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Desde la Comisión legal nos congratula poder anunciar la publicación de dos trabajos:

- El “Manual de emergencia y autodefensa contra las multas”, pretende ser una herramienta útil para que cualquier persona pueda alegar frente a las sanciones indiscriminadas.

http://manualsancionesadministrativas.wordpress.com/

 

- El Blog BURORRESISTIENDO: Es el blog que hemos creado desde el Grupo de Trabajo de Administrativo, donde pretendemos plasmar todo el trabajo realizado contra las sanciones indiscriminadas. En él puedes ver todas las sentencias ganadas hasta la fecha, materiales de interés, comunicados, etc.

https://burorresistiendo.wordpress.com/

Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

La Policía abre expediente disciplinario a un agente condenado por dos faltas de lesiones (cuando no tiene mas remedio)

El pasado 15 de abril informábamos de la condena a un mando de la 1ª Unidad de Intervención Policial (conocidos como “antidisturbios”) por dos faltas de lesiones ya que, según los hechos probados de la sentencia, en el contexto de una acción pacífica, empujó a una de las manifestantes y cuando otra persona acudió a ayudarla, requiriendo al funcionario policial para que le diese su número de placa, fue golpeado y agarrado por los testículos.

Como el hecho de que un funcionario de Policía sea condenado por una falta o delito doloso en el ejercicio de sus funciones supone, además de la penal que le imponga el Juez, una infracción disciplinaria, el pasado 20 de octubre también informamos de que se había interpuesto una denuncia ante el Director General de la Policía, solicitando que al mando condenado se le incoara un expediente sancionador por estos hechos.

Se interpuso la referida denuncia con la esperanza de que dicho expediente sancionador ya se hubiese incoado de oficio, como debería ser, sin necesidad de que nadie se lo requiriera al Director General de la Policía.

Pues bien, hace pocos días hemos recibido contestación de la Dirección General de la Policía en los siguientes términos: 

sanción

De su contenido se desprende que, efectivamente, se ha incoado expediente disciplinario contra el agente condenado “conforme a la legislación vigente“, pero que se ha iniciado “en base a la denuncia presentada“, es decir, que dicho expediente no se había iniciado de oficio por la Dirección General de la Policía y que, probablemente, de no haberse presentado la denuncia, dicho expediente nunca se habría abierto. Aunque albergamos serias dudas sobre la resolución final del mismo, en la medida en que no tenemos manera de realizar un seguimiento respecto de su conclusión, consideramos una buena noticia que, por primera vez en mucho tiempo, se aplique correctamente -aunque solo sea en términos formales- la potestad sancionadora, esa misma que con tanta diligencia ha generado ya más de 1057 sanciones a manifestantes en Madrid desde el 15 de mayo de 2011.

Desde la Comisión Legal queremos poner en conocimiento de la ciudadanía estos hechos, y compartir nuestra preocupación ante la necesidad de que sea la sociedad civil la que tenga que forzar al Director General de la Policía para que aplique la ley.

¿Qué hubiese pasado si no se interpone la denuncia?¿Qué habrá ocurrido en los otros casos de agentes condenados en los que nadie ha pedido que se abra expediente disciplinario?

Desgraciadamente, no es el primer ejemplo que indica que el régimen disciplinario en el Cuerpo de Policía se aplica en función de intereses muy alejados del estricto cumplimiento de la ley. Desde hace dos años venimos denunciando la generalizada práctica por parte de funcionarios de Policía, en especial de las UIP, de no portar su número de identificación personal (“Número de placa”) visible en su uniforme, para lo que se han aportado centenares de fotografías, sin que a día de hoy conste ni un sólo expediente disciplinario incoado al respecto.

Así pues, ante la inactividad  y la deliberada impasibilidad de la Dirección General de Policía a efectos de  sancionar a sus agentes que incumplen la Ley y de evitar que sus actuaciones desproporcionadas y lesivas en pos de la autentica  seguridad de los ciudadanos queden impunes, desde LegalSol seguiremos denunciando y trabajando para que aquellos supuestamente encargados de hacer cumplir la Ley sean consecuentemente  los primeros en respetarla

Sólo la lucha hace Justicia

Comisión Legal Sol

 

Nueva sentencia anula multa 301€ a manifestante 1215M

1215m

Esta semana nos han notificado una nueva Sentencia que anula una sanción a un manifestante por ejercer sus derechos el pasaso 1215M de 2012.

