Comunicado de la Comisión Legal sobre protocolo de coberturas.

Tras el plenario de la Comisión Legal que tuvo lugar el pasado 7 de junio, se ha acordado redefinir el protocolo de esta Comisión en cuanto a coberturas, informando a toda persona, asamblea o colectivo  de lo siguiente:

1.- Cualquier colectivo o asamblea que organice alguna acción o movilización social podrá solicitar cobertura jurídica a la Comisión Legal, debiendo para ello avisar con el máximo tiempo posible, pero siempre con 3 días de antelación.

Ello nos permitirá poder dialogar la propuesta en nuestra asamblea (que son todos los martes), tener la oportunidad de informarnos e informar, así como organizar la cobertura. La cobertura jurídica estará siempre condicionada a la capacidad de esta Comisión.

2.- Para aquellas movilizaciones surgidas espontáneamente frente a acontecimientos imprevistos, no será necesario avisar con antelación, debiendo hacerlo en todo caso lo antes posible.

3.- La cobertura jurídica ofrecida por esta comisión implica la asistencia letrada a las personas que resulten detenidas o denunciadas, así como la defensa de sus intereses durante todo el procedimiento penal.

Con respecto a las sanciones administrativas que puedan ser impuestas durante la convocatoria, y debido a la notable disminución que esta teniendo la burorrepresión a base de sanciones, esta Comisión va a poner a disposición de todo el mundo un manual para poder recurrirlas, igualmente se dará todo el  apoyo y seguimiento necesario ofreciendo talleres para aquellos colectivos que lo soliciten. De manera excepcional, y siempre valorando caso a caso, la Comisión legal asumirá aquellas sanciones que puedan ser susceptibles de plantear un litigio estratégico o en las que las circunstancias personales de la persona   sancionada le impidan recurrirlas por sus medios. Este acuerdo no afecta a las sanciones que ya han sido asumidas por esta Comisión.

En el caso de que por parte de la Administración se volviese a ejercer una burorrepresión generalizada e indiscriminada, se reconsiderará la cobertura en este ámbito.

4.- Para aquellas movilizaciones en las que ya exista un equipo jurídico que de cobertura a todas las personas que lo necesiten, esta Comisión no ofrecerá cobertura, salvo en supuestos como las huelgas generales, donde la cobertura existente se circunscribe a las personas pertenecientes a un determinado sindicato/partido.

5.- Los colectivo o asambleas que soliciten cobertura a la Comisión Legal deberán implicarse y colaborar con el trabajo de la misma, bien ayudando a recopilar material audiovisual que pueda servir de prueba, a buscar testigos, difundir comunicados, etc..

6.- En todo caso, la decisión sobre la cobertura a una acción concreta, la tomará, salvo en los casos de urgencia, la asamblea de la Comisión.

Recordamos que la Comisión Legal es un colectivo que se organiza de manera asamblearia, reuniéndose todos los martes en asambleas abiertas en las que puede participar cualquier persona, independientemente de que pertenezca o no al mundo jurídico.

“Sólo la lucha hace Justicia”

COMISIÓN LEGAL 

 

Nueva Sentencia: Delegación de Gobierno vulneró derecho de presunción de inocencia #15-1

Sin título-1

Hoy nos han notificado nueva Sentencia que estima la demanda interpuesta por una sancionada por considerar que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

Dado que se da por acredita la referida vulneración, el Juzgado anula la sanción y no estima necesario pronunciarse sobre el resto de derechos que  la demandante entendía que le habían sido vulnerados.

Sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo nº 1 de Madrid, de 22 de abril de 2014, estima vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

#15-1

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

La Administración vulneró los derechos fundamentales de defensa y a la presuncion de inocencia de un sancionado del 27O #14-1

Esta semana nos han notificado una Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, en el marco de un procedimiento especial de protección dederechos fundamentales, que estima la demanda interpuesta por el sancionado del 27o, por considerar que la sanción vulnera los derechos fundamentales de defensa y a la presunción de inocencia.

En la medida que da por acredita las referidas vulneraciones, la Sentencia no entra a valorar la posible vulneración del derecho de reunión, que también se plantaba en la demanda.

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, de 21 de abril de 2014, estima vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del derecho de defensa

#14-1

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

Dos Sentencias sobre sanciones de Toma el Metro: una de cal y otra de arena #13-1/2

La batalla contra la Burorrepresión continúa.
Tenemos dos sentencias atrasadas que no hemos podido compartir hasta ahora, una perdida (con matices) y otra ganada:

1. El pasado 26 de junio de 2013 os informábamos que el Juzgado Contencioso Administrativo nº 20 de Madrid había estimado la demanda interpuesta contra una sanción del 27 de abril en el marco de la movilización de “Toma el Metro”. La Sentencia estimó que la sanción vulneró el derecho fundamental del demandante a la presunción e inocencia, por lo que se estimaba la demanda sin entrar a valorar la posible vulneración del derecho de reunión que también se planteaba.

