Presentadas cuarenta demandas contra las sanciones indiscriminadas de Delegación de Gobierno a manifestantes del 15M

Esta mañana se ha interpuesto en los Juzgados de Gran Vía 19,  cuarenta demandas contencioso-administrativas contra otras tantas Resoluciones de la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid que acordaban sancionar a personas por el mero hecho de acudir a movilizaciones sociales; a estas demandas hay que añadir las 19, correspondientes a otros procedimientos, presentadas hasta la fecha. Hemos de recordar que desde hace dos años se ha sancionado nada menos que a 1000 personas por ejercer sus derechos constitucionalmente reconocidos.

El recurso a los tribunales contenciosos obedece a la sistemática denegación de las alegaciones presentadas por centenares de ciudadanos sancionados por Delegación de Gobierno en los últimos dos años. La Administración ha ignorado prácticamente todas y cada una de las explicaciones alegadas; ha admitido pruebas sin luego practicarlas; ha obviado vídeos, fotografías y testimonios aportados, basando en la práctica totalidad de las ocasiones la sanción en falsas imputaciones por parte de los agente de policía (si, denunciamos públicamente que la policía miente); y ha contestado en todo momento con resoluciones estereotipadas y de “corta pega”, en un alarde de puro “derecho de defensa formal”, pero vacío de contenido real o eficacia material, lo que genera un escenario de absoluta indefensión a personas que han acudido a manifestaciones y concentraciones de protesta ante el escenario de actual crisis económica. En una situación en la que la práctica de la potestad sancionadora se configura como una herramienta limitativa de derechos fundamentales, y en la que no se observan las mínimas garantías de defensa de la ciudadanía frente a los poderes públicos, nos vemos en la obligación de interponer demandas contenciosas, y así lo seguiremos haciendo hasta que se deje de reprimir administrativamente a la sociedad civil.

Algo de razón tendremos, ya que el propio Ministerio de Interior en casos en los que se están interponiendo demandas contenciosas por vulneración de derechos fundamentales, ha decidido responder, a veces con un año de demora, estimando por fin unas alegaciones cuando ha estado guardado silencio durante año y medio.  Su único objetivo no es otro que tratar de evitar ser condenada judicialmente por vulnerar el derecho de reunión. El Ministro opta por dar la razón al ciudadano ante la evidencia de que van a ser condenados, dejando así el procedimiento judicial sin objeto.

Estimamos que la práctica de sanciones indiscriminadas contra la ciudadanía que se moviliza obecede a una política de represión de baja intensidad orientada a desincentivar la protesta social. Es por ello que, de cara a las movilizaciones que van a tener lugar en este mes de mayo, volvemos a exigir a la Delegada de Gobierno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que respeten el ejercicio del derecho de reunión.

Ante la campaña de manipulación del lenguaje interesada que se viene realizando por parte de los poderes públicos, nos vemos en la necesidad de recordar que una manifestación no comunicada no es una manifestación ilegal, que el derecho de reunión es un derecho constitucionalmente reconocido para todas las personas que solo puede ser restringido en los casos que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica del Derecho de Reunión. El propio Relator de Naciones Unidas para el derecho de Reunión, refiriéndose a las primaveras árabes y al movimiento Occupy (y por analogía al 15M), ha señalado que: “la celebración de manifestaciones pacíficas es un  instrumento legítimo y poderoso para hacer un llamamiento al cambio democrático; a un mayor respeto por los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y  culturales; y a la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos y los abusos”1. El Tribunal Constitucional en sentencia de 3 de abril de 2006 volvió a recordar que “el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser nunca motivo de sanción”.

Es obligación de los Cuerpos y Fuerzas de  Seguridad “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades”. En  los últimos dos años dicha obligación no solo no se han cumplido,  sino que han sancionado a centenares de personas sabiendo que no existe base legal alguna para ello, obedeciendo así órdenes injustas. Son conocidas y reconocidas las sanciones indiscriminadas y alegar contra la Delegación de Gobierno es como hablar con una máquina de generar escritos estereotipados. Han creado con ello un mecanismo de intimidación y recaudación pública contra quienes ejercen con legitimidad su libertad de expresión, reunión, información y circulación.  En esta situación creemos que se debe desobedecer. Empezamos dejando nuestro DNI en casa, para evitar ser sancionados o evidenciar el asedio actual al ejercicio del derecho de reunión.

En los dos últimos años, la criminalización de la protesta, las cargas indiscriminadas y las sanciones sistemáticas, aleatorias e injustificadas no han conseguido desmovilizar la protesta ciudadana, a la que cada vez se suman más ciudadanos. Ha llegado el momento de exigir de los poderes públicos, especialmente del poder judicial, el reconocimiento de la restricción de derechos que los abusos de poder generan. Desde la Comisión Legal Sol reiteramos nuestro compromiso para defender los derechos fundamentales que la Administración Pública sistemáticamente viola y vulnera.