Con esta ya son 26 las Sentencias que anulan sanciones indiscriminadas impuestas a manifestantes, quedando pendientes aun cientos de procedimiento por este tipo de sanciones.

Sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo nº 11, de 2 de diciembre de 2014, estima vulneración del derecho a la presunción de inocencia

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisón Legal Sol

Comunicado sobre el Auto del Juzgado de Instrucción nº 6 en relación a la denuncia por la actuación policial en el CIE de MAdrid-Aluche ante un posible caso de Ébola.

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El pasado 1 de octubre, en el CIE Madrid-Aluche se activó un protocolo por un posible caso de Ébola. Como consecuencia, varios internos del CIE dejaron de recibir el desayuno y el almuerzo, permitiéndoles únicamente salir de sus celdas a partir de las 17:00 horas hasta las 18:30 horas para recibir alimentos.

Además, a los policías se les proporcionó mascarillas, medida preventiva que no recibieron los internos, a quienes en ningún momento se les informó de las razones  y causas  por las que se les limitaban  las actividades de ocio dentro del centro, así como los horarios de visitas ni los motivos por los que no recibieron alimento durante esas horas.

Tampoco se les informó en ningún momento  de la existencia de una posible persona afectada por el ébola.

Como consecuencia de ello, el 16 de octubre de 2014, el Juez del Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid, tras numerosas quejas interpuestas por parte de SOS Racismo y Ferrocarril Clandestino, dictó un Auto exigiendo al Director del CIE Madrid- Aluche que cesara en su actuación y le requirió para:

requerimiento 1

requerimiento 2

Además, recuerda al Director del Centro que deberá ser garante siempre y sin excepción, del derecho fundamental a la dignidad de los internos:

recuerda

En el propio Auto se pone de relieve que, en relación a la atención sanitaria de los internos,  los Juzgados de Control de los CIES han recibido constantes quejas por desatención médica o por la insuficiencia de la asistencia facultativa. No hay que olvidar que actualmente se encuentra abierta una causa penal contra el servicio médico de dicho centro, por la muerte, hace 3 años, de Samba Martine, interna de origen congoleño, después de que conste acreditado que acudió hasta en diez ocasiones a la enfermería del CIE.

Esta comisión considera intolerable que una alerta sanitaria de tal magnitud se convierta en causa no sólo de la ausencia de medidas preventivas adecuadas para la integridad física de los internos, sino además en el desarrollo de un trato degradante y arbitrario -uno más- a personas, no nos cansaremos de recordarlo, privadas de libertad por el incumplimiento de un trámite administrativo. No somos las únicas en considerarlo asi; el propio Juzgado califica el trato recibido por los inteŕnos como vulnerador del derecho fundamental a la dignidad. A este respecto, procede recordar que la dignidad humana  y la prohibición de discriminación están garantizadas como derechos fundamentales en los artículos 10 y 14 de la Constitución Española y como derechos humanos en los tratados internacionales suscritos por el Estado español: artículo 14 CEDH, y artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este caso concreto el juez señala y critica que un protocolo policial, como el activado en esta ocasión, no tendrá en ningún caso carácter de norma, e indica que “en ningún momento se les puede privar del Derecho Fundamental a la Dignidad y mucho menos que a los seres humanos internados se les trate como meras mercancías u objetos almacenables”.

Por último, resulta penoso tener que volver a recordar que, tal y como recoge el artículo 62 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración, las personas internas en los CIES detentan una serie de derechos como el de ser informados siempre de su situación; a que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud; sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra; a que sea preservada su dignidad y su intimidad; a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada; y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro. Pese a todo, esta comisión considera indecente e innecesaria cualquier distinción referida a la nacionalidad de las personas afectadas, cuando se trata de garantizar derechos y libertades que han de ser inherentes a la mera condición de ser humano.

Desde la Comisión Legal Sol apoyamos en la degradante y profundamente injusta  situacion que deben atravesar las personas internas a la vez que les  agradecemos a las compañeras y compañeros que pelean cotidianamente para sacar a la luz estas vergonzosas situaciones y que han hecho posible con su esfuerzo, mediante denuncias como ésta, que las conozcamos. Del mismo modo, queremos manifestar nuestra repulsa a la sistemática  vulneración de derechos humanos que tienen lugar en los Centros de Internamiento de Extranjeros, así como a su propia existencia, por cuanto son verdaderas cárceles encubiertas de incompatible convivencia con un sistema que se denomina “democrático”.  Ningún ser humano es ilegal ¡CIES NO!