La Administración recurrió la referida sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y, durante la tramitación del presente recurso, el Ministro del Interior resolvió el recurso de alzada del sancionado mas de un año después de haberse interpuesto, dándole la razón al sancionado y anulando la multa. El recurso de alzada es el último recurso antes de irse a un procedimiento ante un Juez. En prácticamente la totalidad de casos el recurso de alzada nunca obtiene respuesta, lo que permite, una vez se da el llamado “silencio negativo” (si no te contestan en tres meses, es que no) presentar una demanda ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, pudiendo hacerlo por el procedimiento “normal” o por el “especial” de protección de derechos fundamentales.

Al haberse estimado el recurso de alzada por el Ministro (último responsable de la administración sancionadora) se anulaba la sanción, por lo que el procedimiento judicial carecía de objeto, al no existir ya la multa. Sin embargo, esto no se puso en conocimiento ni del Juzgado ni del TSJ en lo que podría considerarse un presumible fraude procesal por parte de la Administración No obstante, se están estudiando en este momento las acciones que nos asisten para la revocación de la resolución dictada.

A pesar de haberse anulado la sanción, la Sección Primera del TSJ, desconocedora de ello, siguió sus trámites y dictó Sentencia. En ella estima el recurso del Abogado del Estado, declarando la inadmisibilidad de la demanda presentada por entender que se ha utilizado inadecuadamente el procedimiento de protección de derechos fundamentales, ya que lo que se alega en la demanda son meras “cuestiones de legalidad”, alegación con la que estamos absolutamente disconformes y que contradice el sentido de la propia Administración.

Adjuntamos tanto la sentencia dictada por la Sala como la resolución del Ministerio Interior como acreditativo aquí manifestado.
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Sentencia de la Sección 1ª del TSJ, de 20 de febrero de 2014, estima recurso Abogado del Estado

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2. Por otro lado, el pasado 19 de marzo, el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid dictó una nueva Sentencia en la que estimaba la demanda de una persona que fue sancionada con 300.-€ por su participación, nuevamente, en “Toma el Metro”, por lo que se anulaba la sanción impuesta.

Sentencia estimatoria del Juzgado Contencioso-Adminstrativo nº 20 de Madrid, de 19 de febrero 2014.

 

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisin Legal Sol

 

 

 

 

 

Sentencia absolutoria incidentes desahucio #Rociosequeda con Policía Municipal


Sin título-1

El pasado 15 de abril nos fue notificada la Sentencia que absolvía a una manifestante por la falta contra el orden público de la que venía siendo acusada por dos policías municipales.

Los hechos quedaron grabados en el siguiente vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=OI6ed7OhQdc

Aquí puedes descargar la Sentencia: Sentencia absolutoria 15-04-14

La ilustrativa sentencia recuerda dos puntos que todo funcionario de Policía debería conocer sobradamente:

1.- Que es legítimo grabar imágenes de funcionarios de policía actuando en la vía pública:

sentencia munipas2 

2.- Que todo funcionario de Policía, en el momento en el que se excede en sus funciones, pierde la condición y protección que le otorga su condición de agente de la autoridad.

sentencia munipas

“Solo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

Condenado un mando UIP por dos faltas de lesiones en #21vsSareb

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Ayer nos notificaron la siguiente Sentencia por la que se condena a una mando de la UIP por dos faltas de lesiones a sendas multas de 150.-€ (30 días con cuota de 5.-€ diarios por cada falta) y a indemnizar a una de las lesionadas en 480.-€.

El funcionario de policía, según los hechos probados, empujó a una de las manifestantes y cuando otra persona acudió a ayudarla, requiriendo al funcionario policial para que le diese su número de placa, fue golpeado y agarrado por los testículos.

Sentencia condena mando UIP por dos faltas de lesiones 21vsSareb

“Sólo la lucha hace Justicia”

Comisión Legal Sol

“Abogados desinformados” o la ignorancia de la Brigada Provincial de Información.

 Encapuchados

El pasado 9 de marzo de 2014 la agencia Europapress emitía una nota en la que se informaba de que la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional había interpuesto una queja al Colegio de Abogados de Madrid contra tres abogados por recomendar a sus defendidos no declarar en dependencias policiales.

La referida queja se titulaba “ABOGADOS DESINFORMADOS”, y venía a relatar cómo tres abogados, al asistir a tres personas detenidas en el marco de las protestas en apoyo a Gamonal, habían aconsejado a sus defendidos no declarar en Comisaría.

La Brigada Provincial continúa relatando que tras recriminarles su actitud a los referidos letrados, éstos alegaron que la Directiva de la Unión Europea 2013/48, de 22 de octubre de 2013 les permitía dicha actitud, entregando copias de la misma. Se afirma por parte de la Brigada que dicha Directiva aún no es de aplicación en España, y se añade que el art. 520.6 de la LECrim sólo permite la entrevista reservada del Letrado con su defendido una vez prestada la declaración.