Comisión Legal Sol

1 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.39_EN.pdf

Abogad@s de guardia para las movilizaciones de mayo

Publicamos el listado de abogad@s de guardia para las movilizaciones previstas en mayo de 2013:

Día 8 de mayo: Eduardo Gómez Cuadrado y Eric Sanz de Bremond Arnulf

Día 9 de mayo: Eduardo Gómez Cuadrado y Jesús Calpe Ruiz

Día 10 de mayo: Marc Sanz de Bremond i Frescó

Día 11 de mayo: Marc Sanz de Bremond i Frescó y Jesús Calpe Ruiz

Día 12 de mayo: Ana Méndez Gorbea, Jacinto Gil Ugena y Eric Sanz de Bremond Arnulf

Día 15 de mayo: Jesús Calpe Ruiz

Día 18 de mayo: Eric Sanz de Bremond Arnulf y Marc Sanz de Bremond i Frescó

Día 19 de mayo: Marc Sanz de Bremond i Frescó

Día 25 de mayo: Eric Sanz de Bremond Arnulf y Ana Méndez Gorbea

Día 26 de mayo: Jesús Calpe Ruiz

Recuerda que, en caso de detención, es necesario conocer el nombre y dos apellidos de tu abogad@. Nuestro número de teléfono (665225665) es sólo para urgencias relacionadas con detenciones que hayas presenciado o de familiares y amig@s, pero no te sirve para designar abogad@ si te han detenido.

Comisión Legal Sol

 

 

 

Si nos tuviéramos que dar por aludid@s… Comunicado de la Comisión Legal Sol en respuesta a las últimas declaraciones del ministro del Interior

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, agradeció en la tarde de ayer ”que algunos colectivos, ante la radicalidad y el sin sentido, se hayan desmarcado públicamente” de la manifestación convocada para el jueves 25 de abril1. Hemos valorado detenidamente la posibilidad de ignorar estas declaraciones, con las que no nos damos por aludid@s. Sin embargo, sus palabras generan, obviamente, el absurdo dilema entre contestar a una indisimulada  provocación o profundizar con el silencio en el intento estigmatizante promovido únicamente por sus propios agentes y por el propio titular del ministerio. Finalmente, en la medida en que el nuestro ha sido el único comunicado publicado al respecto, y ante la insistencia de algunos medios por vincularnos a sus declaraciones, consideramos oportuno recordarle algunas cuestiones al señor ministro.

Si nos tuviéramos que dar por aludid@s, señor ministro, quisiéramos dejarle claro que no aceptamos su intento gratuito de utilizar nuestras palabras en relación con esta manifestación para dividir a quienes llevamos cerca de tres años protestando en la calle. Hace dos semanas emitimos, por responsabilidad con quienes se juegan el tipo cotidianamente en la calle protestando contra su gobierno, una aclaración técnica, con un fundamento metodológico, destinada a evitar una confusión que comprometiera el derecho a la defensa de las personas que puedan resultar detenidas en una convocatoria que ya cuenta, por otra parte, con su propia cobertura jurídica. Le recordamos igualmente que nuestro comunicado nos representa a nosotr@s, y no a la totalidad de la diversa realidad del denominado movimiento 15M, como se ha querido hacer entender de manera interesada. Con su intencionada alusión a la “radicalidad” -etimológicamente, “acudir a la raíz” de un problema- como pretendido fundamento de nuestra decisión, no hace sino desvelar que eso es precisamente lo que no hace su gobierno cuando intenta ocultar su nefasta gestión de la crisis -de la que ustedes son responsables- criminalizando a la protesta social.

No aceptamos, por tanto, su agradecimiento, que no es más que una nueva vuelta de tuerca en una estrategia de largo recorrido para generar fisuras internas entre quienes les cuestionan. Tampoco lo aceptamos en la medida en la que proviene de quien es el último responsable de las brutales cargas de sus Unidades de Intervención Policial, que abrieron las portadas de la prensa internacional un día después del 25S, así como de las órdenes que han motivado centenares de denuncias por lesiones, archivadas precisamente porque usted no hace cumplir a sus agentes con la instrucción que les obliga a ir debidamente identificados. Cuando hace alusión a que “la  Policía va a hacer cumplir la ley con la profesionalidad a la que nos tienen acostumbrados las Unidades de Intervención”, no podemos sino recordarle que son, desde el 15 de mayo de 2011 hasta el día de hoy, 331 las personas detenidas y 962 las sancionadas sólo en la ciudad de Madrid las que pueden dar cuenta de la “profesionalidad” de sus agentes. Con semejante saldo represivo por parte de un gobierno que gestiona la crisis enjuiciando y sancionando a sus ciudadanos cuando protestan, bien haría con mostrar algún interés por garantizar que las intervenciones de sus UIP fueran proporcionadas y ajustadas a Derecho. No nos utilice para desviar la atención de quienes han dado sobradas muestras de violencia desproporcionada en la calle, ni para justificarla.

Al hilo de sus declaraciones, nos vemos en la obligación de recordarle, por aquello de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y ante su persistente intento por contener la protesta ciudadana, que una manifestación “no comunicada” no es una manifestación “ilegal”.  Su intención de delimitar en las mismas a los manifestantes “buenos” y a los “malos” exige, como mínimo y más a un ministro de Interior, una lectura rigurosa de la LO 9/1983 reguladora del Derecho de Reunión, recogido, esperamos que lo recuerde, como derecho fundamental en la Carta Magna. Del mismo modo, nos permitirá un último matiz a sus palabras de ayer, recordándole que, nuevamente según la Constitución, la soberanía no reside “en el Congreso”, sino en el pueblo, tal y como recoge su artículo 1.2;  por otra parte, han sido ustedes quienes más insistentemente han demostrado, con el secuestro de esa institución que tan profusamente invoca, que es en la calle donde se encuentran los ejercicios de legitimidad cotidiana por los que habla la voz de aquellos a quienes dicen representar.