 

Comisión Legal Sol

 

Nueva Sentencia anula multa de 301.-€ a manifestante #JMJ

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En el día de hoy nos han notificado una nueva Sentencia que anula multa de 301.-€ impuesta a un manifestante por acudir a la marcha laica durante las JMJ.

La Sentencia es firme, por lo que no cabe recurso, e impone las costas a la Administración.

Sentencia estimatoria del Juzgado Contencioso-administrativo nº 20 de Madrid, de 19 de noviembre de 2014.

Frente a la Burorrepresión, Burorresistimos!

“Sólo la lucha hace Justicia”

COMISIÓN LEGAL SOL

Nueva Sentencia estima vulnerado DDFF a presunción de inocencia por sanción del 27-O

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Nueva Sentencia que estima la demanda interpuesta por el equipo de la Comisión Legal Sol contra una sanción de 500.-€ impuesta a un manifestante el 27 de octubre de 2012.

En resumen, la Sentencia establece que:

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Adjuntamos la Sentencia íntegra: Sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo nº 15 de Madrid, de 17 de noviembre de 2014, estima vulneración derecho a la presunción de inocencia.

“Sólo la lucha hace Justicia”

COMISIÓN LEGAL SOL

Archivada denuncia por la agresión a periodistas el 29M #TeMetoPeroNoMeConsta

Este mes hemos podido asistir al penúltimo episodio de impunidad policial como consecuencia de la falta de investigación efectiva por parte un Juez, esta vez, de la titular del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid.

Los Hechos denunciados

El pasado 29 de Marzo, en el marco de una manifestación, fueron agredidos de manera totalmente gratuita cuatro reporteros gráficos por el mero hecho de estar desempeñando su trabajo, grabando una intervención policial en la que se detuvo a una persona.

Anteriormente, los reporteros denuncian que fueron continuas las coacciones durante toda la noche por parte de los funcionarios de Policía de la 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP).

Los reporteros denunciaron las referidas agresiones, que además, quedaron grabadas por los propios reporteros y sus compañeros. Tal y como se puede ver en las imágenes, los funcionarios de policía no portaban su nº profesional ni su nº de operativo de manera visible, incumpliendo la regulación al respecto.

Se puede ver una recopilación de los vídeos que recogen las agresiones este enlace.

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La gratuidad de las referidas agresiones, perfectamente constatable en las imágenes, motivó incluso que la Representante sobre Libertad de Medios de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), Dunja Mijatović, emitiese una nota de prensa , en la que manifestó:

su profunda preocupación a propósito de los casos de violencia e intimidación por parte de la policía hacia periodistas que cubrían las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid el pasado sábado 29 de marzo

Paralelamente, un informe elaborado por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC), titulado ‘Retrocesos en materia de libertad de expresión en España’, documenta y pone de manifiesto el aumento de agresiones a periodistas por parte de la policía.

 

La arrogante respuesta de la Policía

Frente a esta denuncia, el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid acordó oficiar a la propia 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP) para que “procedan a practicar gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos investigados interesando se identifiquen a los agentes que intervinieron en las lesiones denunciadas“, para lo cual se remitió la denuncia interpuesta junto con las grabaciones adjuntas a la misma.

El Inspector Jefe de la 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP), en una muestra de arrogancia, insulto a la inteligencia y desprecio a las obligaciones que su cargo le confiere, contestó al referido requerimiento afirmando que

 2014-10-14 11:31

A pesar de ello, se adjuntaba el atestado de la detención que estaban grabando los reporteros en el momento de ser agredidos, atestado en el que constan hasta cuatro agentes identificados, y que se corresponden con los que aparecen en las imágenes grabadas.

La falta de investigación judicial efectiva

Con esta contestación, con la que al menos se adjunta un atestado en el que consta el nº profesional de cuatro funcionarios de Policía que indiciariamente pudieron ser los autores de las agresiones a los reporteros, la Jueza, sin practicar ninguna diligencia de investigación más, ha acordado el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE LAS ACTUACIONES, ya que aunque “de lo actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, sin bien no existen motivos suficientes para atribuir se perpetración a persona alguna determinada

Desde la Comisión Legal queremos poner en conocimiento de la ciudadanía estos hechos y esta decisión judicial, que hemos recurrido ante la Audiencia provincial.

Nuevamente, nos encontramos ante la realidad de las diferentes investigaciones judiciales que se llevan a cabo dependiendo de quien son las personas denunciadas, y sobretodo, si llevan o no uniforme de Policía.