Todo ello lleva a la Brigada Provincial de Información a titular la queja “ABOGADOS DESINFORMADOS” y a afirmar al final de la misma que:

Se quiere hacer constar que en las últimas fechas, por cierto colectivo de letrados, suelen ser constantes unos comportamientos inadecuados y de escasa profesionalidad con los funcionarios encargados de la toma de declaración de los atestados tramitados por esta BPI por lo que se solicita de ese Ilustre de abogados de Madrid, transmita las instrucciones perttinentes para que los citados casos no se vuelvan a producir” (Subrayado propio de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional).

Más allá de que, como desgraciadamente viene siendo habitual, la noticia recoja exclusivamente la versión policial, desde la Comisión legal debemos realizar una serie de aclaraciones ante una queja que, sin base legal alguna e ignorando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no hace otra cosa que poner en el punto de mira a “cierto colectivo de abogados” y generar confusión sobre los derechos que tiene toda persona detenida.

Como acertadamente afirma la Brigada, la Directiva de la Unión Europea 2013/48 de 22 de octubre de 2013 aún no es de obligada aplicación en España. En la propia Directiva se da de plazo a los Estados miembros para su aplicación hasta el 27 de noviembre de 2016, lo cual no quiere decir que no se pueda aplicar antes, o que no se pueda hacer una interpretación conforme con esta nueva regulación, razón por la que desde octubre, muchos abogados hayan llevado copias de la misma a Comisaría para informar de su existencia.

Ello no se debe confundir con que el abogado que asiste a una persona detenida pueda o no recomendarle no declarar en Comisaría.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en general, y la Brigada Provincial de Información en particular, deberían conocer que sobre este punto ya se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional, hace nada menos que VEINTISIETE AÑOS, en su Sentencia 196/1987, dictada por el pleno del Tribunal el 11 de diciembre de ese año. Dicha sentencia es muy clara al respecto:

“…en el supuesto de detención en primeras diligencias policiales, constitutiva de una situación jurídica en la que la intervención del Letrado responde a la finalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de asegurar, con su presencia personal, que los derechos constitucionales del detenido sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio, así como sobre su derecho a comprobar, una vez realizados y concluidos con la presencia activa del Letrado, la fidelidad de lo transcrito en el acta de declaración que se le presenta a la firma.”  

A mayor abundamiento, que debería suponer mayor sonrojo a la Brigada Provincial de Información, el Tribunal Constitucional ha continuado pronunciándose en el mismo sentido en sus Sentencias 252/1994, de 19 de septiembre, F. 4;  STC 229/1999, de 13 de diciembre, F. 2 y STC 199/2003, de 10 de noviembre F.4.

Nos produce verdadero pánico y estupor que la Brigada Provincial de Información, que tiene todos los días a personas detenidas bajo su custodia, desconozca o ignore algo que ya dejó claro el Tribunal Constitucional hace VEINTISIETE AÑOS, y que viene repitiendo de forma continuada y sin alterar el criterio.

La BPI no sólo está ignorando jurisprudencia muy antigua, sino que también hace oídos sordos a los continuos y recientes llamamientos de atención que el Tribunal Constitucional realiza para que los derechos del detenido sean respetados.

Resulta por lo tanto que la desinformación de los abogados no era tal, sino que además ha quedado evidenciado que quien desconoce (o ignora) los derechos de las personas detenidas son precisamente aquellos que las tienen bajo su custodia. Escalofrío.

Entendemos que la Policía, más allá de cumplir con los deberes que la función les impone y entre los que se encuentra la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades (Art. 104 de la Constitución española y Art. 1 LO 1/92 de protección de la seguridad ciudadana), debería abstenerse de establecer su propio criterio respecto a la interpretación que ya han hecho el TEDH y el TC  respecto al Derecho Fundamental de Asistencia Letrada al Detenido.

Es nuestro deber y obligación garantizar los derechos de las personas detenidas, y en esa linea seguiremos trabajando, denunciando cualquier práctica que ponga en peligro o menoscabe los mismos.

Por ello, a partir de ahora, además de llevar copias de la Directiva Europea para que se aplique cuanto antes, nos veremos en la obligación de llevar copias de las sentencias del Tribunal Constitucional para informar a la Policía de algo que ya debería conocer de memoria: los derechos de las personas detenidas.

“Cierto colectivo de abogadxs”

Comisión Legal Sol.

“Porque sólo la lucha hace Justicia”.

 

P.D. Artículos y comunicados relacionados:

1. “No declares en Comisaría”, por Eduardo Gómez Cuadrado en Vice: http://www.vice.com/es/read/no-declares-en-comisaria

2. “El derecho de defensa en comisaría”, por Nacho Trillo en La Conquista del derecho: https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/derecho-defensa-comisaria.html

3. Comunicado de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas http://ala.org.es/la-asistencia-letrada-al-detenido-en-comisaria-no-es-mera-presencia-sino-defensa-efectiva/

4. “La Policía sigue entendiendo que ñas comisarías son su coto privado”, noticia en público, por Luis Gimenez san Miguel: http://www.publico.es/508022/la-policia-sigue-entendiendo-que-las-comisarias-son-su-coto-privado