Nos despedimos señalándole que quienes visibilizamos en la calle el “malestar social derivado de la crisis económica”, con el que tan identificado parece, agradeceríamos al Ministerio del Interior tanta diligencia para investigar a los responsables de la misma como el que despliega para intentar silenciar la indignación que generan y, de paso, probar a dividirnos con sus afirmaciones (aunque ya le advertimos de que no lo conseguirá). El día en que 1400 antidisturbios sean destinados a esclarecer quiénes han arrastrado a la ciudadanía a semejante situación, a perseguir a un corrupto, a un banquero, a un tesorero; el día que sus agentes cumplan por fin el artículo 11 de su propia Ley Orgánica (“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades”), no les agradeceremos que hagan correctamente su trabajo, pero tal vez tengamos, sólo tal vez, un motivo menos para salir a la calle.

Comisión Legal Sol

 1 http://www.20minutos.es/noticia/1794607/0/asedia-el-congreso/ministro-interior/colectivos/

Nueva denuncia por funcionarios de Policía sin identificar, adjuntando 248 fotografias

Se ha publicado recientemente, en varios medios de comunicación, que los antidisturbios portarán en la espalda un número identificativo en grandes dimensiones.

Sin embargo, tal y como venimos denunciando durante los últimos 2 años, a día de hoy sigue siendo constante el incumplimiento por parte de los funcionarios de Policía, en especial los componentes de la UIP (antidisturbios), de la obligación de portar su nº de identificación profesional o placa-emblema.

Por todo ello, en el día de hoy hemos vuelto a interponer otra denuncia, como la presentada en mayo de 2012 (http://goo.gl/35IOZ), en la que aportamos nada menos que 248 fotografías tomadas desde mayo del año pasado hasta hace apenas unos días en las que se puede comprobar cómo la mayoría de los funcionarios de Policía, en especial UIP, incumplen la obligación de llevar su placa con el nº profesional.

Por mucho que la Delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid se reitere negándolo en todos los medios a los que acude, tanto estas 248 fotografías, como las casi 100 aportadas hace un año, demuestran que la mayoría de los funcionarios de Policía incumplen la obligación de llevar su placa con el nº profesional, ya sea con chaleco anti-trauma o sin él.

Se aportan fotografías de funcionarios de Policía sin placa, con la placa al revés, con la placa tachada, con la placa tapada por el chaleco anti-trauma; aportamos fotografías de funcionarios de Policía sin placa “rasos”, pero también de Oficiales, de Subinspectores y hasta de un Inspector Jefe sin portar su nº identificativo.

En un ejercicio de infinita paciencia, volvemos a poner en conocimiento de quienes son competentes para sancionar estas infracciones nuevas fotografías, dándoles otra vez la oportunidad, tal vez la última, de que apliquen la legalidad y se depuren responsabilidades.

De lo contrario, seguirán respaldando la impunidad en la actuación policial, en cuanto a delitos y faltas cometidos por agentes de policía que quedan sin juzgar, dejando al cuidadano indefenso, ya que estos comportamientos se traducen en el archivo de denuncias interpuestas por agresiones policiales por no poder identificarse al presunto autor.

Igualmente, se ha interpuesto un escrito en el que se exige información sobre la denuncia interpuesta hace ya un año por las mismas infracciones, sobre la que no hemos tenido noticias.

Desde aquí volvemos a exigir enérgicamente a la Sra. Cifuentes, que comience a aplicarse sus propias exigencias y ajuste su actuación a la legalidad, adoptando de manera INMEDIATA las medidas necesarias para que todo funcionario de Policía porte su nº de identificación personal, independientemente de las novedades que han anunciado a bombo y platillo.

- Descárgate la denuncia presentada hoy, aquí. 

- Descárgate las fotos adjuntas a la denuncia aquí.

- Adjunto nº 8 de la denuncia (VIDEO) aqui.

- Adjunto nº 9 de la denuncia (VIDEO) aqui.

- Escrito presentado hoy poniendo en conocimiento delegada del Gobierno la presentación de la denuncia, aquí.

- Escrito presentado hoy preguntando por denuncia interpuesta mayo año pasado, aquí.

- Entrada sobre denuncia por los misms hechos presentada en mayo 2012 aquí.

¿CÓMO PUEDO COLABORAR?

SI DESEAS ADHERIRTE A LA DENUNCIA:

- Léela entera y atentamente, la adhesión implica conocer el contenido de la misma y suscribirlo íntegramente.

- La presentación de la denuncia implica que el Director General de la Policía deba pronunciarse sobre abrir o no un procedimiento sancionador por los hechos denunciados. En caso de abrirlo, deberá por imperativo legal notificar su decisión a los firmantes de la denuncia

-Descarga el modelo de adhesión, aquí

- Para presentarlo debes llevar dos copias de la adhesión firmada, pudiendo hacerlo:

1- En las oficinas de registro:

a) de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil (C/ Miguel Ángel 5, 28010 Madrid)

b) de la Administración General del Estado. Busca aquí las de tu ciudad.

c) de las ventanillas únicas de las Entidades Locales. Busca aquí tu ayuntamiento.

2- En las oficinas de correos a través de correo administrativo, dirigido a la la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil (C/ Miguel Ángel 5, 28010 Madrid).

3- En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero.

- Si lo deseas, mándanos copia de la adhesión presentada a identificaciones.policiales@gmail.com 

Comunicado de la Comisión Legal de Sol respecto de la convocatoria de la Plataforma ¡En Pie! para el 25 A

Ante la noticia de la convocatoria “Asedia el Congreso” lanzada por la Plataforma ¡En Pie! para el próximo día 25 de abril, esta Comisión considera necesario hacer público su posicionamiento respecto de la misma. Y ello con suficiente antelación para que quienes quieran tomar parte en la concentración conozcan los motivos por los cuales la Comisión Legal de Sol ha llegado a la decisión de no respaldarla y sepan también que no dará cobertura técnica a dicha acción.

