acudió a socorrer a la anterior, y que le solicitó su número de placa. Así, la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó la Sentencia nº 352/14 de 18 de junio de 2014 en la que se confirmaba la Sentencia nº 153/2014 de 9 de abril de 2014, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid por la que se condenó al funcionario de Policía Nacional como “autor responsable por dos faltas de lesiones dolosas”.

Dado que el art. 8 y) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía establece como sanción grave haber sido condenado “por una falta dolosa cuando la infracción penal cometida esté relacionada con el servicio”, la denuncia presentada hoy solicita el cumplimiento de este reglamento y la apertura del correspondiente procedimiento sancionador al agente condenado. Una vez más, nos corresponde a la ciudadanía solicitar a la Administración Pública el cumplimiento de su propia normativa.

Contrasta esta falta de diligencia en iniciar el correspondiente expediente sancionador al agente condenado, con la facilidad para sancionar a paticipantes en protestas sociales, llegando el número de multas en estas circunstancias a 1019 desde el 15 de mayo de 2011 hasta la fecha solo en Madrid, muchas de las cuales llevan la firma del mando de las UIP ahora condenado.

La diligencia selectiva también se hace patente, como viene denunciando desde hace tiempo esta Comisión, en el cumplimiento de la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior que obliga a los funcionarios policiales a ir identificados con su carnet profesional (placa emblema) en todo momento.

Estos hechos, y la absoluta parsimonia de los superiores jerárquicos de los agentes y las autoridades competentes ante el incumplimiento sistemático de la legalidad por parte de los funcionarios de Policía, permiten concluir que la Ley, según para quien, no es de obligado cumplimiento, aún cuando la obligación que imponga constituya un derecho ciudadano.

Denuncia al Director General de la Policía solicitando se sanciones a funcionario de Policía condenado.

Porque solo la lucha hace justicia

 Comisión Legal Sol

Telemadrid: la televisión pública al servicio de la construcción del enemigo

Han sido muchas las voces que se han alzado tras el salto a las redes del programa de la -quizás en algún tiempo pasado- “televisión pública” Telemadrid, titulado “Los rostros de la violencia callejera”. Una nueva vuelta de tuerca a la criminalización de la protesta social en la que la Delegada del Gobierno en Madrid utiliza de nuevo un medio de comunicación público para desacreditar a los movimientos sociales de nuestra región, atemorizar a las activistas y profundizar en la división entre manifestantes buenos y malos, tan recurrente en sus intervenciones públicas.
En el pseudo-programa de investigación se identifica -con nombres, apellidos e imagen- a un buen grupo de compañeros y compañeras a los que se acusa de liderar lo que denominan como la kale borroka madrileña”, supuestamente encargados de dirigir “al ejército mercenario de violentos” que “se enfrentan a las fuerzas del orden y destrozan la ciudad”. Igualmente, el programa vincula a estas personas, a sus colectivos y a los espacios okupados de la Comunidad, con la izquierda abertzale, así como con el independentismo radical gallego y catalán, en la habitual estrategia de criminalización del “todo-es-ETA”, tantas veces empleada por los análisis más tendenciosos y desatinados sobre la cuestión. 
Las gravísimas acusaciones vertidas, la gran mayoría de ellas no basadas en sentencias judiciales y, en algún caso, sin que siquiera haya medidado detención previa, se sustentan en declaraciones realizadas por agentes de policía que reconocen, sin pudor alguno, el seguimiento y la utilización de ficheros ilegales de activistas por parte de los cuerpos policiales, donde constan datos de personas sin antecedentes penales ni policiales, tales como la filiación política, el historial de militancia, o incluso las relaciones personales. 
Procede recordar que el artículo 22 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LO 15/1999), que regula los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que los mismos están sujetos a las reglas generales de dicha Ley, especificando en su articulo 7.4 la prohibición expresa de realizar ficheros que contengan datos tales como la ideología, la afiliciación sindical y la vida sexual.
Por otro lado, recordamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  que los ficheros relativos a datos en materias penales y administrativas están calificados como de alta protección, y que la cesión de datos tales como los antecedentes penales y los policiales está taxativamente prohibida por el articulo 11.2 de la LOPD y por la LORTAD. Además es obligación de los responsables de dichos datos, en este caso los agentes policiales, los deberes de secreto, confidencialidad y seguridad (artículos 9 y 10 LOPD), evitando cualquier tipo de cesión o filtración, especialmente a los medios de comunicación (STC 14/2003), pudiendo y debiendo ser sancionados en caso de incumplimiento.
A su vez, el responsable del grupo XXI de la Brigada Provincial de Información aprovecha la oportunidad para intentar mejorar la imagen del lastrado cuerpo de antidisturbios -cuya imagen pública se deteriora progresivamente en los sondeos ciudadanos por la brutalidad policial desplegada en las manifestaciones de los últimos años-, negando algunas polémicas reiteradamente denunciadas por activistas y organizaciones sociales. Así, invoca de nuevo el mantra de las denuncias falsas por lesiones interpuestas por personas detenidas y tenidas bajo custodia policial en comisaría, indicando que aquí no se tortura a ningún detenido”. 
Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran emprender las personas directamente señaladas en el programa, asistimos estupefactas al destino de recursos públicos a la producción de material televisivo destinado al descrédito personalizado y a la construcción de la imagen pública del “enemigo”, identificado en este caso con activistas sociales. No se trata ya de que la televisión pública debiera intentar hacer honor a los fines para los que fue creada; ni siquiera la alarma de que se financie la criminalización abierta con la recaudación del contribuyente, sino que este señalamiento público se lleva a cabo sin ningún tipo de respeto al derecho a la presunción de inocencia y al derecho al honor y la intimidad de estas personas, utilizando medios públicos para calumniar, injuriar y airear la vida personal de un grupo de activistas en un ejercicio absolutamente falto de rigurosidad y ética periodística.
Ante todo ello, esta Comisión quiere señalar su negativa a asumir pasivamente los intentos de criminalización y división de las luchas sociales que, en estos últimos años, han peleado y pelean cotidianamente por regenerar, aquí sí, la democracia en retroceso en la que nos sume el progresivo deterioro de derechos y libertades de los últimos tiempos. Resultan no solo deleznables, sino abiertamente intolerables, la difamación, la difusión de informacion falsa, privada o de especial protección, la vulneración del derecho al honor y a la propia imagen que bordea recurrentemente el documental, financiado con fondos públicos, al servicio de intereses partidistas y del deterioro democrático de esta castigada sociedad
Desde la Comisión LegalSol denunciamos cualquier tipo de futuras persecuciones políticas y de represión a colectivos y militantes y recordamos, en especial al Ministerio del Interior y a la Delegada del Gobierno en Madrid, que los cuerpos policiales están sujetos en todas sus actuaciones a la legalidad vigente. No seremos cómplices de la criminalización por cuestiones ideológicas de compañeras de lucha. Nos quieren separadas; juntas y fuertes nos encontrarán.
Comisión LegalSol