Esta falta absoluta de voluntad de investigar este tipo de hechos por parte de Jueces y representantes del Ministerio Fiscal no sólo permite que los abusos policiales queden impunes, sino que perpetúa que se produzcan, provocando una absoluta y comprensible falta de confianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía.

Nuestro país ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosas ocasiones por falta de investigación de las denuncias de malos tratos cuando el presunto agresor es un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin que esto se haya traducido en ningún tipo de medida a nivel interno. Debemos recordar que un Estado que no investiga y castiga las agresiones y coacciones a reporteros gráficos por parte de funcionarios de Policía no puede considerarse ni democrático ni de Derecho.

Sólo la lucha hace Justicia

Comision Legal Sol

La Comisión Legal Sol interpone denuncia solicitando sanción disciplinaria para policía condenado

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Esta mañana, varios miembros de la Comisión Legal Sol han interpuesto una denuncia ante la Dirección General de la Policía, solicitando la apertura de un expediente sancionador contra el agente condenado por las lesiones causadas a dos activistas con motivo de la ocupación del edificio de la Sareb por parte de colectivos que defienden una vivienda digna.

El 22 de marzo de 2013, veintiun activistas de vivienda llevaron a cabo una ocupación pacífica del edificio de la Sareb con el fin de protestar por la negativa de la entidad a dialogar con varios afectados hipotecarios cuyas viviendas habían pasado a ser propiedad de la misma. Como consecuencia de esta acción, todas las participantes que permanecían en el interior fueron imputadas por una falta de desobediencia, de la que posteriormente fueron absueltas.

Sin embargo, y en un nuevo juicio de faltas, fue condenado el mando de las Unidades de Intervención Policial por haber empujado a una de las activistas, ocasionando su caída al suelo, y haber golpeado y agarrado por los testículos a otro activista que acudió a socorrer a la anterior, y que le solicitó su número de placa. Así, la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó la Sentencia nº 352/14 de 18 de junio de 2014 en la que se confirmaba la Sentencia nº 153/2014 de 9 de abril de 2014, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid por la que se condenó al funcionario de Policía Nacional como “autor responsable por dos faltas de lesiones dolosas”.

Dado que el art. 8 y) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía establece como sanción grave haber sido condenado “por una falta dolosa cuando la infracción penal cometida esté relacionada con el servicio”, la denuncia presentada hoy solicita el cumplimiento de este reglamento y la apertura del correspondiente procedimiento sancionador al agente condenado. Una vez más, nos corresponde a la ciudadanía solicitar a la Administración Pública el cumplimiento de su propia normativa.

Contrasta esta falta de diligencia en iniciar el correspondiente expediente sancionador al agente condenado, con la facilidad para sancionar a paticipantes en protestas sociales, llegando el número de multas en estas circunstancias a 1019 desde el 15 de mayo de 2011 hasta la fecha solo en Madrid, muchas de las cuales llevan la firma del mando de las UIP ahora condenado.

La diligencia selectiva también se hace patente, como viene denunciando desde hace tiempo esta Comisión, en el cumplimiento de la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior que obliga a los funcionarios policiales a ir identificados con su carnet profesional (placa emblema) en todo momento.

Estos hechos, y la absoluta parsimonia de los superiores jerárquicos de los agentes y las autoridades competentes ante el incumplimiento sistemático de la legalidad por parte de los funcionarios de Policía, permiten concluir que la Ley, según para quien, no es de obligado cumplimiento, aún cuando la obligación que imponga constituya un derecho ciudadano.

Denuncia al Director General de la Policía solicitando se sanciones a funcionario de Policía condenado.