En primer lugar, la Comisión Legal de Sol no puede compartir una convocatoria nacida de un proceso de toma de decisiones que no coincide con los principios de horizontalidad, participación y apertura que caracterizan tanto al movimiento del que somos parte como a nuestro propio funcionamiento interno. Resulta difícil asumir unos posicionamientos tan lacónicamente mencionados en un manifiesto elaborado por un grupo cerrado y que rechaza abiertamente el diálogo, salvo adhesión previa a aquellos y a la convocatoria en cuestión.

En los cerca de dos años de andadura, tanto esta Comisión como las Asambleas, Grupos de Trabajo y Comisiones con las que día a día trabajamos nos hemos caracterizado esencialmente por ser grupos abiertos, a los que pueden unirse todxs aquellxs que así lo deseen, participando en las asambleas, haciendo valer en ellas su opinión y construyendo así juntxs el camino. Estos métodos de trabajo se asientan sobre procesos decisorios basados en consensos alcanzados tras debates abiertos, marcados por la horizontalidad y el respeto a las ideas de todxs quienes deseen aportar. Dadas por tanto las diferencias metodológicas sustanciales que caracterizan a la Plataforma ¡en Pie! y a la acción convocada para el 25A, esta Comisión ha consensuado no respaldarla.

En segundo lugar, esta Comisión considera necesario poner de manifiesto que, del mismo modo que se desmarca de la propia convocatoria, lo hace también de los consejos y valoraciones de contenido jurídico que hayan sido o puedan ser emitidos por los organizadores y convocantes de la mencionada acción. No hemos participado ni en el desarrollo de la convocatoria ni en la elaboración del cuestinario jurídico difundido para ella.

En tercer lugar, y en virtud de lo anteriormente expuesto respecto de la convocatoria para el próximo 25A, esta Comisión informa de que no dará cobertura a esa acción. Esto implica que, a diferencia de otras ocasiones, NO HABRÁ ABOGAD@S DE GUARDIA DE LA COMISIÓN LEGAL DE SOL PARA ESE DÍA y esta Comisión no se hará tampoco cargo de los eventuales procedimientos administrativos sancionadores. No obstante, la convocante Plataforma ¡En Pie! nos ha comunicado que dispone de un equipo jurídico de apoyo creado a tal efecto.

Lo anterior no quita para que desde la Comisión Legal, como no podría ser de otra manera, hagamos un llamamiento a las autoridades para que se respete y garantice el ejercicio del derecho de reunión que tendrá lugar del próximo 25 de abril.

Así mismo, y deseando cumplir esta vez también con el sentido de la responsabilidad que ha caracterizado la labor de esta Comisión desde que empezara su andadura, invitamos a nuestrxs compañerxs de las Asambleas de barrios y pueblos, Grupos de Trabajo y Comisiones, así como a todxs aquellxs que vayan a ejercer su derecho fundamental de reunión y manifestación ese día, a hacerlo desde el máximo sentido de la responsabilidad: informándose de cuáles son los derechos de los que gozan como manifestantes, de cuáles son igualmente los derechos y garantías que han de ser respetados en el marco de una detención, así como de otras cuestiones relevantes que todo ciudadano informado ha de valorar a la hora de participar en una concentración.

Comisión Legal Sol

Reabriendo el debate sobre el ejercicio del derecho fundamental de reunión

La actualidad manda y por eso hemos decidido volver a tratar un tema del que empezamos a hablar el 15 de mayo de 2011, cuando comenzó la acampada de Sol. Queremos centrar esta propuesta de debate en torno a dos ejes: por una parte, el peso real y cotidiano de las políticas represivas sobre quienes se movilizan, y por otro, las consecuencias del ejercicio de la desobediencia civil.

Si bien, durante mucho tiempo, el movimiento 15M ha optado por un ejercicio legítimo del derecho de reunión a través de convocatorias no comunicadas a la Delegación de Gobierno, en los últimos tiempos las grandes movilizaciones han sido comunicadas, siguiendo los requisitos previstos en la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión. Uno de los argumentos manejados ha sido la necesidad de evitar las sanciones sobre quienes participaban en las movilizaciones; temor totalmente fundado en la medida en que tenemos constancia de más de 900 sanciones, impuestas indiscriminadamente y de forma arbitraria, tal y como reconoció expresamente el representante de un sindicato policial, lo que por cierto implica una recaudación de 287.900€ por parte de la Delegación de Gobierno. El segundo de los argumentos ha sido la necesidad de minimizar la posibilidad de que hubiera cargas durante el recorrido, lo que nuevamente responde al escalofriante saldo de 329 personas detenidas -muchas de las cuales han sufrido lesiones de diversa entidad a resultas de aquéllas- en los últimos tres años en el transcurso de movilizaciones sociales.

Sin embargo, los datos contradicen la lógica aplastante de esta reflexión. En primer lugar, las movilizaciones en las que mayor número de sanciones se ha impuesto han sido precisamente aquellas que habían sido previamente comunicadas a la Delegación de Gobierno: 314 del 12 al 15 de mayo de 2012; 56 en la manifestación de funcionarios del 15 de julio de 2012; 52 en la manifestación del 27 de octubre; todas ellas habían sido comunicadas por sus convocantes o por espontáneos que irrumpían en el último momento. A ello habría que añadir las sanciones a los convocantes, que responden con su patrimonio por lo sucedido durante las movilizaciones: 36000 € de sanción al convocante de las movilizaciones del 12 al 15 de mayo; 6.000 € al del 25S, convirtiéndose de esta manera la comunicación en una vía represiva mas.