Audiencia Provincial confirma condena a mando UIP por dos faltas de lesiones

La Sección 29 de la Audiencia provincial de Madrid acaba de dictar sentencia en la que confirma la condena a un mando de la UIP por dos faltas de lesiones.

Las agresiones tuvieron lugar en el marco de una acción de protesta en la sede de la SAREB el pasado 22 de marzo de 2013

El funcionario de policía, según los hechos probados, empujó a una de las manifestantes y cuando otra persona acudió a ayudarla, requiriendo al funcionario policial para que le diese su número de placa, fue golpeado y agarrado por los testículos.

Sentencia Secc 29 APM, de 18 de junio de 2014, confirma condena

Sentencia JI nºº 35, de 9 de abril de 2014, condena mando UIP por dos faltas de lesiones 21vsSareb

“Sólo la lucha hace Justicia”

 

Comisión Legal Sol

Comunicado de la Comisión Legal sobre protocolo de coberturas.

Tras el plenario de la Comisión Legal que tuvo lugar el pasado 7 de junio, se ha acordado redefinir el protocolo de esta Comisión en cuanto a coberturas, informando a toda persona, asamblea o colectivo  de lo siguiente:

1.- Cualquier colectivo o asamblea que organice alguna acción o movilización social podrá solicitar cobertura jurídica a la Comisión Legal, debiendo para ello avisar con el máximo tiempo posible, pero siempre con 3 días de antelación.

Ello nos permitirá poder dialogar la propuesta en nuestra asamblea (que son todos los martes), tener la oportunidad de informarnos e informar, así como organizar la cobertura. La cobertura jurídica estará siempre condicionada a la capacidad de esta Comisión.

2.- Para aquellas movilizaciones surgidas espontáneamente frente a acontecimientos imprevistos, no será necesario avisar con antelación, debiendo hacerlo en todo caso lo antes posible.

3.- La cobertura jurídica ofrecida por esta comisión implica la asistencia letrada a las personas que resulten detenidas o denunciadas, así como la defensa de sus intereses durante todo el procedimiento penal.

Con respecto a las sanciones administrativas que puedan ser impuestas durante la convocatoria, y debido a la notable disminución que esta teniendo la burorrepresión a base de sanciones, esta Comisión va a poner a disposición de todo el mundo un manual para poder recurrirlas, igualmente se dará todo el  apoyo y seguimiento necesario ofreciendo talleres para aquellos colectivos que lo soliciten. De manera excepcional, y siempre valorando caso a caso, la Comisión legal asumirá aquellas sanciones que puedan ser susceptibles de plantear un litigio estratégico o en las que las circunstancias personales de la persona   sancionada le impidan recurrirlas por sus medios. Este acuerdo no afecta a las sanciones que ya han sido asumidas por esta Comisión.

En el caso de que por parte de la Administración se volviese a ejercer una burorrepresión generalizada e indiscriminada, se reconsiderará la cobertura en este ámbito.