Porque solo la lucha hace justicia

 Comisión Legal Sol

Telemadrid: la televisión pública al servicio de la construcción del enemigo

Han sido muchas las voces que se han alzado tras el salto a las redes del programa de la -quizás en algún tiempo pasado- “televisión pública” Telemadrid, titulado “Los rostros de la violencia callejera”. Una nueva vuelta de tuerca a la criminalización de la protesta social en la que la Delegada del Gobierno en Madrid utiliza de nuevo un medio de comunicación público para desacreditar a los movimientos sociales de nuestra región, atemorizar a las activistas y profundizar en la división entre manifestantes buenos y malos, tan recurrente en sus intervenciones públicas.
En el pseudo-programa de investigación se identifica -con nombres, apellidos e imagen- a un buen grupo de compañeros y compañeras a los que se acusa de liderar lo que denominan como la kale borroka madrileña”, supuestamente encargados de dirigir “al ejército mercenario de violentos” que “se enfrentan a las fuerzas del orden y destrozan la ciudad”. Igualmente, el programa vincula a estas personas, a sus colectivos y a los espacios okupados de la Comunidad, con la izquierda abertzale, así como con el independentismo radical gallego y catalán, en la habitual estrategia de criminalización del “todo-es-ETA”, tantas veces empleada por los análisis más tendenciosos y desatinados sobre la cuestión. 
Las gravísimas acusaciones vertidas, la gran mayoría de ellas no basadas en sentencias judiciales y, en algún caso, sin que siquiera haya medidado detención previa, se sustentan en declaraciones realizadas por agentes de policía que reconocen, sin pudor alguno, el seguimiento y la utilización de ficheros ilegales de activistas por parte de los cuerpos policiales, donde constan datos de personas sin antecedentes penales ni policiales, tales como la filiación política, el historial de militancia, o incluso las relaciones personales. 
Procede recordar que el artículo 22 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LO 15/1999), que regula los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que los mismos están sujetos a las reglas generales de dicha Ley, especificando en su articulo 7.4 la prohibición expresa de realizar ficheros que contengan datos tales como la ideología, la afiliciación sindical y la vida sexual.
Por otro lado, recordamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  que los ficheros relativos a datos en materias penales y administrativas están calificados como de alta protección, y que la cesión de datos tales como los antecedentes penales y los policiales está taxativamente prohibida por el articulo 11.2 de la LOPD y por la LORTAD. Además es obligación de los responsables de dichos datos, en este caso los agentes policiales, los deberes de secreto, confidencialidad y seguridad (artículos 9 y 10 LOPD), evitando cualquier tipo de cesión o filtración, especialmente a los medios de comunicación (STC 14/2003), pudiendo y debiendo ser sancionados en caso de incumplimiento.
A su vez, el responsable del grupo XXI de la Brigada Provincial de Información aprovecha la oportunidad para intentar mejorar la imagen del lastrado cuerpo de antidisturbios -cuya imagen pública se deteriora progresivamente en los sondeos ciudadanos por la brutalidad policial desplegada en las manifestaciones de los últimos años-, negando algunas polémicas reiteradamente denunciadas por activistas y organizaciones sociales. Así, invoca de nuevo el mantra de las denuncias falsas por lesiones interpuestas por personas detenidas y tenidas bajo custodia policial en comisaría, indicando que aquí no se tortura a ningún detenido”. 
Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran emprender las personas directamente señaladas en el programa, asistimos estupefactas al destino de recursos públicos a la producción de material televisivo destinado al descrédito personalizado y a la construcción de la imagen pública del “enemigo”, identificado en este caso con activistas sociales. No se trata ya de que la televisión pública debiera intentar hacer honor a los fines para los que fue creada; ni siquiera la alarma de que se financie la criminalización abierta con la recaudación del contribuyente, sino que este señalamiento público se lleva a cabo sin ningún tipo de respeto al derecho a la presunción de inocencia y al derecho al honor y la intimidad de estas personas, utilizando medios públicos para calumniar, injuriar y airear la vida personal de un grupo de activistas en un ejercicio absolutamente falto de rigurosidad y ética periodística.
Ante todo ello, esta Comisión quiere señalar su negativa a asumir pasivamente los intentos de criminalización y división de las luchas sociales que, en estos últimos años, han peleado y pelean cotidianamente por regenerar, aquí sí, la democracia en retroceso en la que nos sume el progresivo deterioro de derechos y libertades de los últimos tiempos. Resultan no solo deleznables, sino abiertamente intolerables, la difamación, la difusión de informacion falsa, privada o de especial protección, la vulneración del derecho al honor y a la propia imagen que bordea recurrentemente el documental, financiado con fondos públicos, al servicio de intereses partidistas y del deterioro democrático de esta castigada sociedad
Desde la Comisión LegalSol denunciamos cualquier tipo de futuras persecuciones políticas y de represión a colectivos y militantes y recordamos, en especial al Ministerio del Interior y a la Delegada del Gobierno en Madrid, que los cuerpos policiales están sujetos en todas sus actuaciones a la legalidad vigente. No seremos cómplices de la criminalización por cuestiones ideológicas de compañeras de lucha. Nos quieren separadas; juntas y fuertes nos encontrarán.
Comisión LegalSol