Lo mismo sucede con las detenciones: es precisamente en las movilizaciones que habían sido previamente comunicadas en las que se ha producido un mayor número de detenciones: 45 detenidos en la manifestación del 23F; 35 en la del 25S del año pasado; 29 en la semana de marchas mineras de julio; 28 en las movilizaciones del aniversario del 15M. Es de destacar que una de las movilizaciones que sufrió una represión policial más dura, cuyas escalofriantes imágenes dieron la vuelta al mundo, fue la del 25 de septiembre, manifestación que había sido comunicada a Delegación de Gobierno, sin que este hecho impidiera que cargaran brutalmente “en el horario permitido”, que sancionaran a la persona que comunicó la manifestación, ni tampoco impidió las sanciones indiscriminadas a algunos de los asistentes.Por tanto, no es cierto que comunicar minimice el riesgo de sanción o de detención.

Más allá de los datos, en los últimos tiempos viene dándose una serie de prácticas por parte de la Administración que alteran el sentido y el fin de derechos conquistados y que consideramos básico evidenciar. Por un lado, el derecho de reunión está recogido en el artículo 21 de la Constitución, donde se explicita que “Se reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitara autorización previa“. Desde que comenzaron las acampadas la Comisión Legal ha mantenido que la Ley Orgánica reguladora del Derecho de reunión, aprobada durante la Transición, no se corresponde con la realidad social en que vivimos; entendemos que la previa comunicación de toda reunión de más de 20 personas para ejercer colectivamente un derecho fundamental -libertad de expresión y de reunión-, para hablar y hablarles a otros de política, no puede ser objeto de una autorización encubierta como la que presupone que haya que comunicar cuántas seremos y hasta de qué hablaremos -los lemas-, según regula la legislación vigente. La previa comunicación (que no autorización) a Delegación de Gobierno es un mero requisito formal desfasado en la actualidad.

Un estallido de debate público como el que supuso la ocupación ciudadana de las plazas y la necesidad de protestar ante la grave situación de crisis que vivimos, requiere, como diría la Delegada del Gobierno, una “modulación”, pero en sentido amplio -y no restrictivo, como pretende Cifuentes- del ejercicio de un derecho fundamental. Entendemos que, en democracia, el espacio público puede y debe ser un espacio para la participación, sin más restricciones que las estrictamente necesarias para garantizar derechos fundamentales de otros, pero sin convertir los argumentos del tráfico o la supuesta puesta en peligro del orden público en un mecanismo restrictivo de los derechos de todos.El derecho de reunión es un derecho fundamental que se encuentra en un plano muy superior al respeto del tráfico rodado.

Por otro lado, entendemos -y esto nos preocupa considerablemente- que la comunicación ha generado, de manera indirecta, un salto simbólico importante que es funcional a la criminalización de la protesta. Si antes cargaban en cualquier momento en el transcurso de una manifestación no comunicada “nos reprimían” en el ejercicio de derechos fundamentales. Ahora, al cargar cinco minutos después de concluído el plazo para disolver la manifestación comunicada, “cargan” (en un plural lejano, divisorio) sobre los manifestantes desobedientes que no se marchan inmediatamente cuando concluye la movilización. La seña de identidad -la desobediencia- de un movimiento que recuperó el espacio público, está siendo utilizada por parte de la administración para crear una línea divisoria entre los “buenos” manifestantes, que respetan los plazos, y los “malos” que se quedan, linea divisoria que rechazamos de pleno.

Nos preocupa el salto discursivo en boca de la Delegada: de las “manifestaciones ilegales” (en su intento por criminalizar las no comunicadas) hemos pasado a las “legítimas manifestaciones masivas, en las que ha habido disturbios provocados por grupos radicales”. Nos preocupa, en definitiva, que la sutil jugada en la que entramos, por el redil de los ejercicios restrictivos de derechos, se acabe convirtiendo en una consolidación de una práctica criminalizadora que cale poco a poco en nuestro imaginario.  Porque si antes le podía tocar a cualquiera, ahora nos sigue tocando a cualquiera, aunque pretendan convecernos de que  podríamos haberlo evitado comunicando la convocatoria y sujetándonos a los márgenes fijados por Delegación del Gobierno.

Con esta falsa idea no sólo consiguen el objetivo criminalizador que antes señalábamos, sino que también va cambiando en la ciudadanía la consideración del derecho de reunión y manifestación, el cual pasa de ser un derecho constitucional no sujeto a autorización previa que todos los poderes del Estado (legislativo, judicial y ejecutivo) han de proteger, a un derecho que es legal o no, que se tiene o no se tiene si así lo establece la Administración y que se ejerce dentro de los límites geográficos y temporales que ésta establece.