4.- Para aquellas movilizaciones en las que ya exista un equipo jurídico que de cobertura a todas las personas que lo necesiten, esta Comisión no ofrecerá cobertura, salvo en supuestos como las huelgas generales, donde la cobertura existente se circunscribe a las personas pertenecientes a un determinado sindicato/partido.

5.- Los colectivo o asambleas que soliciten cobertura a la Comisión Legal deberán implicarse y colaborar con el trabajo de la misma, bien ayudando a recopilar material audiovisual que pueda servir de prueba, a buscar testigos, difundir comunicados, etc..

6.- En todo caso, la decisión sobre la cobertura a una acción concreta, la tomará, salvo en los casos de urgencia, la asamblea de la Comisión.

Recordamos que la Comisión Legal es un colectivo que se organiza de manera asamblearia, reuniéndose todos los martes en asambleas abiertas en las que puede participar cualquier persona, independientemente de que pertenezca o no al mundo jurídico.

“Sólo la lucha hace Justicia”

COMISIÓN LEGAL 

 

Nueva Sentencia: Delegación de Gobierno vulneró derecho de presunción de inocencia #15-1

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Hoy nos han notificado nueva Sentencia que estima la demanda interpuesta por una sancionada por considerar que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

Dado que se da por acredita la referida vulneración, el Juzgado anula la sanción y no estima necesario pronunciarse sobre el resto de derechos que  la demandante entendía que le habían sido vulnerados.

Sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo nº 1 de Madrid, de 22 de abril de 2014, estima vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

#15-1

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

La Administración vulneró los derechos fundamentales de defensa y a la presuncion de inocencia de un sancionado del 27O #14-1

Esta semana nos han notificado una Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, en el marco de un procedimiento especial de protección dederechos fundamentales, que estima la demanda interpuesta por el sancionado del 27o, por considerar que la sanción vulnera los derechos fundamentales de defensa y a la presunción de inocencia.

En la medida que da por acredita las referidas vulneraciones, la Sentencia no entra a valorar la posible vulneración del derecho de reunión, que también se plantaba en la demanda.

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, de 21 de abril de 2014, estima vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del derecho de defensa

#14-1

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

Dos Sentencias sobre sanciones de Toma el Metro: una de cal y otra de arena #13-1/2

La batalla contra la Burorrepresión continúa.
Tenemos dos sentencias atrasadas que no hemos podido compartir hasta ahora, una perdida (con matices) y otra ganada:

1. El pasado 26 de junio de 2013 os informábamos que el Juzgado Contencioso Administrativo nº 20 de Madrid había estimado la demanda interpuesta contra una sanción del 27 de abril en el marco de la movilización de “Toma el Metro”. La Sentencia estimó que la sanción vulneró el derecho fundamental del demandante a la presunción e inocencia, por lo que se estimaba la demanda sin entrar a valorar la posible vulneración del derecho de reunión que también se planteaba.

La Administración recurrió la referida sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y, durante la tramitación del presente recurso, el Ministro del Interior resolvió el recurso de alzada del sancionado mas de un año después de haberse interpuesto, dándole la razón al sancionado y anulando la multa. El recurso de alzada es el último recurso antes de irse a un procedimiento ante un Juez. En prácticamente la totalidad de casos el recurso de alzada nunca obtiene respuesta, lo que permite, una vez se da el llamado “silencio negativo” (si no te contestan en tres meses, es que no) presentar una demanda ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, pudiendo hacerlo por el procedimiento “normal” o por el “especial” de protección de derechos fundamentales.

Al haberse estimado el recurso de alzada por el Ministro (último responsable de la administración sancionadora) se anulaba la sanción, por lo que el procedimiento judicial carecía de objeto, al no existir ya la multa. Sin embargo, esto no se puso en conocimiento ni del Juzgado ni del TSJ en lo que podría considerarse un presumible fraude procesal por parte de la Administración No obstante, se están estudiando en este momento las acciones que nos asisten para la revocación de la resolución dictada.

A pesar de haberse anulado la sanción, la Sección Primera del TSJ, desconocedora de ello, siguió sus trámites y dictó Sentencia. En ella estima el recurso del Abogado del Estado, declarando la inadmisibilidad de la demanda presentada por entender que se ha utilizado inadecuadamente el procedimiento de protección de derechos fundamentales, ya que lo que se alega en la demanda son meras “cuestiones de legalidad”, alegación con la que estamos absolutamente disconformes y que contradice el sentido de la propia Administración.

Adjuntamos tanto la sentencia dictada por la Sala como la resolución del Ministerio Interior como acreditativo aquí manifestado.
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Sentencia de la Sección 1ª del TSJ, de 20 de febrero de 2014, estima recurso Abogado del Estado

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2. Por otro lado, el pasado 19 de marzo, el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid dictó una nueva Sentencia en la que estimaba la demanda de una persona que fue sancionada con 300.-€ por su participación, nuevamente, en “Toma el Metro”, por lo que se anulaba la sanción impuesta.

Sentencia estimatoria del Juzgado Contencioso-Adminstrativo nº 20 de Madrid, de 19 de febrero 2014.

 

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisin Legal Sol