Comenzaron suprimiendo los árboles, los bancos, las fuentes, todos los elementos que convertían las plazas en espacios naturales de reunión ciudadana; continuaron -continúan- sustrayendo al uso público los espacios en sí mismos mediante la entrega de territorios que pertenecen al patrimonio de todos los ciudadanos a intereses particulares que los explotan en su beneficio en su intento de convertir las plazas y las calles en meras pasarelas entre escaparates, donde no quepa el ejercicio de nuestra libertad de expresión, nuestro derecho de reunión o de participación política; en esta última fase, están eliminando la naturaleza del derecho mismo, cambiando la consideración que los ciudadanos tienen de él de manera que acepten los límites legislativos cuando lleguen. Debemos ser conscientes de este proceso para combatirlo antes de que sea tarde,

Porque no podemos retroceder en nuestras conquistas, porque sabemos que es mentira que la represión sea menor si se comunica y, sobre todo, porque queremos que el Derecho de reunión y manifestación que nos asiste se ajuste a los tiempos actuales y no caiga en burdas estrategias criminalizadoras por parte de aquellos que justamente deberían garantizar nuestros derechos desde la Comisión Legal no somos partidarios de comunicar las concentraciones ni manifestaciones.

Insistimos en que el derecho de reunión no está sometido a autorización previa y que, tal y como establece el Código Civil, debe interpretarse conforme a la realidad social, realidad social de la que nosotras somos parte. La definición de dónde están los límites del ejercicio de nuestros derechos más básicos, fundamentales y legitimos no nos puede venir dada. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser parte activa de la definición de los mismos, mediante la inteligencia colectiva y nuestros propios actos. Mantengamos un diálogo vivo entre nosotras, superemos el discurso de las administraciones y configuremos nuestros propios derechos fundamentales acomodando la configuración de estos derechos a la realidad de nuestros días.

 Comisión Legal Sol

Comunicado Comisión Legal ante las noticias sobre nº identificativo UIP

Desde la Comisión Legal de Sol, no podemos sino felicitarnos por las recientes noticias aparecidas en diversos medios de comunicación que afirman que los agentes antidisturbios llevarán un número de identificación en la espalda y de grandes dimensiones.

El Ministerio del Interior ya anunció hace unos meses,  dentro del pliego de condiciones técnicas que han de cumplir los chalecos antitrauma  para que puedan ser suministrados al Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la inclusión de un espacio para un número de identificación personal del agente que lo utiliza. Esta novedosa exigencia no es más que una obligación legal incumplida de manera sistemática y consciente.

Desde hace casi dos años, venimos denunciando de manera constante y reiterada la ilegalidad en la que incurren las Unidades de Intervención Policial (UIP) al no ir identificados durante sus intervenciones, que permite a estos agentes actuar impunemente, cometiendo en ocasiones delitos y faltas que quedan sin juzgar; por falta de identificación del agresor/autor del hecho se han archivado sistemáticamente denuncias por abuso de autoridad o lesiones cometidos por algunos agentes adscritos a estas unidades de represión ciudadana. Precisamente fruto de la denuncia (http://goo.gl/35IOZ) interpuesta por esta Comisión, en la que se aportaban decenas de fotografías de funcionarios de Policía sin la placa (con y sin chaleco antitrauma), y por las quejas elevadas a la Defensora del Pueblo por parte de colectivos y manifestantes, esta institución emitió una serie de recomendaciones a las que parece que ahora quiere dar cumplimiento el Ministerio del Interior.

Hemos de reconocer que nuestra satisfacción ha de ser prudente y nuestra alegría contenida, toda vez que si algo caracteriza a este gobierno, y por extensión a la Delegación de Gobierno en Madrid, es su carácter recaudatorio en lo económico, y mentiroso y manipulador en lo político. No podremos congratularnos de la victoria plena de la ciudadanía en este asunto hasta que no veamos (y subrayamos lo de “veamos”) de manera inequívoca los números de identificación de los agentes de la UIP sobre los chalecos antitrauma de los mismos. Y la victoria tampoco será completa si dichas identificación no tiene los caracteres del tamaño suficiente para ser visto con claridad desde una distancia suficiente para ser reconocidos, ni si se quitan los números en las cargas o situaciones de tensión.

Debemos igualmente mostrar nuestra inquietud ante el hecho de que el número identificativo que van a portar visibles los funcionarios de Policía NO sea el TIP (personal e intrasferible) si no lo que se conoce como NOP (Número Operativo Policial), el cual sería intercambiable y no se correspondería con el número profesional del funcionario de Policía (TIP).

Igualmente estamos a la espera de saber el nº de dígitos que tendrá el NOP, detalle que no ha trascendido, ya que por muy grande que aparezca el número, si contiene 9 dígitos entre números y letras, se complicaría la identificación de los funcionarios de Policía.

Debemos recordar que la identificación de los “Cuerpos y Furzas de Seguridad del Estado como tales con su Carnet o Tarjeta de Identidad Profesionales y, en su caso, con la placa insignia, en los que figurará su número identificativo personal que será único y cuya individualización será inequívoca“, “se configura como un derecho de los ciudadanos a identificar, en todo momento y sin ninguna acción positiva de demanda por su parte, a los efectivos…” (Instrucción 13/2007 de la Secretaria de Estado de Seguridad, BOC núm. 26/2007 de 20 de septiembre)

Confiamos en que la información de que finalmente el Gobierno ha decidido cumplir con la legalidad, no se quede de nuevo en un mero anuncio sin aplicación práctica, que busque sólo acallar las voces de los tantos ciudadanos que venimos denunciando esta situación. Esperemos que no se trate de una nueva mentira, o lo que es peor, de una nueva tomadura de pelo si es que finalmente las identificaciones que figuren en dichos chalecos continúan sin ser reconocibles a una distancia prudencial o directamente no son usadas por los agentes obligados a ello.

Por ello igualmente seguimos exigiendo que se depuren las responsabilidades pertinentes por los constantes incumplimientos -que a día de hoy se siguen cometiendo- de la obligación de los funcionarios de Policía de portar el nº de identificación.

El que ahora se anuncie que se llevará en la espalda y de manera visible un nº de identificación no puede, bajo ningún concepto, eximir a los agentes de Policía y a sus mandos de la responsabilidad en la que han incurrido al actuar consciente y reiteradamente sin el nº de identificación, tal y como hemos acreditado con numerosas fotografías.

Estaremos atentos.

 

Comisión Legal Sol

La Audiencia Provincial echa por tierra el montaje de la Delegación del Gobierno: ninguno de los detenidos del 25 trató de invadir con violencia el Congreso

El pasado 25 de septiembre de 2012, durante la movilización denominada “Rodea el Congreso” se produjo la detención de 35 personas, en una intervención policial llena de irregularidades y cuestionada desde distintas organizaciones.

En el Auto que acordó la libertad de los detenidos, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid, de manera sorpresiva se les imputó la comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado.

En consecuencia, el mismo Juzgado de Instrucción acordó inhibirse en favor de la Audiencia Nacional por considerar que había indicios de que los 35 detenidos habían tratado de invadir “con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados”.

Se imputaba a 35 personas nada menos que de tratar de invadir “con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados”, un delito recogido en el art. 493 del Código Penal y castigado con hasta 5 años de prisión, cuando muchas de ellas fueron detenidas a cientos de metros del Congreso de los Diputados.

Contra dicho Auto, se interpuso por parte de las defensas de las personas detenidas recurso de apelación, por considerar que no existe indicio alguno para sostener que ninguno de los detenidos hubiesen tratado de invadir “con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados”.

Más de cinco meses después, en el día de hoy, nos han notificado el Auto de Audiencia Provincial de Madrid que acuerda estimar los recursos de apelación interpuestos por los Letrad@s de esta Comisión junto con otras compañeras y revocar el Auto del Juzgado de Instrucción que acordaba inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, por considerar que ”no existen indicios de que los imputados utilizaran medios ni realizaran actos que puedan considerarse idoneos para invadir la sede del Congreso de los Diputados”

Desde la Comisión Legal queremos celebrar dicha resolución, que entendemos pone coto a la estrategia criminalizadora de la Brigada de la Información y de Delegación de Gobierno, que trató de “fabricar” un atestado para que los detenidos fuesen imputados nada menos que por un delito contra las altas instituciones del Estado que no habían cometido. Esperamos que ahora se vayan aclarando cada una de las arbitrarias detenciones ocurridas el 25 de septiembre y que se investiguen los malos tratos sufridos por las personas detenidas en su estancia en la Comisaría de Moratalaz y que fueron objeto de denuncia.

Auto nº 141/13 Sección 29 Audiencia Provincial de Madrid

Comisión Legal Sol

El ministerio del Interior estima recurso de alzada de sancionado en las jornadas de “toma la bolsa”

Nos acaban de notificar resolución dictada por parte del Ministerio del Interior por la que se estima el recurso de alzada por Legal Sol interpuesto frente a sanción administrativa en las jornadas de Toma La Bolsa.

Desde Legal Sol ya habíamos interpuesto RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el silencio desestimatorio del recurso interpuesto  del que se habia dado  traslado a la Administración y teníamos señalada vista el  27 de mayo de 2.014. Aun fuera de plazo, el Ministerio de Interio nos ha dado la razón y estiman nuestras alegaciones, toda vez que consideran que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia.

Aquí podeis leer la estimación del recurso de alzada: resolucion estimatoria rec. alzada sn nombres RB1

Comunicado sobre lo sucedido el 23F y queja presentada ante el Colegio de Abogados de Madrid

Desde la Comisión Legal de Sol queremos hacer una reflexión sobre los hechos sucedidos en torno a la movilización del 23 de febrero de este año, con motivo de la manifestación unitaria de las Mareas.

Observamos con preocupación cómo, una vez más, Delegación de Gobierno apostó por la criminalización de la protesta en los días previos, señalando, a través de sus medios de comunicación afines, a determinados colectivos como potenciales instigadores de “actos violentos”, en una línea -por desgracia, sostenida- que pretende dividir a los manifestantes en “buenos” y “malos”. Esta tendencia, destinada a enfrentar a los manifestantes, señalando y estigmatizando a parte de ellos, tiene el claro objetivo de desmovilizar a la ciudadanía, coartando el libre ejercicio de los derechos fundamentales, justamente por parte de quienes deberían garantizar su pleno desarrollo, y lo hace en un contexto en el que es precisamente el gobierno el que da muestras constantes de prácticas criminales y destila una genealogía de corrupción y podredumbre que pretende tapar cualquier respuesta con represión, chulería e hipocresía, asistido por fieles servidores en ciertas instancias del estado.

Sin ir más lejos, la delegada se permitió señalar que la mera existencia de un equipo jurídico para defender a los manifestantes de las agresiones de la policía -que ha existido en todas y cada una de las movilizaciones desde el 15 de mayo del año pasado, hasta el día de hoy- presuponía por nuestra parte un previo conocimiento de la previsible comisión de hechos delictivos. Lamentamos tener que reconocerle a la delegada que presumíamos, efectivamente, la comisión de graves delitos, que finalmente se produjeron: detenciones ilegales, tratos degradantes y lesiones a los detenidos, así como un nuevo incumplimiento de la instrucción 13/2007 que obliga a sus agentes a ir debidamente identificados, haciéndoles impunes, como siempre, frente a las denuncias que por tales hechos pudieran presentarse.

Observamos igualmente con preocupación los hechos a los que asistimos el día 23 y siguientes, que se concretan en políticas represivas selectivas y de extrema dureza:

-La existencia de cargas indiscriminadas que tenían por objeto “escarmentar” a familias con hijos, pensadas para desincentivar la participación familiar en tales eventos;

- Cargas que se desencadenan por iniciativa de la propia policía, que desenfunda todo su material antidisturbios (cascos, escudos y cañones de pelotas de goma) y se distribuye en la plaza de Neptuno, comenzando a desalojarla, a las ocho en punto de la tarde;

-Emboscadas a ciudadanos (hubieran participado o no en la manifestación), que fueron encerrados en las calles y detenidos en bloque (recordamos que cerca de la mitad de las personas detenidas lo fueron en una sola calle);

-Un alto número de policías infiltrados entre los manifestantes, que practicaron detenciones con una violencia desproporcionada (a un detenido llegaron a romperle una botella en la cabeza para reducirle);

- Maniobras oscuras, como el hallazgo por parte de la policía de una mochila con cócteles molotov de propietario (aún) desconocido, en las proximidades de la manifestación, para criminalizar la protesta;

-Y un número muy considerable de personas detenidas -cuarenta y cinco-, de las cuales el 20% eran menores de edad, mientras que la gran mayoría eran personas muy jóvenes.

-Y un número muy considerable de personas detenidas -cuarenta y cinco- la gran mayoría de ellas muy jóvenes y de las cuales un 20% eran menores de edad.

Hemos sido testigos de un cambio en el repertorio policial a la hora de cargar y en el público al que se dirige la represión: si durante meses hemos estado diciendo que esto “le podía pasar a cualquiera” ahora intuimos que ese “cualquiera” no es tal, sino quien potencialmente más podría desmovilizarse.O bien  lo hacen de modo absolutamente intencionado, con premeditación y planificación, o bien la única otra alternativa sería reconocer una ineptitud policial manifiesta a la hora de realizar su trabajo… aunque no son opciones excluyentes.

A todo ello cabe añadir el trato que recibieron los letrados y letradas que fueron a asistir a los detenidos en comisaría, quienes se vieron obligados a permanecer varias horas a la intemperie a bajas temperaturas (cuando existen instalaciones habilitadas en el interior para su permanencia); el trato recibido por las familias (habitual, pero no por ello menos denunciable), a las que no se les explicó en ningún momento dónde ni cómo se encontraban sus hijos, y que tuvieron que aguantar, como nosotras, cómo los agentes de la garita les hacían gestos soeces y cómo los antidisturbios les insultaban cuando entraban las furgonas en Moratalaz; así como el trato recibido por los detenidos, que presentan, en la mayoría de los casos, lesiones muy considerables que ninguna “mínima fuerza imprescindible” puede justificar, y que fueron defendidas por algunos agentes cuando la entrada de numerosos SAMURs alarmó a los familiares (recordamos que llegó a haber 8 detenidos hospitalizados). Nos preocupa, además, que aparezcan mochilas sin propietario conocido, pero que “legitiman” el escenario de dureza que hemos vivido. Nos preocupa, por último, que al día siguiente, 13 personas de un colectivo sean detenidas, después de haber sido señaladas proféticamente en los medios antes de la movilización, como potenciales responsables de lo que había de suceder, y que, al sufrimiento que padecen ellos y sus familiares, se una el “aviso a navegantes” para el resto de las personas movilizadas.

Hemos decidido poner en conocimiento de la ciudadanía estos hechos, por su gravedad, pero también por la tendencia -a la que no somos ajenos- a naturalizar la aberración, en la medida en que “siempre sucede”. El carácter tristemente ejemplarizante de unas cargas indiscriminadas cuyo saldo ya nos habían anunciado, nos hace temer la generación de una escalada represiva cada vez más acusada, que evidencia la arbitrariedad e impunidad de la actuación policial, no solo consentida, sino promovida desde la propia Delegación de Gobierno.

Que ya no nos sorprenda el trato a los letrad@s, los detenid@s y las familias en comisaría, que sea “lo normal” que no se informe o que se insulte; que se dificulte el trabajo o se “castigue” a los letrados; que hayamos de contar con la posibilidad de que los detenidos sean brutalmente agredidos durante la detención o en dependencias policiales; que los manifestantes “buenos” sean los que se van cuando llega la hora, y los “malos” los que se encuentran a la policía minutos más tarde, son elementos de un consenso generalizado y antidemocrático que tenemos la obligación de romper.

Cada uno de los elementos de esa ecuación, en la que se conjugan la “inevitabilidad” con la “naturalidad”, asumidas a base de costumbre, constituyen graves vulneraciones y violaciones de derechos ciudadanos que habremos perdido si no los denunciamos. No podemos ni debemos  consentir que ni uno solo  de ellos se vuelvan a repetir, a costa del  sufrimiento de la gente, a  costa de la normalización del horror. Entendemos  que más que nunca,  es el momento de indignarse ante lo que se está convirtiendo en la tónica general; denunciando hasta la extenuación la anormalidad de la “normalidad”. Es el momento, más que nunca, de seguir luchando en todos los ámbitos, y por supuesto no dejando de alzar nuestra voz en las calles.

 

Comisión Legal Sol

La Comisión Legal y varios abogados que asistieron a personas detenidas el 23F han presentado una queja por estos hechos ante el Colegio de Abogados de Madrid

Primera página queja presentada ante el ICAM